Libertad de reunión consagrada en el nuevo estatuto del estudiante

Nuevas normas de conducta comenzaron a regir esta semana, en los centros de Educación Secundaria y Educación Técnico Profesional (ex UTU). El Consejo Directivo Central (Codicen) aprobó el denominado "Estatuto del Estudiante de Educación Media" y derogó las actas 14 y 62 que hasta el momento regulaban las normas de comportamiento de las instituciones.

Luego de las vacaciones, cada centro educativo deberá establecer sus propias normas de convivencia, teniendo como referencia la nueva reglamentación.

Mientras las anteriores disposiciones consideraban "faltas graves" no asistir a clase sin causa justificada, estando en el local, la nueva normativa permite realizar asambleas en los locales educativos. Por otra parte, se eliminó el carácter de "falta muy grave" a las ocupaciones de centros educativos.

Hasta el momento, el director de cada local de enseñanza era el responsable de evaluar y aplicar sanciones. El nuevo estatuto establece la conformación de un Consejo Asesor Pedagógico (CAP) para que estudie las faltas de conducta de los educandos y asesore al director en la materia.

Tal como lo presentó ayer el presidente de Codicen, Luis Yarzábal, el nuevo estatuto fue elaborado por las autoridades de la enseñanza, en base a contribuciones realizadas por las Asambleas Técnico Docentes (ATD). Se indicó que también se consultó a estudiantes de Enseñanza Media.

"Otro elemento destacable de esta nueva normativa es que ella tiende a presentar a la vez, los derechos y responsabilidades de los estudiantes de nivel medio. Esto forma parte de una concepción pedagógica del Codicen actual que entiende que se debe tratar de conducir las relaciones entre aquellos que participan del proceso educativo con base en el diálogo, respeto de los derechos humanos y en el respeto de los derechos del niño y el adolescente", destacó el jerarca.

Según Yarzábal, en caso de posibles ocupaciones "se apostará al diálogo, tratando de hacer cumplir los los derechos de los estudiantes a cumplir su tarea vinculada con el estudio, se tendrá en cuenta que no se pierdan días de clase y se apelará a la consulta con el Consejo Asesor Pedagógico, figura que intermediará en una situación de esa naturaleza".

En caso de que sea necesario adoptar medidas correctivas, será éste órgano el encargado de evaluarlas. El presidente de Codicen, indicó que si bien las nuevas disposiciones no se basan en las sanciones, cabe la posibilidad que se apliquen, tal como hasta el momento.

NUEVO ORGANO. El Consejo Asesor Pedagógico quedará instalado en el transcurso de primer mes de cada año lectivo. Yarzábal estimó que antes de un mes comenzará a funcionar el nuevo órgano en cada centro educativo. El mismo estará integrado por tres miembros docentes: uno elegido por el director, otro por los profesores y un tercero por los alumnos.

El CAP será convocado por la dirección del centro educativo por su propia iniciativa o ante petición de uno de sus integrantes. Asimismo, deberá realizar, por lo menos, una reunión ordinaria mensual para considerar la situación del centro y el comportamiento de los estudiantes. En las reuniones participará el director, con voz pero sin voto.

Los cometidos de este Consejo será actuar como órgano de consulta y opinión de la dirección sobre aspectos del comportamiento de los educandos.

Según la nueva normativa, deberá realizar un seguimiento de los alumnos, cuando corresponda, así como "reconocer expresamente la actuación de los educandos que se hayan destacado por su escolaridad dentro y fuera del contexto del respectivo centro o por una conducta humana ejemplar".

El consejo estudiará los casos de conductas estudiantiles que impliquen incumplimiento de las responsabilidades y normas disciplinarias. La nueva normativa establece además de qué manera se realizará la recepción de prueba testimonial, en caso que se deba realizar una investigación dentro del centro.

Por otra parte, establece que la dirección del centro podrá suspender preventivamente al estudiante en los casos en que la conducta en la que haya incurrido fuere grave o sus asistencia sea perjudicial para el desarrollo de las actividades educativas.

En estos casos el director podrá disponer la suspensión por un plazo de hasta 10 días hábiles que podrá implicar la prohibición de ingreso del estudiante el centro.

ASAMBLEAS Y FALTAS. En este marco los jóvenes tienen derecho a la libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas, sin temor a sanciones. Las asambleas y demás actividades gremiales de los estudiantes en los locales educativos deberán ser autorizadas por la dirección, la que debe ser avisada, por lo menos, con un día de anticipación. En dichas actividades sólo podrán participar educandos del centro y deberán permitir a las autoridades el ejercicio de sus funciones.

