El Gobierno de España informó que estudia la posibilidad de aceptar un documento diferente al padrón para que los inmigrantes puedan acogerse al proceso de regularización que termina el 7 de mayo próximo.
La medida beneficiaría no solo a los 5 mil uruguayos que han realizado su trámite, sino además a otros 10 mil que residen en el país pero aun no han emprendido la gestión.
Así lo anunció el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, quien explicó en una conferencia de prensa en el Congreso que su despacho discute esta posibilidad con los empresarios y los sindicatos.
El certificado de empadronamiento, con fecha anterior a agosto del 2004, es un requisito en el proceso de regularización, que comenzó el 7 de febrero pasado y acaba el 7 de mayo próximo, y que según el ministro ha recibido hasta la fecha 313.000 solicitudes.
La previsión del Gobierno es que alrededor de un millón de extranjeros, la mayoría procedentes de países de Latinoamérica, adecuen su situación laboral y como residentes a la Ley de Extranjería vigente.
El ministro Caldera explicó que buscar una solución al tema del certificado del empadronamiento "si la hay, no es fácil" y se conocerá la próxima semana "para que haya tiempo para aplicarla".
Caldera consideró que las 313.000 solicitudes presentadas hasta hoy 33 por ciento en el sector doméstico suponen "un notable éxito" que demuestra que se trata del "proceso de legalización de la economía sumergida más amplio de España".
Acompañado por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, el ministro explicó que los expedientes resueltos superan los 65.000.
Caldera recordó que hay peticiones de ONG, del Defensor del Pueblo y del Colegio de Abogados para que sea válido un documento alternativo al certificado de empadronamiento.
Tras señalar que la evolución en la presentación de solicitudes aumenta todas las semanas "siste- máticamente", salvo Semana San- ta por el cierre de las oficinas, Caldera informó de que el 64 por ciento se concentra en las comunidades de Madrid, Valencia y Cata-luña, y sólo un 1 por ciento del to-tal de expedientes no han sido admitidos.
Por nacionalidades, el mayor número corresponde a los trabajadores de Ecuador (86.916), seguido de Rumanía (42.629), Marruecos (38.968), Colombia (34.000), Bolivia (14.484), Bulgaria (11.903), Argentina (10.105), Ucrania (9.512) Pakistán (4.961) y China (3.600).