Campaña de firmas buscará que España ratifique Tratado de 1870

Una comisión de familiares de inmigrantes radicados en España saldrán a juntar firmas para que el gobierno de Rodríguez Zapatero considere validar el Tratado de Amistad suscrito en 1870, el cual establecía libre circulación de personas entre ambos países.

La campaña de firmas no tiene plazo establecido pero los plazos hacen probable que la comisión aproveche la llegada del canciller español Miguel Angel Moratinos el 27 de julio próximo para entregar las papeletas de adhesión al petitorio. Se haría en el marco de una marcha de protesta en Montevideo, dijo Manuel Cabrera, representante local de la Casa Uruguay-Madrid, la mayor institución de inmigrantes.

Moratinos vendrá a conversar con el gobierno, entre otros temas, el problema de los inmigrantes, anunció ayer su par uruguayo, Reinaldo Gargano.

Hasta el momento hay 54 compatriotas con cedulones de expulsión al haber sido rechazados sobre la base del plan de regularización establecido en la nueva Ley de Extranjería. Además, más de 20 viajeros fueron devueltos al país en las últimas semanas por no contar con los requisitos exigidos por España para el ingreso al país como turista.

Como muestra de la preocupación que genera el asunto, mañana jueves la comisión de familiares de uruguayos en España realizará a las 19:30 horas un foro en la Biblioteca Nacional para analizar la tensa situación.

El encuentro está organizado por la Asociación de Padres con hijos en el extranjero, Red Diáspora y la ONG Idas y Vueltas, todas especializadas en el problema inmigratorio. Allí se decidirá un paquete de movilizaciones en coordinación con todas las comunidades de uruguayos en todo el mundo, dijo Cabrera representante en Montevideo de la Casa-Uruguay Madrid.

En conferencia de prensa desarrollada ayer, Cabrera dijo que la única salida es la movilización popular, más allá de la firme posición adoptada por el gobierno uruguayo. "No basta con denunciarlo a voces", comentó.

BOCA CERRADA. La preocupación por la situación entre España y Uruguay llegó al máximo nivel. El canciller Reinaldo Gargano dijo estar "muy mal" y aludió a los nueve años que vivió en territorio español.

Gargano dijo que los controles migratorios se realizan con "tal dureza y extremismo que generan psicosis social" entre los viajeros uruguayos. "La gente llama al ministerio para ver si no le podemos dar un papel que acredite que no van a trabajar. Es gente que tiene 65 años. Me sonrío, porque si asustan a esa gente qué no hará con los jóvenes turistas. Al final (la medida) se les volverá en contra porque se les cortará una corriente turística muy importante", dijo el canciller en el programa de radio "Tiempo Presente".

Sin embargo, Gargano llamó a la población a "no tomar posiciones de venganza" contra los españoles radicados en Uruguay. "Vamos a parar la mano. La actitud de un anormal es decir "vamos a darle a los españoles el mismo trato que nos están dando a nosotros".

Para el canciller uruguayo el problema se termina si el Tribunal Supremo español ratifica el derecho de vigencia del Tratado de 1870, a partir de una veintena de fallos en primera instancia en favor inmigrantes uruguayos. El trámite se encuentra en curso de apelación por parte del Estado español.

Acá en Uruguay, ni la Embajada de España ni el Consulado hacen declaraciones oficiales sobre el conflicto. El País quiso comunicarse con el cónsul Boné, pero la funcionaria que atendió el teléfono dijo que "el tema llegó a un nivel tan alto que no están autorizados a realizar declaraciones".

El Embajador español Fernando Valderrama fue llamado ayer por la comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, pero faltó a la cita.

Actualmente hay entre 15 y 20 uruguayos que lograron permanecer en España por el Tratado de 1870, que establece que los nacionales de Uruguay y España tienen libertad de ejercer sus profesiones y oficios en ambos países.

Daniel Caserta, de la Casa Uruguay en Madrid, dijo que el Estado español no cumple con el tratado y que todos esos casos son el resultado de distintas acciones judiciales. "Los únicos que respetan el tratado son los jueces", agregó.

El 31 de enero de 2005, en Palma de Mallorca, salió una de las más recientes sentencias a favor de un uruguayo. Después hubo otro fallo favorable en Girona, en Catalunya. Daniel Estín, un uruguayo que vive en Barcelona, dijo que éste último fue el caso de una uruguaya que consiguió frenar la expulsión del país tras apelar la decisión del gobierno español.

Además, también se conocen sentencias a favor de uruguayos en Elche, Pontevedra, Valencia y Alicante.

Según representantes de Casa Uruguay, solo iniciar un trámite judicial de este tipo cuesta 600 euros. Su duración puede llegar entre tres y cuatro años y tener un costo total de tres mil euros, informaron ayer en la sede de Ascot. Nada asegura que antes la Policía Migratoria lo expulse del país.

Este sábado, unas 15 asociaciones de uruguayos que residen en España se reunirán con Alvaro Portillo de la Cancillería, quien les informará sobre la política consular y las medidas que tomará el gobierno respecto al Tratado de 1870.

Otro destino elegido por los uruguayos es Estados Unidos. Fuentes de la Embajada dijeron que se reciben unas 30.000 solicitudes de visas por año, de las cuales el 20% son rechazadas por no cumplir algunas de las exigencias del permiso.

Según dice el sitio visas.com.uy, del consulado estadounidense, los rechazos en los aeropuertos pueden producirse cuando el inspector de inmigración sospecha que el verdadero propósito de la persona que viaja es obtener empleo sin autorización legal. También se le puede negar el ingreso a ese país a las personas que pasaron su máximo de estadía en un viaje anterior.

Para conseguir una visa, un uruguayo deberá pedir una entrevista en el consulado, llenar los formularios correspondientes, pagar una tarifa de 2.700 pesos y concurrir a la sede diplomática.