DGI busca flexibilizar el secreto bancario

La Dirección General Impositiva (DGI) estudia fórmulas para flexibilizar el secreto bancario para la administración tributaria y diseña un sistema común de calificación de empresas junto al resto de las oficinas recaudadoras del Estado.

Fuentes de Impositiva dijeron a El País que dentro del proyecto de modernización de la DGI se están definiendo los mecanismos para que la repartición pueda acceder a información bajo secreto bancario.

Hoy habrá una nueva reunión de coordinación entre la DGI, la Dirección Nacional de Aduanas, el Banco de Previsión Social y la Inspección General de Trabajo para acentuar la coordinación y el cruce de datos.

El encuentro se da mientras en las tres oficinas recaudadoras se encuentran técnicos del Fondo Monetario Internacional en la primera fase de un trabajo de asistencia técnica.

Se trabaja en la creación de una calificación común de empresas de acuerdo al riesgo de incumplimiento que tienen. Estos indicadores "de alerta" surgirán del cruzamiento de datos entre las distintas oficinas. De acuerdo a la categoría en que esté la empresa, se dispondrá un tipo de fiscalización conjunta, dijeron las fuentes de DGI.

La Impositiva estudia la conveniencia de enviar notas a los contribuyentes que presenten altos "indicios de riesgo" sobre su grado de cumplimiento de los tributos. "En base al entrecruzamiento de datos se elaborarán indicadores de riesgo con los que podemos adelantarnos enviando notas a los contribuyentes", dijo una fuente de la repartición. En tanto en la DGI continúan los pasos para poner en funcionamiento la Auditoría Interna —a cargo del ex juez penal Alberto Miguel Basil— y la redacción del código de ética para los funcionarios. Se tomará como base el decreto que marca las líneas de conducta a los funcionarios públicos que fue aprobado en 2003 y se "introducirán" ajustes de acuerdo a la nueva estructura y funcionamiento de la dirección.

Los informantes agregaron que la auditoría interna no sólo controlará que los funcionarios respeten la incompatibilidad y dedicación exclusiva sino que también "revisará" los mecanismos de control y fiscalización, dijeron las fuentes.

El cobro del Impuesto al Patrimonio a los activos de los fondos de liquidación tiene en vilo a los mayores ahorristas y tenedores de eurobonos de los bancos quebrados.

Integrantes de la comisión de ahorristas y eurobonistas iniciaron consultas con las nuevas autoridades de los fondos y con el Directorio del Banco Central al considerar que el cobro del Impuesto al Patrimonio "es confiscatorio".

El expediente sobre el cobro del impuesto había llegado al anterior coordinador de los fondos, José Antonio Licandro, que fue sustituido esta semana por el Directorio del BCU.

Los inversionistas dijeron a El País que tienen dudas sobre qué activos se tomarán para calcular el cobro del impuesto.