Hoy secretario de Presidencia se reúne con mandos militares

Los anuncios del presidente Tabaré Vázquez de cumplir con el artículo 4 de la Ley de Caducidad e investigar para saber qué ocurrió con los desaparecidos, no recibieron reparos de las Fuerzas Armadas. Según dijeron a El País fuentes del gobierno, el tema había sido conversado con los militares en algunas oportunidades y éstos no formularon comentarios.

Sin embargo, desde los centros de militares retirados se manifestó preocupación de que esto se transforme en una fuente de denuncias y de no saber cómo se actuará si llegan citaciones judiciales. Por su parte, fuentes militares indicaron que el planteo del presidente fue tomado "con cautela y mesura" en algunas armas.

El secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández se reunirá hoy con los oficiales de las Fuerzas Armadas para determinar el momento en que ingresarán los investigadores al Batallón 13 y el Regimiento 14.

Además, la ministra de Defensa, Azucena Berrutti dará una conferencia de prensa a las 15 horas.

Las fuentes del gobierno indicaron que la posibilidad de ingresar en los batallones 13 y 14 fue analizado en reiteradas oportunidades por representantes de la nueva administración e integrantes del Ejército. Indicaron que la posición de la coalición es "no dramatizar" sobre las excavaciones, por entender que con ellas se terminarán las dudas.

Indicaron que en la víspera, luego de que se conocieron los anuncios de Vázquez, no hubo observaciones de ningún tipo por parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Otras fuentes consultadas indicaron que el Poder Ejecutivo convocará a investigadores internacionales, especialmente de Argentina, ante un planteo realizado por los militares en ese sentido. Según las fuentes, la presencia de arqueólogos internacionales ofrece garantías a los efectivos.

REACCIONES. Por su parte, militares retirados manifestaron su preocupación por los anuncios. Afirmaron que preocupa si esto fue acordado con el teniente general Angel Bertolotti y qué se hará con las citaciones judiciales en caso de que lleguen. Afirmaron que "mucha gente va cambiando".

El general retirado Iván Paulós dijo a El País que lo que anunció se está cumpliendo: "quieren destruir, quieren ver de rodillas al Ejército y quieren hacer, por cualquier medio, del Ejército el brazo armado del partido".

"Acá hay órganos que son más competentes, tendrían que recurrir al Centro Militar, al Círculo Militar y pedir allí también la opinión. En este momento sería importante que hubiera expresiones coincidentes de otros lugares. Usted verá un panorama que no es tan unilateral como puede ser solamente el mío", afirmó.

"Eso está más bien en lo que el comandante decida en relacíon a la interpretación que se haga de la ley de caducidad. Es el Comando el que le puede decir, yo no puedo expresar una opinión de ese tipo. Ahora, lo que le puedo decir una cosa que sí puede ser de interés. Hay una desaparecida que no figura en las listas de desaparecidos. Es la bandera de los 33 orientales, que robó el OPR 33. ¿Por qué no se acuerdan de esa desaparecida? La integraba esa organización algunas personas muy allegadas al señor presidente", señaló Paulós.

Por su parte, los familiares de desaparecidos manifestaron su acuerdo con las expresiones de Vázquez respecto a que cumplirá con el artículo cuarto de la Ley de Caducidad que habilita al Poder Ejecutivo a llevar adelante las investigaciones sobre los ciudadanos secuestrados en la dictadura. El integrante de la organización que agrupa a los familiares, Javier Miranda dijo "que el gobierno inicia un compromiso muy fuerte de reiniciar las investigaciones pendientes". Destacó la intención del nuevo presidente de reparar a todas las dictadura, por entender que va "mas allá de lo monetario".

CAUSA. El tema de los derechos humanos también estuvo planteado en la reunión que mantuvieron ayer Vázquez y el mandatario argentino Néstor Kirchner. Ambos firmaron una declaración conjunta donde se comprometieron a profundizar las investigaciones.

"Nuestro gobierno se compromete con el país, con nuestros hermanos argentinos, con la región y con el mundo, a trabajar incansablemente por este tema, que va mucho más allá de los puntos que tendremos que solucionar, entre los uruguayos, que es el tema de los ciudadanos detenidos desaparecidos", enfatizó Vázquez.

Kirchner calificó como "excelente" el acuerdo sobre derechos humanos. "Terminó un tiempo de oscuridad, vamos a trabajar muy fuerte para la verdad y ya no habrá impedimento para que se sepan todos los datos, como nos encontramos en algún momento". El presidente argentino valoró el tema de la ley de Caducidad como un "impedimento, pero también hay muchas posibilidades en el país".

