Debaten los caminos para la anulación de indultos

BS AS | LA NACION/GDA y EFE

El debate sobre la posibilidad de anular los indultos que favorecieron a los jerarcas de la última dictadura militar, que recobró actualidad esta semana a partir de la anulación de las leyes de obediencia debida y de punto final dispuesta por la Corte Suprema, continuó ayer tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Congreso.

En la mañana, el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, aseguró que el camino judicial es el "más idóneo, y el "más seguro y definitivo" para lograr la anulación de los indultos, que fueron decretados en 1989 y 1990 durante la administracion de Carlos Menem.

De todos modos, explicó que las vías para avanzar sobre esas normas, a las que el gobierno considera inconstitucionales, están siendo "objeto de análisis del Poder Ejecutivo", luego de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida dispuesta el martes por la Corte Suprema de Justicia.

"De los tres caminos posibles (para la anulación de los indultos) el más viable y, sobre todo, el más seguro y más definitivo, a partir de una decisión política de descalificar los indultos para los delitos de lesa humanidad, me parece que es el camino judicial", planteó Rosatti, quien señaló que de ese modo se llegaría a "una resolución definitiva en este punto".

Las declaraciones del titular de la cartera de Justicia dejan clara la posición del Gobierno respecto al tema, después que desde distintos ámbitos —incluido el titular del Ejército, Roberto Bendini— plantearan la necesidad de avanzar sobre este asunto de la misma manera en que se lo hizo sobre las leyes de impunidad.

El miércoles tanto el jefe del Ejército como el ministro de Defensa, José Pampuro, ya se habían expresado en favor de derogar los indultos.

OBLIGADOS. Sin embargo, ayer, la diputada Patricia Walsh (Izquierda Unida) impulsaba la realización de una sesión especial para el próximo martes, a fin de derogar los decretos de indulto.

"Tenemos la obligación de resolver la cuestión porque si no van a ser condenados los niveles intermedios e inferiores y los niveles máximos continuarán indultados", argumentó Walsh, quien años atrás fue punta de lanza en la Cámara de Diputados para que se derogaran las leyes del perdón, lo cual finalmente ocurrió en agosto de 2003. La diputada hace tiempo viene solicitando sesiones especiales para tratar —hasta ahora sin éxito— la derogación de los indultos; el último de esos intentos fue el 24 de mayo, y fracasó por la ausencia masiva de los bloques del PJ y la UCR.

La discusión sobre esta anulación fue impulsada por el ex presidente Raúl Alfonsín, en cuyo gobierno se aprobaron las "leyes del perdón" en 1986 y 1987.

Al celebrar el martes la decisión de la Corte Suprema de declararlas inconstitucionales, Alfonsín opinó que el paso que debería seguir es la anulación de los indultos, cuya validez ya ha sido objetada por instancias judiciales inferiores. El ex presidente señaló que a pesar de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes "la cuestión sufre aún de una evidente renquera, debido a que permanecen incólumes los indultos aplicados por el presidente Carlos Menem".

Por su parte, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, afirmó ayer que la Justicia debería revisar "todo" lo dictado en los indultos que firmó el ex presidente Carlos Menem y que beneficiaron tanto a ex jerarcas militares como a ex jefes guerrilleros.

El jefe de Gabinete afirmó que no hay ningún proyecto en estudio para derogar los decretos, que beneficiaron a 289 personas, entre condenados y procesados. "Fue una medida que merece toda la condena moral, pero resultaría muy complejo promover la inconstitucionalidad. No sé si jurídicamente es factible", dijo Fernández.

La política de "pacificación nacional" del ex presidente Carlos Menem tuvo su primer acto el 30 de octubre de 1989, en el sexto aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura militar.

La justicia había enjuiciado y condenado en 1985, a los ex comandantes de las juntas militares por la represión ilegal.

En ese marco, buscando cerrar las heridas de la dictadura y citando explícitamente como modelo el caso uruguayo, Menem dictó cinco decretos con indultos que fueron difundidos el 7 de octubre de 1989: estaban incluidos 277 personas, entre militares procesados por violaciones de los derechos humanos y civiles acusados de terrorismo.

El 29 de diciembre de 1990, Menem decretó otros indultos, esta vez para los condenados en el juicio a las juntas (gobiernos del período). También benefició al general Carlos Suárez Mason y al jefe montonero Mario Firmenich.

Sin embargo, los miembros de las juntas que siguen con vida volvieron a ser procesados y arrestados por otras causas en los últimos años. Hasta el mes pasado, 14 ex militares que integraban la lista de los indultos de Menem quedaron detenidos en causas por apropiación de bebés o por la desaparición forzada de personas. Con la derogación de las leyes exculpatorias, casi no quedan represores que puedan escudarse en los indultos.

En el caso de los guerrilleros sería improbable la reapertura de sus causas aunque se anulara el indulto: los delitos por los que se los acusa no entran en la categoría de "lesa humanidad" (imprescriptibles) como sí ocurre con la desaparición de personas y la apropiación de menores.