El cruce de acusaciones entre el grupo Cerro Free Port y la intendencia de Montevideo tuvo otra escalada cuando el intendente, Adolfo Pérez Piera, dejó entrever que el consorcio que tiene la intención de construir el puerto en Punta de Sayago puede tener otros motivos que no admite para cancelar la licitación que había convocado para adjudicar los trabajos. Cerro Free Port publicó un remitido el lunes en la prensa en el que sostiene que "el clima de inseguridad jurídica generado en los últimos meses como consecuencia de las acciones paralizantes presentadas por la Intendencia Municipal de Montevideo atentan contra las garantías requeridas para desarrollar el emprendimiento según el cronograma previsto". "Me suena un poco como excusa esto de la inseguridad jurídica. Suena raro que se plantee esto ahora", dijo a El País el intendente.
La tesitura de la intendencia es la de velar por la seguridad jurídica de los vecinos, sostuvo, por lo que se esperará que el grupo presente un plan completo de obras y un estudio de impacto ambiental porque lo entregado hasta el momento es "insuficiente", argumentó el intendente. "Estamos actuando dentro de las competencias municipales a las que no vamos a renunciar. Da toda la impresión de que se quiere presionar y trasladar la responsabilidad a la intendencia", comentó. Pérez Piera señaló que a Cerro Free Port se le está exigiendo, lo que se pide "siempre" y que no hay predisposición contra el emprendimiento.
Por su parte, Cerro Free Port quiere que se le nombre un interlocutor, que puede ser el propio Pérez Piera para intentar deshacer el entuerto. Su gerente, Luis Seoane, dijo a El País que quiere una reunión "con todas las cartas sobre la mesa". El ejecutivo señaló que es "irracional" insinuar que la empresa pueda tener problemas financieros que ponen en peligro la continuidad del proyecto dado que se han constituido garantías de millones en dólares.