Montevideo - El Gobierno uruguayo y la empresa de capitales españoles Uragua, enfrentados por la interpretación de una norma que deja en manos del Estado todos los servicios de agua, están llamados a una audiencia de conciliación el 28 de junio.
Así lo confirmaron hoy a EFE fuentes de Uragua, propiedad de Aguas de Bilbao, Iberdrola y Kartera 1, que en el año 2000 ganó la concesión de servicios de agua y alcantarillado en la zona de la costa atlántica de Uruguay donde está Punta del Este.
Uragua inició la semana pasada acciones judiciales contra el Estado uruguayo con el fin de que asuma los servicios de los que la firma es concesionaria.
La empresa entiende que de esta forma dejará de operar de forma ilegal, ya que según la reforma constitucional aprobada en un referéndum en octubre pasado todos los servicios de agua y saneamiento deben quedar en manos del Estado.
Si en la audiencia no se alcanza un acuerdo, Uragua tendrá habilitado el camino para continuar con su demanda en la justicia civil.
El Gobierno ya ha reiterado diversas veces que rescindirá el contrato de Uragua, firmado en el 2000, por incumplimiento y no por causa de la reforma de la Constitución.
El Gobierno que preside el socialista Tabaré Vázquez afirma que la empresa española no ha cumplido con el cronograma de obras de infraestructura y que dejó de invertir en 2002, año en el que Uruguay vivió una grave crisis financiera que trajo como consecuencia una fuerte depreciación del dólar frente al peso.
Uragua planteó entonces una revisión de los contratos, por tener tarifas en pesos y gastos de obras en dólares, pero su solicitud fue denegada por el Gobierno uruguayo.
La empresa española debe pagar un canon mensual al Estado de unos 730.000 dólares por la explotación de los servicios de agua potable y saneamiento en el departamento de Maldonado, donde se encuentra la ciudad de Punta del Este, y cobra la factura en pesos de unos 50.000 clientes. }EFE