Cónclave de gobierno para fijar agenda del Mercosur

El gobierno tiene previsto tomarse "muy en serio" la presidencia uruguaya del Mercosur que comenzará a partir de la inminente cumbre presidencial de Asunción y ayer por la tarde en una reunión de una hora que se realizó en Cancillería con la presencia del ministro de Economía, Danilo Astori, del canciller, Reinaldo Gargano, del de Ganadería, José Mujica, del subsecretario de Industria, Martín Ponce, del presidente del Banco Central, Walter Cancela, el vicepresidente, César Failache, el director de la Asesoría Macroeconómica, Fernando Lorenzo y el director de Planeamiento, Carlos Viera, se acordó presentar un "frente unido" con "posiciones claras", dijeron fuentes que participaron del encuentro.

"Lo bueno fue la realización de la reunión para coordinar. En el Mercosur más que inventar cosas nuevas hay que procurar que las que existen funcionen", dijo una fuente. En el encuentro, en el que realizó una exposición Gargano, se mencionaron "los tropiezos" del Mercosur y se anunció la intencion de revitalizar la Comisión Sectorial del Mercosur como forma de involucrar a la sociedad civil. También se marcó como pauta de trabajo que el Mercosur es prioridad pero no debe quitar a Uruguay la posibilidad de negociar otros acuerdos comerciales.

Astori consideró en una reciente entrevista con El País que el proyecto de integración regional está en su peor momento porque sus miembros no han coordinado sus políticas macroeconómicas y porque no existen organismos supranacionales.

LA AGENDA URUGUAYA. Uruguay tiene como prioridad seguir avanzando en la definición de un cronograma para evitar el doble cobro del Arancel Externo Común, dijo a El País el director de Integración y Mercosur de la Cancillería, Carlos Amorim. Ese doble cobro supone que un bien que entra al Mercosur y tributa el Arancel Externo Común, vuelve a pagarlo cuando pasa de un miembro del bloque a otro. Esto, considera Uruguay, atenta contra la posibilidad de atraer inversión extranjera.

Por otra parte, en la reunión estará sobre la mesa el álgido tema de las salvaguardas que pretenden imponer Argentina y Paraguay. Las salvaguardas podría aplicarlas un país cuando las importaciones desde un socio de determinado producto se incrementan en forma que se considera desmedida. Planteadas originalmente en Argentina en 2004 y retomadas ahora por Paraguay, Brasil y Uruguay han considerado que atentan contra el libre comercio que debería existir en el Mercosur.

"Las salvaguardas existieron para el período de transición al abatimiento de aranceles que terminó hace bastante. Es un tema que no es sencillo y que tiene implicancias jurídicas importantes. Hay ya demasiadas restricciones (al comercio) y esta sería otra que se sumaría", comentó Amorim.

FONDO ESTRUCTURAL. Por otra parte, en la cumbre a realizarse el 20 de junio se echará finalmente a andar el fondo "estructural" con el que se pretende corregir las asimetrías dentro del bloque y financiar obras de infraestructura. Estará dotado en una primera etapa con U$S 90 millones, monto del cual Uruguay aportará seguramente no más del 2%.

A Brasil le correspondería aportar el 70% del monto del fondo estructural, a Argentina el 27%, a Uruguay el 2% y a Paraguay el 1%. Amorim consideró positiva la creación del fondo aunque admite que administrará montos exiguos, considerando las necesidades que la región tiene planteadas. La definición de los aportes de cada uno de los países y el tope del monto que cada uno puede recibir se producirá esta semana en reuniones preparatorias que se realizarán en Asunción.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería está evaluando ampliar la aplicación de derechos específicos a más productos afectados por la competencia de las importaciones realizadas desde las provincias argentinas de San Luis, Catamarca, San Juan y La Rioja. Esto se debe a que las tratativas con el gobierno de la vecina orilla para procurar el desmantelamiento de los subsidios y apoyos que aquellas provincias brindan no han dado resultado, adelantó a El País el director de Industria, Miguel Mariatti.

También se piensa en prorrogar la vigencia de los que ya están implantados.

El jerarca dijo que entre 12 y 15 empresas uruguayas son las que aparecen como más perjudicadas y con ellas es que la dirección está manteniendo encuentros y pidiendo ampliación de datos.

Algunas de las empresas están pidiendo al gobierno medidas que supongan una reparación retroactiva por los daños que generaron las empresas de esas provincias- que comenzaron hace varios años- lo cual es prácticamente imposible de instrumentar, explicó Mariatti.

Reconoció también que el gobierno argentino ha reconocido que no puede incidir prácticamente sobre los regímenes provinciales.

El gobierno uruguayo considera "muy interesante" la posibilidad de que se construya un gasoducto entre Perú y Argentina con participación además de Chile, Brasil y Uruguay y está alentado por la velocidad que el proyecto parece tener ya que estaría terminado en 2 años, dijo a El País el ministro de Industria, Jorge Lepra, que participó del encuentro en Lima con el presidente incaico, Alejandro Toledo, en el que se definieron las grandes líneas del proyecto. No se ha hablado aún de la eventual participación uruguaya en el financiamiento.