La seguridad y las cárceles

EN temas como este nunca está de más insistir aunque se llueva sobre mojado. Hace mucho tiempo que el problema de la superpoblación carcelaria está creado y se agudiza cada vez más. Los sucesivos gobiernos que se ha dado con anterioridad el país no han sabido solucionarlo, y en el estado a que han llegado las cosas el que está en funciones tiene por delante una verdadera emergencia social que atender. El 14 de enero bajo el título de "el drama carcelario" hacíamos notar que la norma contenida en el artículo 26 de la Carta en cuanto dispone que las cárceles no deben servir para mortificar sino para asegurar a procesados y penados persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito, era uno de los varios ejemplos más elocuentes de letra muerta constitucional que padecemos. Agregamos que los plausibles esfuerzos de la Iglesia, del Patronato y de Organizaciones No Gubernamentales para superar las infrahumanas condiciones de reclusión en recintos construidos para albergar un millar y medio de personas y que hoy están arriesgando al estallido de su estructura conteniendo cerca de siete mil, no eran suficientes. También puntualizamos que en esas condiciones quien ingresa a la cárcel generalmente sale para volver a delinquir porque es complicada su reeducación en ese verdadero infierno, y que se justificaba la preocupación por el problema por parte del Ministro del Interior designado. A un mes de haber asumido el gobierno, el Ministro, que cometió varios errores, habló demasiado y alarmó a la gente más de lo que está. Demos por sabido que en lo inmediato no vamos a tener la solución de fondo. En cambio es tan urgente como posible ponerse a trabajar de inmediato con miras a revertir la situación en el futuro más cercano posible, y al mismo tiempo, tomar las medidas de emergencia que se puedan, que ni son muchas ni serán suficientes, pero sí necesarias e impostergables.

EN 1985, algo más de la mitad de la población opinaba que el principal tema a resolver por el Estado era el de la seguridad. Según encuestas de ahora, esa opinión supera el 75%. Y es lógico que así sea, porque sin pretender jerarquizar en porcentajes la magnitud de los problemas a resolver por el país, quien no se siente seguro mal puede disfrutar de una vida decorosa por más empleo, ingresos, educación y atención a su salud que pueda tener a su alcance. Y hoy en nuestro Uruguay hay razones de sobra para que toda la población, sin excepción alguna, viva angustiada por el miedo a los delitos que se puedan cometer contra su propiedad o contra su persona. Esa inseguridad se vería agravada, si se dieran libertades masivas al barrer e indiscriminadamente, como pareció interpretarse de una primera intención del Ministerio del Interior —lo que luego negó el Dr. Faroppa—y en ese aspecto ya podemos estar tranquilos que no será así. Tampoco ayudan las palabras del Director Nacional de Cárceles, a quien con todo respeto le vamos a observar que carga demasiado las tintas en los males y no en los remedios y parece disfrutar escuchándose. Las estadísticas indican que el 41% de los presos que salen, es para reincidir en el delito. No obstante la necesidad de descargar este volumen de gente encerrada es evidente, pero con cierto criterio de selectividad. Si se trata de quienes no tienen sentencia, o de quienes cumplieron la mitad de la pena, habrá que analizar por qué delito fueron presos, porque no es lo mismo el índice de peligrosidad de un encubridor de un hurto que el de un violador, por poner un ejemplo. Habrá que abrirle las puertas también a enfermos terminales y a enfermos de sida, que se sabe que están alojados en la cárcel y prestarles asistencia en salud pública. No sabemos en cuánto se aliviará esta carga con estas medidas. Si es verdad que cada preso le cuesta 8.000 pesos mensuales al Estado, y todavía para alimentarlos mal y vivir en estado de promiscuidad y hacinamiento inconcebibles, lo poco que se pueda hacer ya será algo. Peor es la nada de hoy.

LUEGO el problema habrá que encararlo en un contexto de circunstancias incidentes: la reforma del Código Penal, el incremento del empleo, y naturalmente, los rubros presupuestales para construir nuevas cárceles y mejorar la función policial en lo que se pueda y aquí va a estar el problema mayor. Cuesta creer, pero así se ha dicho, que el promedio es de un solo policía para cuidar de quinientos presos. Pero por grande que sea el esfuerzo hay que hacerlo porque no se puede condenar a la sociedad a vivir presa del pánico y del terror levantando rejas en sus casas, portando gases paralizantes, armas u objetos contundentes, instalando alarmas o adquiriendo perros de ataque para defenderse.

Debemos tener en cuenta también que no se debe repetir lo que se ha intentado hacer en el pasado por su inoperancia desoladora. Es el caso de las libertades masivas, como lo observó el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el agravamiento de las penas.

Todo esto llevará su tiempo. Es alentador que el proyecto del gobierno se esté analizando con prolijidad. Es hora que todos pongamos el hombro en la parte que nos pueda corresponder, y de contestar con prontitud a las exigencias de una cruel y peligrosísima realidad.

LA prensa, a través de todos los medios, ha ayudado a crear conciencia social de la misma. Por eso lo del principio: nunca será excesiva la insistencia cuando lo que se juega es la seguridad de todos. Está bien que se busquen consensos políticos, pero no politizar el debate.

Informaciones de la zona Sur de Brasil dan cuenta de que se han producido allí muy intensas lluvias durante los últimos días, lo cual permite descontar que dentro de pocos días tales precipitaciones habrán de mejorar el caudal del Río Uruguay, dado que abarcan parte importante del curso de dicho río a partir de sus nacientes.

Por tanto, en las actuales circunstancias, una buena noticia.