Tras el encuentro, el canciller argentino Rafael Bielsa indicó que el caso de la nieta del escritor Juan Gelman es para su gobierno una "causa insignia" y que la administración de Kirchner no cesará en su reclamo hasta que se encuentren los restos de Claudia García y se los entreguen a su suegro.

RIVERA |

F. FERNANDEZ CARRANZA

Sorpresivamente, en la mañana de la víspera, Manuel Cordero, pidió asilo político en Brasil y automáticamente logró la prórroga de su estadía en la vecina nación. Ahora, la documentación es enviada a Brasilia, a la sede central de la Policía Federal, que debe trasladar el petitorio al Consejo Nacional de Refugiados (Conare) y simultáneamente debe informar a la ONU, ya que así lo solicitó el defensor de Cordero.

Julio Favero, abogado del militar uruguayo, explicó que habían decidido concurrir en esa ocasión, cumpliendo con la orientación médica que establece que su cliente no debe soportar emociones fuertes, ni ser sometido a presión.

El canciller argentino, Rafael Bielsa anunció en Montevideo que él personalmente se reunió con el representante diplomático de Brasil en su país, para "acelerar" los trámites del pedido de extradición de Cordero. Dijo que el diplomático se comprometió a agilizar la documentación promovida por Argentina.

El lunes 28, fecha marcada para solicitar asilo político, el abogado solicitó una prórroga aduciendo que su cliente estaba enfermo. En esa oportunidad, el letrado sostuvo que Cordero tiene "cinco arterias bloqueadas", aseverando que debe someterse a una cirugía.

También comentó que dicha intervención no se cumplió en Uruguay, debido a que el convenio entre Casa de Galicia y la Caja Militar había caducado. El tratamiento "cuesta alrededor de 25 mil dólares", sentenció Favero, acotando que su cliente soporta dificultades financieras.

En tanto, Simón Moreira, apoderado del militar uruguayo, al ser consultado por los periodistas dijo que su cuñado "defendió su patria". Sin embargo, "hoy no se reconoce que cumplía órdenes", indicó.

Las dificultades para acceder a información sobre las decisiones del gobierno continúan. El País consultó ayer al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández debido a que el presidente Tabaré Vázquez anunció que sería él quien hoy "en combinación con oficiales de las Fuerzas Armadas comenzarán a investigar en el Batallón 13". Sin embargo, el jerarca declinó formular declaraciones y dijo que de este tema no dirá una palabra. También fue consultado el titular del Servicio de Prensa y Difusión de la Presidencia (Sepredi), José Luis Veiga y no estaba informado de ningún detalle del asunto.

La investigación judicial sobre la muerte de María Claudia García fue archivada a fines de 2003 porque el gobierno entendió que el caso está comprendido en la Ley de Caducidad. El informe final de la Comisión para la Paz dio cuenta de "una versión confirmada por fuentes militares": que la nuera del poeta Juan Gelman fue muerta y enterrada en la periferia de Montevideo.

Además, recogió "otra versión, proveniente también de fuentes militares (...) involucrados en el operativo, (que) insiste en sostener que tras la sustracción de la niña (nieta de Gelman) la madre fue entregada a los represores argentinos de Automotores Orletti".

Fue a partir de este caso que se generó un distanciamieto del presidente Néstor Kirchner con ex presidente Jorge Batlle. Kirchner le reprochó que luego de comprometerse a cooperar y profundizar la investigación, la archivó.

El juez Roberto Timbal y la fiscal Mirtha Guianze investigan la muerte de los legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini. Actualmente esperan los documentos desclasificados de Estados Unidos y la copia del expedientes que sigue la justicia Argentina para continuar con la investigación.

El expediente por el que fue procesado el ex canciller Juan Carlos Blanco por homicidio se encuentra en el tribunal de Apelaciones. El juez Juan Fernández Lecchini consideró que los integrantes de la Comisión para la Paz no están obligados a revelar los nombres de las fuentes que les proporcionaron información y la fiscal Guianze apeló esa decisión.

El juez Rolando Vomero por su parte investiga el asesinato de Luis Martirena y su esposa Ivette Giménez, ocurrido el 14 de abril de 1972. La denuncia fue presentada por las hijas de Martirena en la Suprema Corte de Justicia que la derivó en esa sede penal. El 14 de abril de 1972, un operativo militar en un presunto "berretín" del MLN de la calle Amazonas y Aconcagua, dejó como saldo los asesinatos de ambas personas.