La empresa Uragua comunicó al Poder Ejecutivo que no pagará más el canon por la concesión de los servicios de agua y saneamiento en Maldonado por entender que, luego de la reforma constitucional, no está obligada a prestar los servicios y por lo tanto tampoco a pagar por la concesión de los mismos. La empresa comunicó al gobierno que tampoco emitirá más facturas a los usuarios.

En una nota enviada al gobierno, Uragua le dio al Poder Ejecutivo un plazo de tres días para que imparta las directivas sobre los pasos a seguir, porque en caso contrario darán por terminada su actividad en Uruguay.

A su vez, remarcó su compromiso con la población, pero advirtió que de ser obligada a continuar brindando el servicio comenzará a emitir las facturas a cuenta y orden de OSE.

El subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Oscar Brum, reveló ayer en Cierre de Jornada, de Radio Sarandí, los términos en que se manejó la empresa. En este sentido, Brum anunció que el gobierno analizará la situación con los abogados de la cartera.

"Deberíamos pensar que no podemos permitir que determinados plebiscitos se realicen con elecciones nacionales", expresó, tras lo cual adelantó que el Partido Colorado podría plantear una reforma constitucional en este sentido.

Brum sostuvo que las facturas de noviembre no se van a emitir a nombre de Uragua y que el gobierno está analizando si se emiten a nombre de OSE.

"No queremos que se resienta el servicio de los usuarios. Nosotros actuamos al amparo de la Constitución de la República y de los contratos. No podíamos anticiparnos y tener medidas concretas en caso de que pasara esto. Teníamos la esperanza de que esta reforma no se concretara. Lo que sí queríamos es que los que la apoyaron hubieran tenido alguna idea clara de lo que iba a pasar", comentó el subsecretario.

RECURSO. Esta semana, la empresa Aguas de la Costa formalizó un recurso de revocación y jerárquico ante el Poder Ejecutivo contra la resolución por la cual se dispuso el traspaso a OSE de todas las concesiones a privados para prestar el servicio de agua y saneamiento, dado que entiende que la misma no les alcanza.

Según anunció a El País el subsecretario Brum, el gobierno deberá ahora estudiar el recurso y, especialmente, el punto contenido en el mismo en cuanto a si la decisión del Poder Ejecutivo transfiriendo a OSE las tareas hasta ahora en manos privadas tiene efecto suspensivo en cuanto a la ejecución de esa decisión. La empresa —que atiende a usuarios al este del arroyo Maldonado— aseguró en su reciente reunión con el gobierno que mantendrá "la calidad de los servicios" que presta a los clientes.

La semana próxima el Ministerio de Vivienda recibirá a la empresa Aguas del Pinar para comunicarle la decisión sobre las concesiones.