Experiencia española en seguros agrícolas puede ser útil para Uruguay

El sector agropecuario no puede darse el lujo de volver a perder más de U$S 100 millones como sucedió con las consecuencias de la sequía del 2000, según lo avalan los datos de la Oficina de Planeamiento y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por eso, la secretaría de Estado, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se apoya en la experiencia de España para impulsar en Uruguay la implementación de un seguro agrario.

Desde julio de 2000, un grupo de trabajo creado internamente dentro del MGAP, comenzó a impulsar el desarrollo de un sistema de seguro agrario. Los españoles, con su experiencia, acordaron contribuir con sus conocimientos, en la mejora de la calidad de la información existente, que le pueda ser útil a las empresas aseguradoras.

"Toda la gente vinculada al agro es consciente de los riesgos que tiene una actividad que se desarrolla a cielo abierto, pero también ha sido tradicional que en Uruguay, cuando ocurre un problema climático, lo habitual ha sido recurrir al poder político para conseguir ayudas que corrigieron la situación", admitió el Ing. Agr. Fernando Vila, técnico de la Oficina de Planeamiento y Política Agropecuaria responsable del grupo que impulsa el desarrollo del seguro agrario.

"Esta administración decidió que es mejor ayudar al agro para que contrate seguros y, que quienes asuman el riesgo sean las empresas especializadas (aseguradoras)", agregó.

EXPERIENCIA. El Agroseguro, como se le conoce en España, es una entidad organizada bajo la forma de sociedades anónimas por acciones cuyo cometido básico es administrar el seguro agrario en nombre de sus accionistas.

Tanto Canadá como Estados Unidos "tienen sistemas muy importantes, pero en la experiencia española hay una estructura de tipo institucional y una lógica de desarrollo que nos parecía bueno conocer", subrayó Vila.

Uno de los contrastes del sistema español con la realidad uruguaya es "la escasez de recursos humanos calificados en la gestión de riesgo agropecuario. Prácticamente se puede pensar que sacando el equipo de técnicos del Banco de Seguros del Estado, en lo que a riesgo climático se refiere, nadie más tiene experiencia desde el punto de vista de cómo opera un seguro agrario".

En octubre de 2002, llegó a Uruguay la primera misión española y realizó un relevamiento, tanto de las instituciones públicas como privadas en Montevideo, vinculadas al tema de los seguros, pero además recorrieron predios, vieron cultivos y visitaron productores.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) eligió tres países para realizar un diagnóstico y una propuesta para la gestión de riesgos y, como era con fondos españoles, se contrató a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios de España, organismo rector del seguro agrario, dependiente del Ministerio de Agricultura de España.

VARIANTES. Vila destacó que el concepto en España es que "la gestión de riesgo en la agricultura, debe y debería ser abordada por los organismos públicos, de modo tal de contribuir a mitigar los riesgos".

Luego vendría un plano instrumental de detectar "cuál es el marco normativo y de posiciones que hacen las distintas instituciones, tanto públicas como privadas y, entre éstas, están las compañías de seguros y los productores, quienes deben contar con un ámbito para interactuar y de qué forma se articulan con la demanda".

La idea que maneja el MGAP es que el seguro "sea voluntario y no obligatorio", explicó el jerarca de Opypa.

100

Los millones de dólares que le costó al país la sequía de comienzos del 2000, según lo estimado por Opypa