Agua: evaluaciones distintas en gobierno

Los impactos que tendrá para el Estado la absorción de los servicios de una quincena de proveedoras de agua y saneamiento en la Costa de Oro y parte de Maldonado generan evaluaciones disímiles entre las autoridades del Ministerio de Vivienda.

El ministro Mariano Arana desestimó que vayan a producirse aumentos de las tarifas de OSE como consecuencia de los resarcimientos que el Estado deberá realizar para compensar las inversiones no amortizadas. Sin embargo, el subsecretario Jaime Igorra volvió a repetir ayer que los costos de la estatización de los servicios de agua y saneamiento seguramente van a impactar en las tarifas de OSE.

"No veo yo otra alternativa que no sea cubrir los costos a través de la propia tarifa de OSE", insistió ayer el viceministro. Igorra apuntó que la posibilidad de obtener un crédito internacional es muy remota, dado el alto endeudamiento que tiene el país. La posibilidad de recurrir a las arcas de Rentas Generales también es vista como difícil por el subsecretario, debido a los ajustados presupuestos que tiene cada uno de los organismos del Estado.

Tampoco está claro el monto de los resarcimientos. Igorra dijo a El País que eso es lo que ahora "se tendrá que negociar" con cada una de las empresas. El viceministro estimó que el nivel de inversiones realizadas por las quince entidades de Canelones y la Costa de Oro podría llegar a los U$S 20 millones. Sin embargo, aclaró que el Estado, según la reforma, sólo tiene que reembolsar las inversiones que las prestadoras no amortizaron mediante el cobro de cuotas. Por su parte, Arana también relativizó que los resarcimientos vayan a ser muy elevados.

DISCONFORMES. Paralelamente, las pequeñas empresas, sociedades de fomento y cooperativas que dejarán de prestar servicios en la Costa de Oro y parte de Maldonado siguen mostrando su disconformidad con el sorpresiva decisión del Poder Ejecutivo que termina con su actividad.

Los responsables de Solyagua —la cooperativa que está a cargo del suministro de agua potable en el balneario Solís— afirman incluso que no están afectados por el decreto, porque poseen un contrato que los une al Estado uruguayo desde 1993.

"Nosotros tenemos contrato, un convenio entre OSE, la Intendencia y los vecinos. Una vez hicimos estudiar ese contrato y lo estudiaron los integrantes de la sala de abogados de OSE que dieron informes de que ese contrato era válido", dijo el arquitecto Dardo Bardier, uno de los directivos de Solyagua al diario Correo de Punta del Este, quien incluso reveló que el documento en cuestión fue firmado por el presidente de la época, Luis Alberto Lacalle.

Bardier recordó que en los últimos días las instalaciones de la cooperativa Solyagua fueron inspeccionadas por el subsecretario del Mvotma, Jaime Igorra, quien estuvo acompañado por funcionarios de OSE. Los visitantes tomaron conocimiento, según Bardier, de la gran cantidad de servicios sociales que presta la cooperativa, empero, agregó, no hubo más noticias desde el gobierno. Varias empresas y asociaciones consultadas por El País también se mostraron sorprendidas y molestas por la brusca decisión del gobierno, ya que aseguran que también habían recibido señales de continuidad.

Bardier sostuvo que en las próximas horas la directiva de Solyagua analizará los pasos que dará de ahora en más aunque, a la hora de los temas legales, prefirió no efectuar declaraciones. Sin embargo, la posibilidad de recurrir el decreto sí fue manejada por la empresa de mayor porte afectada por la medida del Ejecutivo, Aguas Corrientes del Pinar. El director de la firma de capitales 100% uruguayos, que le presta servicios a 5.700 abonados, adelantó a El País (24/05) que sus abogados analizan interponer un recurso de revocación.

Varias de las quince entidades afectadas —muchas de ellas sociedades de fomento o cooperativas de vecinos autogestionadas— han remarcado además que por una cuota menor a la cobrada por OSE en varias localidades, realizan obras comunitarias, ambientales y de ayuda social.

El directorio de OSE postergó por una semana más la decisión de rescindir el contrato con la empresa de capitales vascos Uragua. Si bien la empresa pública tenía previsto concretar la decisión en la sesión del directorio de hoy, finalmente decidió posponer la firma de la resolución.

El vicepresidente del ente, Fernando Nopitsch, explicó a El País que primero se quiere ajustar todos los detalles de la nueva forma de gestión estatal de los servicios y la transferencia de los mismos, antes de concretar la rescisión.

OSE ya tiene redactado incluso el proyecto de resolución. En el texto, al que accedió El País, se declara rescindido el contrato de concesión por "incumplimiento contractual" de la concesionaria. Allí, se establece además que se han constatado atrasos en las obras a cargo de Uragua S.A, que los descargos de la concesionaria no introducen nuevos elementos de juicio que modifiquen la concesión y que de acuerdo al Pliego de Condiciones que rige la concesión los "incumplimientos constatados" generan una multa por cada día de atraso que debe pagar el concesionario, sanción económica que al superar en su monto las 30.000 UR da lugar a la rescisión del contrato por culpa del concesionario.

Por otra parte, se fijó para el 28 de junio la audiencia de conciliación entre Uragua y el Poder Ejecutivo. La instancia tiene lugar tras la demanda presentada ante la justicia civil por la empresa española. Uragua argumenta que el contrato de concesión ya cayó en virtud de la reforma constitucional de octubre, por lo cual está operando de manera ilegal.

La firma reclama una indemnización de U$S 24 millones y apunta a llegar a una salida "amistosa" en la instancia de mediación. Sin embargo, dada la postura del Ejecutivo, todo apunta a un litigio.