Funcionarios judiciales podrían decidir el inicio de una huelga

Tampoco ayer el Ministerio de Economía entregó al Poder Judicial su informe con los argumentos por los cuales entiende que no debe habilitar la partida para concretar el pago de una compensación y la molestia de los gremios judiciales va en aumento.

Esta tarde los funcionarios se reunirán en asamblea general nacional y podrían decidir iniciar una huelga. El titular de la Asociación de Funcionarios, Ricardo Ramírez dijo a El País que la solución a esta situación es que Economía libere esas partidas.

Ayer de noche la comisión directiva de la gremial evaluaba la situación y las propuestas que llevaría a la asamblea.

Como consecuencia de la asamblea hoy tampoco trabajarán los funcionarios judiciales.

La corporación espera que Economía comunique su decisión para tomar una posición. Ramírez afirmó que la corporación está analizando tomar medidas judiciales para pedirle a la cartera que libere esas partidas. El gremio también evalúa iniciar acciones judiciales civiles o penales para hacer valer lo que entienden que les corresponde por ley.

PLAZOS. La Suprema Corte declaró que las oficinas del Poder Judicial no funcionaron el lunes a los efectos procesales por las medidas sindicales. El Colegio de Abogados había pedido a la corporación que tomara esa medida para que los justiciables no se vieran perjudicados por el paro.

Esa disposición significa que se considera un día inhábil para la realización de los actos procesales. En un comunicado que difundió la Corte explicó que como consecuencia dejan de contabilizarse por ese día los plazos cuya duración no exceda de quince días y los que se cuenten por horas. Para los plazos de mayor duración seguirá contabilizándose el lunes 29 aún cuando se haya declarado que en ese día no funcionaron las oficinas de los tribunales. Los plazos que se vencieron el lunes se prorrogaron para ayer.

El Poder Judicial espera desde el 18 de octubre que Economía envíe la partida presupuestal necesaria para hacer efectiva la liquidación de la compensación personal que reciben los actuarios y funcionarios judiciales desde el 2001 y que desde hace un año dejaron de percibir.

Hasta esa fecha existían dudas sobre si esa partida tenía que ser incluida en el salario, pero el 7 de octubre un informe de la División Jurídica Notarial del Poder Judicial concluyó que corresponde que sea pagado con el sueldo.

La llamada ley de reforzamiento del Poder Judicial (ley 17.707) determinó que la Contaduría General de la Nación deberá reforzar los créditos presupuestales de servicios personales del Poder Judicial en oportunidad de constatarse faltante en los mismos para hacer efectivo el financiamiento de las compensaciones personales en todo el ejercicio.