Economía se mantiene firme y conflicto puede agravarse

El Ministerio de Economía se mantiene firme en la decisión de no dar la partida que el Poder Judicial le pide. Ayer anunció que comunicaría por escrito los fundamentos por los cuales entiende que no debe liberar esos rubros, en tanto la Suprema Corte de Justicia (SCJ) espera ese informe para pronunciarse.

Los ministros de la corporación dieron la orden de que una vez que llegue la comunicación de Economía, sea entregada de inmediato a cada magistrado para que la estudien y puedan tomar una posición.

Por otra parte, en respuesta a la negativa inicial que dio el ministro Isaac Alfie al Poder Judicial, se realizó ayer un paro de 24 horas por parte de los actuarios y los funcionarios.

En la mayoría de las oficinas trabajaron únicamente los jueces tomando declaraciones en las audiencias que estaban previstas y atendiendo al público. Incluso, los tres jueces penales que comenzaron ayer la semana de turno tuvieron que actuar en los procedimientos que les llegaron sin la concurrencia de los asistentes.

El titular de la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU), Ricardo Ramírez, dijo que la adhesión al paro fue de casi cien por ciento.

Ramírez dijo que "en este país, por ahora, los que interpretan las leyes son el Poder Judicial" pero Economía insiste en su planteo.

El dirigente lamentó que el ministro Alfie le dé largas a su respuesta.

Hoy las sedes funcionarán con normalidad y mañana habrá paro nuevamente por parte de los funcionarios que se reunirán a las 14 horas en asamblea general.

Los funcionarios están dispuestos a endurecer sus medidas si Economía no accede a conceder esas partidas.

PREOCUPACION. Ayer a última hora de la tarde los funcionarios se reunieron con el Colegio de Abogados. La reunión fue convocada por los letrados para plantear la preocupación por el conflicto a pocos días de la feria judicial mayor.

El Colegio había pedido el viernes a la corporación que ayer no corrieran los plazos procesales para evitar el perjuicio para los justiciables teniendo en cuenta que el Poder Judicial estuvo paralizado.

El vicepresidente del Colegio de Abogados, César Pérez Novaro, explicó a El País que pidieron esa reunión para conocer de primera mano en el marco del buen relacionamiento que existe entre los diferentes actores de la justicia.

"Los abogados estamos interesados en el buen relacionamiento de la justicia pero también en que a los funcionarios se le pague de acuerdo a lo que establece la ley", señaló. No obstante dijo que el colegio no tomará posición sobre el conflicto sino que se buscó conocer los motivos.

Pérez Novaro señaló que toda paralización de la justicia, todo obstáculo al justiciable provenga de donde provenga es tema de preocupación y por eso dijo que espera que la corporación resuelva suspender los plazos.

El 18 de octubre pasado la Dirección General del Poder Judicial envió al Ministerio de Economía una misiva pidiendo la habilitación de la partida presupuestal necesaria para hacer efectiva la liquidación de la compensación personal que reciben los actuarios y funcionarios judiciales.

El Poder Judicial entendió que esa partida debe ser incluida en el salario de los trabajadores, según lo determinó un informe de la División Jurídica Notarial del 7 de octubre de este año.

Esa partida prevista en el artículo 465 de la ley 17.296 del 21 de febrero de 2001, fue pedida de acuerdo a lo que estableció la ley llamada de reforzamiento del Poder Judicial (ley 17.707) que determinó que la Contaduría General de la Nación deberá reforzar los créditos presupuestales de servicios personales del Poder Judicial en oportunidad de constatarse faltante en los mismos para hacer efectivo el financiamiento de las compensaciones personales en todo el ejercicio.

Esa norma estableció que para hacer frente a esa partida se deberá tomar como base de cálculo de todas aquellas retribuciones que se liquiden sobre remuneraciones permanentes de carácter salarial.