Proyecto sobre cárceles está en su etapa final

La redacción del proyecto de ley para descongestionar las cárceles entró en su etapa final. El equipo asesor del ministro del Interior, José Díaz, que trabaja en el tema, se concentra ahora en definir cuáles son los delitos graves y cuáles generaron mayor alarma pública, categoría excluyente en los criterios centrales manejados por el propio secretario de Estado para la futura ley.

Fuentes ministeriales informaron a El País que la mayoría de los operadores del sistema penal que fueron consultados ya elevaron sus respectivos informes. "Todos los operadores consultados apoyan una medida de este tipo, siempre que suponga la libertad anticipada para un número razonable de reclusos y evaluaron como muy positiva la consulta que hizo el Ministerio", puntualizó el informante del Ministerio del Interior.

Este último aspecto es el que concentra ahora los mayores esfuerzos de los redactores del proyecto de ley. "Se están recabando datos, prácticamente carpeta por carpeta, para analizar los tipos de delitos", explicó la fuente ministerial. "Para esto estamos pidiendo información tanto al Poder Judicial, como al Inacri (Instituto Nacional de Criminología) con todas las dificultades que eso implica, porque el sistema de información existente es muy desordenado".

DELITOS GRAVES. "Lo que estamos tratando de establecer, con vistas a la redacción de la ley, es qué implica la categoría de delitos graves", explicó una fuente cercana al Ministro del Interior.

Cabe recordar que el propio José Díaz dijo a El País —durante su comparecencia en la Comisión de Constitución y Código de Diputados— que esta categoría no abarcaría "sólo delitos violentos (los que) quedarían excluidos, también los delitos que generaron gran alarma pública, no vamos hacer una ley que deje libres a los Peirano después de todo el daño que hicieron".

Por esta razón los asesores abordaron un trabajo más minucioso. "Además de ver la gravedad del delito, vamos a tratar de establecer cuáles son los que ocasionaron mayor alarma pública", señaló la mencionada fuente.

Entre los delitos violentos, es decir los de mayor gravedad, se cuentan el homicidio (en sus diferentes variantes), la rapiña, el copamiento, la violación, el rapto, el secuestro y las lesiones.

"Pero si empezamos acotar el alcance de la medida tal vez lleguemos a un número tan poco significativo que no sea necesaria una ley", señaló el informante.

En cambio, sí viene quedando claro para los asesores de Díaz otro criterio central para definir el texto legislativo: "Manejaremos limitaciones que tiendan a no vulnerar la seguridad ciudadana, que es lo más importante para este grupo de normas".

PATRONATO. El papel asignado al Patronato de Encarcelados y Liberados, como vigilante de los beneficiados por la libertad anticipada, tropieza con una fuerte limitante: la falta de personal. El organismo presidido por Oscar Ravecca cuenta actualmente con 35 funcionarios.

Las fuentes ministeriales consultadas señalaron que el ministro Díaz está por firmar una resolución que dotaría de más personal al Patronato. "Se buscará traer a funcionarios en comisión en otras reparticiones y también se instalará un programa de voluntariado, similar al que tiene el Plan de Emergencia", explicaron los informantes. Precisamente, el organismo actuaría en forma conjunta con el programa operado por el Ministerio de Desarrollo Social en el que se incluirían a los presos liberados y sus familias.