Gobierno permitirá el ingreso de nuevos empleados públicos

El nuevo gobierno considera que la ley que prohíbe el ingreso de funcionarios públicos a la administración hasta el año 2015 no ha cumplido sus objetivos, y ha sido "eludida" durante la última década a través de contratos temporales, becas y pasantías. Por eso mismo, está decidido a derogar la norma, aseguró el subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Humberto Ruocco.

En mayo de 1995, el gobierno de Julio María Sanguinetti suspendió por tres años el ingreso a la administración. En 1996 fijó un plazo aun mayor: de tres a diez años. La administración de Jorge Batlle, en tanto, estableció en setiembre de 2002 que no podrían entrar nuevos funcionarios hasta el 25 de abril de 2015.

El objetivo era claro: reducir el número de empleados públicos y, en definitiva, el aparato del Estado. Sin embargo, las nuevas autoridades consideran que la iniciativa no obtuvo resultados y que, por el contrario, significó un fracaso.

Ruocco dijo a El País que la norma es "nociva", ya que hay menos funcionarios públicos, pero "más personas" que reciben retribuciones y dependen del Estado.

"Lo que se ha hecho es impedir la posibilidad de un ingreso cristalino, transparente. Se ha fomentado el acceso de becarios, pasantes, asesores, y comisiones de apoyo, lo que demuestra que la administración ha crecido", indicó Ruocco.

El jerarca entiende que hasta ahora se ha "eludido" la norma, a través de distintos contratos. El problema, según Ruocco, radica en que los funcionarios con contratos no pueden aspirar a tener una carrera administrativa, lo cual choca con la "profesionalización" de la función pública y la "eficiencia" del Estado.

ORDEN. Ante esta situación, la administración del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) derogará la ley en el próximo presupuesto y permitirá el ingreso de funcionarios a través de concursos.

Ruocco indicó que el objetivo no es "ensanchar" el Estado, sino "ordenarlo" y darle cristalinidad. Y aclaró que seguirá habiendo becarios, pasantes y asesores, pero cumplirán una misión concreta y no será una forma de ingreso encubierto de nuevos funcionarios.

"Un becario es una persona que ingresa por un tiempo determinado a la administración y tiene que irse después, porque mañana debe entrar otro en su lugar para poder tener la misma posibilidad. El Estado debe seguir adelante con esa política, que es de rotación y complementaria. No es sustitutiva de los funcionarios profesionales del Estado", explicó.

En declaraciones al diario Ultimas Noticias, el jerarca afirmó que el gobierno también conformará una comisión para "revisar y racionalizar" el sistema de contratación del Estado. Se estudiarán "caso a caso" todos los contratos firmados con funcionarios, para "ordenar" la situación en cada unidad ejecutora.

Ruocco considera que la "memoria institucional" de la administración radica en los funcionarios de carrera, que se mantienen a pesar de los cambios de gobierno. "Por eso mismo, nosotros tenemos que trabajar para que ellos crezcan en su dignidad, tengan mejor retribución, y tranquilidad para desempañar una carrera", sentenció.

No todos los funcionarios públicos están incluidos en la ley que prohíbe el ingreso a la administración. De hecho, el acceso es libre en la Policía, Fuerzas Armadas, Salud Pública, en la enseñanza, y en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau). La norma se restringe, en realidad, al personal estrictamente administrativo. Claro que la mayoría de los funcionarios de la administración central corresponden a los ministerios de Defensa, Interior y Salud Pública, donde no hay limitaciones. Hasta fines de 2003 los empleados de esas tres carteras eran 73.417, en un total de 92.840 de la administración central. Los trabajadores de la enseñanza, nucleados en la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), eran 49.020 hasta esa fecha.

CIFRAS. El nuevo gobierno creará un comité interministerial con participación de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y los directores generales de las carteras para "ajustar y precisar" la cantidad exacta de funcionarios públicos, y la que se precisa en cada repartición estatal.

ESPERA. "Necesitamos ordenarnos. No podemos talentear ni usar los números que ya tenemos (del gobierno anterior), porque aún no los hemos chequeado", explicó Humberto Ruocco, subdirector de Servicio Civil.

CLAVE. La oficina de Servicio Civil constituirá una de las tres "patas" que llevará adelante la reforma del Estado, junto al Ministerio de Economía y la OPP. Ruocco indicó que la oficina que dirige saldrá del "ostracismo" en que se encontraba y asumirá la "responsabilidad" que le corresponde por Constitución.