Los primeros cien días

Los primeros cien días de gobierno se cumplieron en medio del escándalo generado por las autoridades de Salud Pública. Este hecho marca de alguna manera la tónica de lo que ha sido el inicio de la administración frentista, en la que vienen teniendo más importancia los escándalos y las resoluciones controvertidas que el trabajo y la exhibición de planes y acciones de gobierno.

Para toda nueva administración los primeros cien días constituyen el período de gobierno mirado con mayor expectativa, en tanto es el tiempo en los que se adoptan las decisiones que marcan la pauta del quinquenio. Es un límite psicológico de tiempo que la opinión pública y los partidos de oposición esperan para que el partido que estrena el gobierno pueda comenzar a desarrollar sus políticas y tender puentes con el resto del sistema.

No obstante, en la presente situación nos encontramos con un partido que confiando en sus mayorías legislativas y en su apoyo popular decidió aislarse del resto del sistema para ejercer el poder en solitario. Sus primeras medidas de gobierno dirigidas a la creación del Ministerio de Desarrollo Social y a la aprobación del Plan de Emergencia pusieron de manifiesto dos elementos que marcan la pauta de su accionar. Por un lado, la improvisación a la hora de legislar remitiendo a la consideración parlamentaria proyectos con importantes carencias que deben ser enteramente reformulados. A la vez, al amparo de su mayoría, se apresura la aprobación de las iniciativas, impidiendo a la oposición su análisis pormenorizado. Y, a propósito del Parlamento, conviene apuntar que son escasas las iniciativas a estudio que encuentran origen en el Ejecutivo.

Por su parte, el Partido Nacional viene cumpliendo el papel que se espera de un partido político serio: apoyando cuando es necesario y señalando, con energía, sus discrepancias cuando corresponde.

Los cien días de gobierno han servido también para comprobar la difícil convivencia entre los dos bloques mayoritarios de la coalición.

Si por un lado el Ministro de Economía aparece reiteradamente ante la opinión pública como un sosías de anteriores ministros, el de Agricultura construye una suerte de oposición —más declamada que seriamente practicada— en el seno del oficialismo que aparenta estar dirigida a mantener en alto históricas banderas frenteamplistas. No sabemos si esta situación será sostenible en el largo plazo, pero lo que hoy es seguro es que la estrategia le sirve al conglomerado para apagar las críticas que los militantes históricos manifiestan contra las medidas de gobierno. Estas, salvo algunas en materia laboral y de derechos humanos, se encuentran en su mayoría alineadas —sin perjuicio de la retórica—con las que se venían produciendo en la administración pasada. En algún caso se ha hecho gala de gran creatividad, como en el denominado "decreto del agua" por el que el Gobierno llevó a que los únicos afectados por la reforma constitucional fueran los que explotaban pequeñas concesiones en la Costa de Oro.

Estos días han servido para poner en claro que los esfuerzos del Gobierno se encaminan a cumplir con los compromisos asumidos con los organismos internacionales, constituyendo esa la primera prioridad. En cuanto a la producción no ha habido cambios, aunque sí se habla de aumentar la tributación del agro y de derogar las exoneraciones de aportes patronales.

El panorama hasta ahora es poco alentador, aunque debemos confesar que no esperábamos que lo fuera tanto cuando solamente nos separan cien días del 1º de marzo.