Serpaj insiste en conocer el destino de los desaparecidos

El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) invitó a "toda la sociedad" para que "exija" a las autoridades conocer el destino de los uruguayos detenidos-desaparecidos durante el régimen militar que gobernó en el país entre 1973 y 1985.

"Lograr una aclaración y conocer el destino de los desaparecidos es un reto para toda la sociedad", afirmó el historiador Gerardo Caetano al presentar hoy el informe "Derechos Humanos en el Uruguay: 2004", en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Caetano afirmó que en Uruguay "los derechos humanos deben ser la brújula del camino, y es necesario dejar actuar a la justicia como lo ha hecho en la región y en el mundo para castigar a los responsables de las violaciones".

El historiador dijo que el Ejército uruguayo "es el único de América Latina que no ha admitido institucionalmente las violaciones a los derechos humanos".

A la tradicional defensa de los derechos civiles y políticos que realiza Serpaj, este año le dedica más énfasis a los derechos económicos, sociales y culturales.

El estudio menciona que en la actualidad existen casi 42.000 puestos de trabajo menos y 25.000 desocupados más que cuando asumió el gobierno de Jorge Batlle en marzo de 2000. Para ello recomienda ejecutar políticas activas de empleo y apostar a un país productivo con mayores niveles de calificación.

El 32% de los 3,3 millones de habitantes del Uruguay está por debajo de la línea de pobreza y hay 75.000 indigentes, afirmó Fernando Willat, integrante de la comisión de derechos económicos, sociales y culturales de Serpaj. La tasa de mortalidad infantil creció en Uruguay del 13,6 por mil nacidos vivos en 2002 al 15 por mil en 2003, "lo que está directamente relacionado con la pobreza y la falta de una alimentación adecuada", agregó.

"Uruguay necesita una política alimentaria nutricional dentro de un plan de desarrollo social que atienda con urgencia a los más necesitados", destacó.

Willat destacó la expectación que existe a nivel popular de que el primer gobierno de izquierda en la historia del Uruguay, que asumirá el 1º de marzo de 2005, cumpla sus anuncios e impulse un plan de emergencia social destinado a los pobres.

El informe también menciona que las cárceles alojan el número récord de 7.149 reclusos, 50% más de la capacidad normal y con "flagrantes violaciones a los derechos humanos".

La organización hizo referencia, además, a lo que calificó como "crisis policial" que se refleja en "maltratos físicos en comisarías y sonados casos públicos".