Otra vez el "ninguneo"

LA apología del señor José Batlle y Ordóñez no es algo nuevo. Y aunque esa figura histórica ha sido reiteradamente puesta una y otra vez dentro de las dimensiones que en realidad le corresponden, vuelven a aparecer quienes la colocan como único pilar del Uruguay moderno, adornándola en forma exclusiva con atributos que por lo menos deberían permitir que otros compartieran, si se hiciera una estricta aplicación de la verdad histórica. El ex presidente Julio María Sanguinetti ha difundido un artículo en el cual tras citar a un historiador marxista, comenta "la excepcionalidad de la República territorialmente más exigua de Sudamérica, que en ese primer medio siglo XX constituyó por vez primera en Occidente lo que después se llamaría Estado benefactor, social democracia o Estado providencia y que, en Uruguay, se ha denominado desde entonces "Estado Batllista", aludiendo a José Batlle y Ordóñez, aquel formidable estadista, nieto de un comerciante catalán, que encabezó a la sazón una verdadera revolución pacífica".

A estas palabras sigue una larga nómina de leyes a las que describe como la legislación humanística de su ídolo. Leyes de secularización del Estado, sociales, etcétera. Nadie más parece haber actuado en esos años. Como si las normas hubieran brotado de la Presidencia, sin trámite alguno. Ningún legislador es mencionado, ninguno parece ser más que un mero apoyo del colosal señor Batlle. No nos referimos sólo a las figuras del Partido Nacional. Por cierto que esas son "ninguneadas" como pocas veces se ha visto. Nos referimos a todos los demás, incluyendo colorados ilustres.

SIENDO así las cosas, vale la pena empezar desde el principio. En 1830 fue creada la república americana llamada Estado Oriental del Uruguay. A poco de andar, se fundó en 1836 la corriente blanca que lideró Manuel Oribe. Se defendía la legalidad, frente a la corrupción del poder que presentaba el bando colorado representado por Fructuoso Rivera. Y desde la presidencia, Oribe concibió un cuerpo de leyes que, ya entre los años 1835 y 1838 sentaron las bases de nuestro sistema jubilatorio, al abarcar a militares y civiles, a sus viudas y huérfanos hasta los 21 años. Un sistema pionero.

A mediados de su mandato presidencial, interrumpido violenta y anticonstitucionalmente por un golpe que lideró Rivera con indisimulado apoyo francés, Oribe mostró su preocupación por el tema educativo, fundando la Universidad. Asimismo Manuel Oribe aprobó la abolición de la esclavitud, antecediendo casi en dos décadas al presidente estadounidense Lincoln. Ponía de esta forma en práctica las ideas de Artigas.

CONTINUANDO con medidas humanistas, es bueno asimismo evocar que una iniciativa de Oribe fue la de crear un asilo para desamparados. Fue el presidente Bernardo P. Berro quien en 1860 logró la concreción de la obra, dando cobijo en el local erigido en el predio donado por Basáñez y ubicado frente a la iglesia de San Agustín, tanto a niños como ancianos. Un asilo que sirvió de hospital de sangre para los participantes de la revolución de 1870 y que se prolonga hasta hoy en el Hogar Geriátrico Piñeyro del Campo.

Si nos acercamos más a los tiempos de Batlle y Ordóñez, comprobamos que fueron los diputados nacionalistas Evaristo Ciganda y Alberto Palomeque, quienes en 1894 presentaron los proyectos de ley que ampliaban la jubilación a los maestros de ambos sexos (entonces los únicos que se jubilaban eran los militares y bomberos). Renacía así el plan social de Oribe. Los proyectos se convirtieron en ley en 1896 siendo presidente Idiarte Borda. Luego, cuando el colorado Antonio María Rodríguez presentó su propio proyecto de jubilaciones y pensiones civiles, citó en el informe correspondiente los apuntes de Ciganda que iban en el mismo sentido. Proyecto, no es ocioso señalarlo, que durmió encarpetado hasta 1904. Fue así que en forma muy oportuna para don José Batlle y Ordóñez, quedó sancionado durante su presidencia. Vestirse con plumas ajenas estaba en boga, como se comprueba apenas uno se adentra en vericuetos legislativos de los tiempos de Batlle.

SANGUINETTI dice que "la legislación social irrumpe pioneramente con la ley de 8 horas y descanso semanal (1911)..." Se saltea el proceso previo, tema central de un libro de las historiadoras Estela Abal Oliú e Isabel Ezcurra Semblat, que acaba de publicarse en Montevideo, bajo el título "De las lanzas a las leyes".

Dicha obra relata cómo los parlamentarios Luis Alberto de Herrera y Carlos Roxlo, apenas terminada la revolución legalista de 1904, cambiaron las armas por plumas y tinta y presentaron algo totalmente novedoso en el Uruguay: un conjunto de proyectos que daban propuestas de solución a la problemática laboral en momentos de grave descontento social.

Claro que aquel conjunto de proyectos fue advertido por el gobierno de José Batlle y Ordóñez. Pero al mismo tiempo fue públicamente ignorado, hasta que pasado un tiempo prudencial, serían presentadas esas mismas iniciativas como propias del presidente colorado.

HAY que repetir lo expresado por las mencionadas historiadoras: "Nuestro propósito es terminar con la leyenda negra sobre el conservadorismo del Partido Nacional y la leyenda dorada del Batllismo, pretendido único protagonista del reformismo social".

Era imperioso realizar este análisis. No sólo por el escrito a que aludimos más arriba, sino porque hay hoy quienes querrían dar la imagen de que la democracia y muchas cosas más, nacen en Uruguay a partir del 1º de marzo de 2005. ¿Se gestan nuevos "ninguneos"?