Amnistía Internacional planteará preocupación al gobierno de Vázquez

| Según el consejero jurídico de la organización, Hugo Relva "no hemos constatado ningún hecho relevante de avance" en el tema de Derechos Humanos en lo que va del gobierno de izquierda.

Montevideo - Amnistía Internacional expresará al gobierno del presidente Tabaré Vázquez su preocupación por la aplicación en la legislación nacional de normas internacionales sobre derechos humanos, declaró a la AFP el consejero jurídico de la organización, el argentino Hugo Relva.

Desde la asunción del nuevo gobierno, el pasado 1 de marzo, "no hemos constatado ningún hecho relevante de avance en este tema", dijo Relva.

El consejero informó que el 28 de marzo Amnistía Internacional recordó por carta a Vázquez las obligaciones contraídas por Uruguay de internalizar, mediante leyes nacionales, los tratados sobre la Corte Penal Internacional, Desapariciones Forzadas, Torturas, malos tratos y condiciones carcelarias.

"Ratificar un tratado es muy abstracto. Habilita a reclamar la aplicación de los derechos, pero no asegura la punición a los violadores de esos derechos, porque a nivel nacional no se tipifican esos delitos, por eso la aplicación de los convenios internacionales debe realizarse a través de leyes específicas", explicó.

El Código Penal no tipifica los crímenes de guerra, genocidio y desaparición forzada, y además, en opinión de Relva, la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que perdonó a criminales de lesa humanidad durante la dictadura militar (1973-85), "contraría la legislación internacional".

Los juicios a los sospechosos de cometer esos crímenes deben hacerse en base a delitos similares contenidos en el Código, que normalmente son prescriptibles, reconocen amnistías, y están sujetos a la territorialidad, mientras que en los tratados no prescriben, no son aministiables y no tienen límitación territorial.

La preocupación de Amnistía se centra en la internalización de convenios penales internacionales, que sirvan para el futuro, pero también -en cuanto al pasado- incluye la aclaración de desapariciones forzadas durante la dictadura, extradiciones a criminales de lesa humanidad, y otras acciones que admite la Ley de Caducidad, pero cuyos procesos judiciales están demorados.

"Tiene que haber concordancia entre las declaraciones públicas y los hechos", proclamó Relva, en alusión a los anuncios de Vázquez al inicio de su mandato de avanzar en la defensa de los derechos humanos.

AFP

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