Los argumentos del ministro Díaz no convencieron a la oposición

Las ocho horas que empleó el ministro del Interior, José Díaz, en exponer los alcances del proyecto de ley sobre seguridad pública y descongestionamiento de las cárceles no consiguieron convencer a los representantes de la oposición. Muchos consideraron que las últimas modificaciones al borrador — el beneficio de la excarcelación para procesados con dos tercios de la pena cumplida y la exclusión de los delitos violentos— "desactivaron" las aristas más polémicas del paquete de leyes.

Díaz defendió el grupo de normas referidas al sistema carcelario argumentando que, por la vía de las libertades anticipadas, "de esta manera reinciden mucho menos que ahora, que tenemos unos índices de reincidencia muy altos". El ministro declaró, asimismo, que comenzó a manejar públicamente la iniciativa "porque teníamos información sobre la preparación de un motín, que tenía fecha incluso para el 5 de marzo".

Agregó que estas normas serían complementadas con otras medidas que ya se están implementando, "ampliar la capacidad locativa de varios establecimientos, mejorar y ampliar varios inmuebles en desuso". En este sentido el secretario de Estado aseguró ante el grupo de legisladores que estas medidas de reacondicionamiento permitirían reubicar a unos 1.700 reclusos en ampliaciones que se harán al Penal de Libertad, al sector de barracas de Comcar, a la cárcel departamental de Canelones, a la cárcel de Mujeres y la utilización completa de las instalaciones del Centro Nacional de Rehabilitación (ex Hospital Musto). Una comisión de especialistas estudia además propuestas para utilizar tres inmuebles de Ancap, uno del Ministerio de Defensa Nacional y otro perteneciente a la empresa Pluna.

LA OPOSICION. De todas formas, estas explicaciones no satisfacieron a varios legisladores, entre ellos al diputado Luis Lacalle Pou que no vaciló en calificar la exposición de Díaz como "mucho ruido y pocas nueces". "No es necesaria una ley para descongestionar las cárceles", aseveró Lacalle Pou, "el Código Penal ya tiene los instrumentos necesarios, como la gracia, la libertad anticipada que los jueces pueden aplicar".

"Ya no es lo mismo, estamos hablando de otra cosa, pienso que producto de las presiones comenzaron a cambiar varias cosas del proyecto", apuntó por su parte el diputado quincista Daniel García Pintos, "por lo pronto, el delito de copamiento no se toca y eso me parece muy bien. Porque hay que entender el espíritu de la ley que votamos en 1995 y era el de establecer una pena diferencial para el rapiñero de la esquina con el que entra a tu casa y te hace víctima a vos, a tu esposa, a tus hijos".

"Cuanto menos reclusos salgan en libertad, para nosotros va a ser mucho mejor, para la inmensa mayoría de la población. El tema de fondo es el proceso penal y en esto coincido con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, ahí está el nudo gordiano del asunto", señaló por su parte del diputado forista Washington Abdala.

CRITICAS. Díaz destacó que por primera vez la designación de los jefes de Policía se había hecho optando por profesionales y respetando el escalafón, dijeron asistentes a la reunión.

El diputado García Pintos le respondió que así lo había hecho en la administración pasada el presidente Jorge Batlle.

Díaz retomó la palabra y le replicó que efectivamente Batlle lo hizo, con excepción del ex jefe de Policía de Lavalleja, José Posse San Martín. "Y así le fue", agregó el ministro. El ex jerarca policial está preso en Cárcel Central.

"El Partido Colorado estuvo 175 años para avanzar en esa dirección, nosotros lo hicimos en el primer mes", añadió.

Por su parte, el diputado Germán Cardozo (Foro Batllista) criticó la aceptación de la renuncia del ex jefe de Policía de Rivera, Angel Fiordelmondo, y la destitución del ex jefe de Policía de Artigas, Jesús Rodríguez, porque aseguró que en ese caso el ministro actuó "al grito de la tribuna".

Díaz le respondió que no fue así y que las decisiones tuvieron que ver con el malestar que existía en la población de los dos departamentos.

EL PROYECTO. "Heredamos una situación de seguridad pública muy grave, que por cierto no generamos nosotros", agregó Díaz. En este sentido el ministro refirió muy brevemente una versión que, antes de asumir al frente de la cartera, había circulado con mucha insistencia: la posibilidad de un motín carcelario para el 5 de marzo. Este dato, aseguró Díaz, le obligó a poner en el tapete el tema del proyecto de ley.