En los centros se permitirá colgar carteleras a fin de incluir convocatorias, resoluciones y otros documentos de las organizaciones estudiantiles, sin perjuicio de las que existan para comunicaciones de las autoridades respectivas o de organizaciones docentes.

Según el artículo que establece las faltas de los estudiantes, las medidas disciplinarias o correctivos por incumplimiento de las responsabilidades de los educandos son los siguientes: observación verbal, observación escrita con anotación en la ficha estudiantil, cumplimiento de actividades alternativas o tareas comunitarias, suspensión por hasta un año, con o sin prohibición de rendir exámenes en calidad de libre.

Cuando un educando registre más de dos observaciones verbales o retiros de aula, se procederá a realizar la comunicación escrita a sus representantes legales, salvo si tuviese 18 años de edad, en cuyo caso se le notificará personalmente.

Algunos estudiantes de liceo consultados por El País indicaron que si bien no conocen la nueva normativa sobre comportamiento en los centros de estudio, sí estaban enterados de la derogación del acta 14. Manifestaron que éste pedido de los estudiantes, hoy tenido en cuenta por las autoridades educativas, motivó en los últimos años varias movilizaciones. El rechazo de los estudiantes se debía principalmente, a la imposibilidad de agremiarse dentro de los centros educativos.

Federico, de 5º de liceo Dámaso Antonio Larrañaga indicó que se trataba de "actas represivas que coartaban la posibilidad de agruparse en el liceo".

Por su parte, Juan de 6º del Bauzá e integrante de la Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria y UTU (Fenesu) indicó que "si bien los estudiantes no fuimos convocados para redactar el nuevo estatuto, nos parece bien que se derogue el acta". Según el estudiante, "eso era lo que buscábamos en las movilizaciones. El acta 14 nos cortaba la posibilidad de agremiación".

Manuel, alumno de 5º del IAVA reconoció que conoce "a grandes rasgos" la normativa que regía hasta el momento. Manifestó que, de todas maneras, no le interesa reunirse en el liceo,"ni militar por las mejoras de una educación que en definitiva no aprovechan".

Recién egresado del Instituto Tecnológico Superior de UTU, Nelson consideró que la nueva normativa contempla derechos que antes no eran tenidos en cuenta, tal como es el caso a la realización de asambleas.

"Hasta ahora, en algunos centros igual se hacían reuniones dentro del liceo y cada vez que nos venían con el cuco del acta 14 amenazábamos con movilizarnos y mal o bien nos dejaban un rato", comentó el ex alumno de UTU.

Además del anuncio respecto a la nueva normativa de los centros educativos, el presidente de Codicen, Luis Yarzábal informó ayer sobre otras dos resoluciones de Codicen, adoptadas en los últimos días.

Explicó que, en el marco del proyecto de presupuesto que elabora el organismo se impulsará la financiación de la cuota mutual para los funcionarios de la ANEP que todavía no disponen de ella. Aún se encuentran relevando datos, de manera de determinar la cantidad de futuros beneficiarios.

Yarzábal, anunció además la modificación del reglamento de concursos de la ANEP. Los tribunales pasarán a estar integrados por tres miembros, se le otorgarán "derechos plenos" al miembro delegado de los concursantes y se le quitará el carácter eliminatorio a cada prueba, de manera que los docentes podrán pasar por todas las instancias del concurso.

Se trata de dos reclamos que los docentes venían realizando desde hace varios años.

El capítulo IV establece las responsabilidades que tienen los estudiantes. Indica que éstos deben abstenerse de hechos de violencia y provocaciones e incitaciones a la violencia, así también de conductas o uso de términos injuriosos.

Deberán abstenerse de ingresar armas o instrumentos que puedan dañar la integridad física de las personas, a los locales.

Tampoco podrán ingresar sustancias psicoactivas y psicofármacos (alcohol, drogas, barbitúricos, inhalantes, etc) que puedan producir efectos tóxicos.

Los estudiantes deberán abstenerse de realizar actividades proselitistas, político-partidarias, religioso-confesionales o sectarias de cualquier especie, violatorias de la laicidad de la enseñanza pública.

No estará permitido introducir revistas, láminas, publicaciones de carácter pornográfico.

Establece que no se podrán dañar efectos personales de compañeros y funcionarios.

También deberán abstenerse de escribir leyendas o dibujos en los muros, paredes, muebles u otros bienes del centro.