El Parlamento aprobó sólo tres leyes en cuatro meses

DANIEL ISGLEAS

Cuatro meses después de su inicio, el funcionamiento del Poder Legislativo desde el punto de vista de la sanción de leyes aparece aletargado por dos factores coincidentes: la falta de impulso a las iniciativas del Poder Ejecutivo y la ausencia casi total de proyectos por parte de la bancada oficialista.

Hasta ahora, el Senado y la Cámara de Representantes han aprobado tres leyes significativas y con peso político específico, como son la capitalización de las cooperativas de ahorro y crédito, el establecimiento del Ministerio de Desarrollo Social y la creación del Plan de Emergencia con el ingreso ciudadano.

La bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM), compuesta por 52 diputados y 16 senadores más el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, es decir un cuerpo de 79 legisladores en total, no ha utilizado hasta ahora su crédito como mayoría absoluta en ambas ramas del Poder Legislativo para impulsar leyes, sea a requerimiento del Poder Ejecutivo o por iniciativa propia.

Como contracara, el EP-FA-NM corre en franca desventaja al comparárselo con la bancada del Partido Nacional, la principal fuerza de oposición, que ha hecho el gasto sometiendo a consideración decenas de proyectos de ley que se encuentran a estudio de las comisiones del Senado y Diputados.

Hay que tener en cuenta dos factores que conspiran contra la voluntad de trabajar en la redacción e impulso a las leyes: la ausencia de decenas de legisladores titulares durante varias semanas debido a la campaña por las elecciones departamentales, y los continuos informes de ministros a las comisiones, como los casos de Reinaldo Gargano, María Julia Muñoz, Jorge Lepra, Danilo Astori, Marina Arismendi y José Díaz, por nombrar a algunos. Eso ha hecho que los legisladores hayan tenido poco tiempo efectivo de análisis de proyectos de ley.

COMPROMISOS. En las comisiones del Senado, hay algunas iniciativas significativas propuestas por el Poder Ejecutivo —y que en algunos casos constituyen anuncios de campaña electoral—que no han sido aprobadas, como por ejemplo los proyectos sobre cooperación energética entre Uruguay y Venezuela, y la creación de un régimen de voluntariado social donde participarán Organizaciones No Gubernamentales y particulares.

En Diputados figuran varios proyectos presentados por la izquierda en sus épocas de oposición, reflotados este año, pero que tampoco consiguen un lugar en la lista de asuntos a ser votados por el plenario. Pero más allá de eso, desde que se inició esta legislatura cuatro meses atrás con la izquierda con mayoría absoluta, son contados los proyectos de ley puestos por ellos arriba de la mesa. Uno de ellos es el de protección y promoción de la libertad sindical.

Los nacionalistas sí han presentado varios proyectos de ley que también están pendientes de aprobación, pero fuentes partidarias reconocieron a El País que "el gobierno" son "ellos", en alusión a la bancada de izquierda, y la responsabilidad del Partido Nacional como oposición queda "a salvo". Entre esos proyectos están el que reglamenta los cargos de confianza en el Servicio Exterior, la creación de un registro de discapacitados motrices, la regulación de las entidades administradoras de bases de datos, la reducción de los directorios de varios entes autónomos, la creación de una oficina de enlace entre el Parlamento y las Fuerzas Armadas, la obtención de recursos para repoblar la zona rural por medio del Instituto Nacional de Colonización (INC), la modificación del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales (ITP), creación de un régimen de consorcios de exportación, el beneficio de prima por edad para cerca de 70.000 pasivos, o la creación de la Defensoría del pueblo de la Nación.

En el Senado como también en Diputados hay varias comisiones sin asuntos para tratar y solamente en la de Salud Pública de la Cámara alta, de los cuatro proyectos de ley a estudio, hay dos que resultaron presentados por senadores del oficialismo.

La creación del Consejo de Economía Nacional, la ratificación del tratado de protección de inversiones entre nuestro país y Estados Unidos, y una ley sobre arbitraje comercial internacional, son algunos de los asuntos más relevantes que interesan vivamente al gobierno y, sin embargo, aguardan en carpeta una definición del Parlamento.

Sobre el tratado de inversiones, como se sabe, hay una creciente controversia en la propia bancada del oficialismo.