Entre los temas a los que se refirió el ministro abordó las reformas que pretende introducir en el instituto policial. El retorno al sistema de comisarías en Montevideo, la creación de un Departamento de Asuntos Internos que investigue hechos de corrupción de funcionarios, cambios en la formación profesional y la creación de un código de ética y de procedimientos.

La versión definitiva del conjunto de normas podría quedar pronta la semana próxima, informaron por su parte fuentes cercanas al ministro del Interior. Díaz, empero, no quiso hablar de fechas concretas aunque instruyó a sus colaboradores para que se concluyera la redacción lo antes posible.

Más allá del polémico paquete de leyes, Díaz anunció otras medidas que la cartera viene tomando para descomprimir la crítica situación carcelaria. "Integramos una comisión multidisciplinaria que tiene a su cargo el estudio de los locales que vamos a utilizar para reubicar a los reclusos", señaló. Este plan permitiría redistribuir a unos 1.700 reclusos en establecimientos carcelarios ya existentes, a los que se efectuarán ampliaciones. Díaz aseguró que estas obras, que podrían rondar el millón de dólares aunque aún no se ha presupuestado, "se harán con fondos propios del Ministerio".

La creación de una asamblea constitutiva de políticas de seguridad ciudadana propuesta por el diputado nacionalista Pablo Iturralde fue acogida por todos los sectores. "Muchas veces se ha actuado como bombero, pero no tenemos una verdadera política de Estado en materia de seguridad", argumentó Iturralde.

El proyecto que el diputado de Alianza Nacional anunció ayer en la Comisión de Constitución y Códigos, será presentado formalmente en los próximos días e impulsa la creación de un foro de debate a partir del que se generen políticas de seguridad pública a largo plazo.

"Tenemos que planificar a largo plazo, imaginar de aquí a veinte años y crear políticas que trasciendan este gobierno y el que viene", señaló Iturralde. El proyecto que aún se encuentra en gestación por parte del legislador generaría un espacio de discusión en el que participarían representantes de la Policía Nacional, jueces penales, fiscales, el Patronato de Encarcelados y Liberados, ONGs que trabajan en el área social, técnicos especializados en distintas disciplinas.

"Lo que buscamos es generar una actitud altamente positiva, no queremos que salgan los presos a la calle, se creen problemas y después salgamos a cobrarle las cuentas al gobierno", apuntó el diputado nacionalista. En opinión de Iturralde "la solución no pasa por liberar a los presos", por lo que adelantó su posición en contra a votar una ley que plantee sólo esta posibilidad.

"Tenemos que discutir estos temas en una doble línea de trabajo —agregó el representante nacionalista— por un lado, sí, discutir la ley cuando esta sea presentada, pero en paralelo toda la sociedad tiene que resolver un problema de seguridad y para ello proponemos la creación de este espacio de discusión".

LIBERTAD. La ampliación de un sector del Penal de Libertad, según estimaciones del Ministerio, permitiría alojar a 700 reclusos.

CANELONES. La cárcel departamental —la más grande de las dependientes de jefaturas— será reacondicionada para admitir a otros 500 reclusos.

CNR. El Centro Nacional de Rehabilitación (ex Musto) tiene capacidad para 300 reclusos, actualmente lo ocupan unos 100 internos, lo que permite sumarles otros 200.

COMCAR. El complejo carcelario de Santiago Vázquez, el más grande del país, se ampliaría para recibir a unos 300 reclusos.

MUJERES. La Cárcel de Cabildo será ampliada —ahora tiene 100 reclusas—, aunque no se estableció aún la cantidad de plazas.

locales. El Ministerio estudia la propuesta de cinco locales: tres de Ancap, uno de Pluna y otro de Defensa Nacional para reacondicionarlos como prisiones.

"No sólo delitos violentos quedarían excluídos, también los delitos que generaron gran alarma pública, no vamos a hacer una ley que deje libres a los Peirano después de todo el daño que hicieron", comentó el ministro José Díaz al explicar a El País los alcances del proyecto en gestación. La exclusión de estas categorías delictivas es una de las últimas modificaciones al proyecto.