Desde la izquierda impulsan nueva ley de radiodifusión para este año

En momentos que desde la izquierda se promueve una nueva ley de radiodifusión que deje sin efecto los "monopolios" y "oligopolios", representantes de emisoras de todo el país aseguraron en el Parlamento que en Uruguay no existe una concentración de medios y que los mismos pertenecen a distintos propietaros.

Desde el oficialismo se impulsan cambios legales para fines de este año, que incluyen modificaciones a normas de prensa y a la distribución de la publicidad oficial (ver nota aparte).

Las propuestas sobre una "reforma integral de la legislación de radiodifusión" están incluidas en el libro "Dossier información, comunicación y medios. Recursos para algunos de los temas claves que tendrá en agenda el gobierno progresista en Uruguay", elaborado por Gustavo Gómez.

El estudio, de la Fundación Ebert Stiftung y el Centro de Competencia en Comunicación para América Latina incluye "temas que estarán en la agenda" de la administración del presidente Tabaré Vázquez. El libro está siendo distribuido por el gobierno.

El texto, de 512 páginas, incluye las propuestas, los documentos programáticos de la izquierda difundidos durante la campaña electoral por unidades temáticas, las leyes vigentes en materia de prensa en Uruguay y en el mundo, y fallos referentes a ese tema en distintos países.

REFORMA. De acuerdo al libro, en la agenda del gobierno está la necesidad de una "reforma integral de la ley de radiodifusión", tal como lo anunció durante la campaña el presidente Vázquez.

En el texto se cuestiona la "discrecionalidad" con la que se adjudicaron frecuencias y la "concentración de la propiedad" de los medios.

Por eso, se establece que se debe promover una ley de radiodifusión, que de acuerdo a un documento de la Unidad Temático del Frente Amplio, que debe ser sancionada "hacia fines de 2005, a más tardar".

Esa norma, agrega el texto, debe considerar especialmente: la "debilidad del Estado"; y la "centralización" de la producción privada —que se debe a que "tres grupos económicos controlan gran parte de la televisión abierta y para abonados y se ramifican tanto hacia el sector radio como el de prensa escrita".

Con respecto a la publicidad oficial, se sostiene que la misma debe ser distribuida con criterios técnicos y que al igual que las ondas de radio no debe ser concedida por razones políticas.

También destaca la necesidad de tener una "pluralidad de medios", "transparencia en la información pública" que permita un fácil acceso, y la aprobación de una "legislación contra monopolios u oligopolios".

Además, considera necesaria una mayor "producción nacional y regional", la fijación de topes para las inversiones extranjeras en medios locales y que se garantice la libertad de prensa y de expresión.

PLANTEOS. El martes 14, concurrió a la Comisión de Defensa de Diputados una delegación de la Asociación Nacional de Broadcasters (Andebu), donde el secretario general, Pedro Abuchalja, se refirió a las dificultades publicitarias actuales y a la retracción de la estatal, en momentos que en el país hay 650 medios.

También destacó que "Uruguay es un país abierto" idea que justificó en que los políticos de izquierda "han sido muy bien recibidos en todos los medios de comunicación".

El presidente de la comisión, el diputado Luis Rosadilla (MPP), dijo entonces que a pesar de la "infinidad de medios", esas empresas "están en las mismas manos".

Abuchalja respondió: "en general se ha creído que los Romay, los De Feo o los Scheck se han adueñado de las comunicaciones de este país", lo que desestimó. "Los 650 medios no pertenecen a las familias mencionadas", agregó.

Posteriormente, ingresó a la comisión una delegación de la Asociación de Radios del Interior (RAMI), donde su secretario general, Winston Elutchanz indicó que "no harían falta más medios" porque en todas las localidades hay varios, y en ellos "cualquier puede manifestar ampliamente sus inquietudes políticas, culturales o religiosas".

Por su parte, el Dr. González Samudio, dijo que los 230 medios que hay en el interior pertenecen a "diferentes 230 familias o sociedades", lo que muestra que no hay una "concentración" y al mismo tiempo otorga "independencia económica" y "diversidad cultural y filosófica".

El texto difundido por el gobierno establece que deberían "establecerse plazos para la revocación de permisos de radio y televisión abierta".

Establece, además, que las renovaciones de los permisos existentes deben hacerse "en audiencias públicas y sujetas a criterios de evaluación".

Con respecto a la concentración de medios, en el texto se cita un documento del Frente Amplio, en el que seestablece que el gobierno deberá promover la libre competencia y desfavorecer la formación de monopolios y oligopolios.

Para eso, en el documento se sugiere utilizar la definición de grupo económico prevista por el Banco Central.

También promueve una revisión de la ley de prensa para eliminar las "barreras" de la libertad de expresión porque estima que son mejores los "posibles excesos de la prensa". Además, promueve la despenalización de la difamación y la derogación del delito de desacato.

En lo que tiene que ver con el acceso a la información, se espera una "nueva ley" que lo garantice y con respecto a los medios estatales promueve una revisión de las funciones de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y una mayor participación ciudadana.