Ausencia de controles internos y gastos excesivos en intendencias

SEBASTIAN CABRERA

Carencias en la implementación de unidades de auditoría interna —o directamente la inexistencia de las mismas—, así como falta de controles, y gastos excesivos, constituyen algunas de las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas a las rendiciones de cuentas y balances de ejecución presupuestal del año 2003 de la mayoría de las intendencias del interior del país.

Un problema habitual es el incorrecto funcionamiento de la unidad de auditoría interna, en los casos en que realmente existe. Esta situación se repite en trece de las catorce comunas ya analizadas por el tribunal, con la excepción de Maldonado: Rocha, San José, Paysandú, Durazno, San José, Cerro Largo, Flores, Treinta y Tres, Florida, Artigas, Rivera, Colonia, y Canelones, según consta en los distintos informes.

El organismo recomienda que la unidad de auditoría interna sea dirigida por "un contador público con formación y experiencia en la materia". Además, debe depender "orgánica como funcionalmente" del intendente y, una vez que haya sido nombrado su coordinador, se trabajará junto al Tribunal de Cuentas en la planificación de las actividades.

En algunos casos la unidad de auditoría interna ya existe, pero funciona mal. Eso sucede en la intendencia de San José, donde el departamento está a cargo de una contadora que depende directamente del intendente municipal y no cumple tareas de auditoría propiamente dichas.

"La intendencia deberá adecuar el funcionamiento de su auditoría interna, dotándola de recursos humanos y materiales necesarios a fin de cumplir con su cometido específico", indica el informe en el caso de la comuna maragata.

Su par de Paysandú, mientras tanto, tampoco cuenta con los funcionarios suficientes para realizar este tipo de tareas y actualmente se encuentra en fase de implementación un llamado interno para conseguir más personal.

EXCESOS. La gran mayoría de las intendencias ha incurrido en gastos superiores a su crédito disponible, en una situación que data de años anteriores. Florida, por ejemplo, ha tenido gastos excesivos por 81:919.120 pesos y Treinta y Tres por 42:413.345 pesos.

A los efectos de no comprometer gastos cuando no existe crédito, el tribunal recomienda "recurrir al mecanismo de la trasposición, aplicando las normas presupuestales vigentes en la materia".

En tanto, varias comunas no han realizado los aportes correspondientes al Banco de Previsión Social (BPS) por los viáticos no sujetos a rendición de cuentas. Y en otros casos se han superado las 48 horas semanales permitidas para otorgar horas extras a sus funcionarios. Esta situación se constató en las comunas de Florida y Rivera.

Una situación peculiar —que ha sido observada por el organismo de contralor— se verificó en la intendencia de Cerro Largo, que ha otorgado vales al personal como adelanto de su sueldo, aunque por montos superiores a los haberes generados.

DIFERENCIAS. Las deudas con distintos organismos constituyen otro problema que se repite en la mayoría de las intendencias. El problema se agrava porque existen diferencias —en algunos casos muy grandes— entre el reporte brindado por las comunas y el de los entes.

Un caso muy claro es el de Rocha, que dice deber 10:934.345 pesos a Antel y 53.421.413 pesos a UTE. Pero las deudas aumentan notoriamente según las versiones de los respectivos organismos: se trata de 17:552.740 pesos según Antel y 120:736.419 pesos según UTE.

Paysandú, en tanto, afirma que debe 53:596.461 pesos a UTE y 2:308.173 pesos a Antel, mientras que los organismos declaran 116:467.220 pesos y 14:305.500 pesos de deuda.

El Tribunal de Cuentas constató "debilidades" del sistema de control interno de la intendencia de Canelones en lo referente a recaudación de tributos, liquidación de sueldos, arqueos de cajas, así como en el balance del Hipódromo de Las Piedras, que no refleja "la realidad de las existencias ni de los gastos del ejercicio".

Mientras que la gerencia de personal informó que la plantilla de la intendencia asciende a 4.238 funcionarios, la Gerencia de Hacienda indicó que eran 4.695 empleados. Existe un gerente en calidad de zafral y un mismo número de funcionario fue asignado por error a dos personas distintas, comprobó el Tribunal.

La comuna canaria tiene dos programas de sueldos, uno para liquidaciones mensuales y otro para complementarias. Como consecuencia de eso, las liquidaciones complementarias se realizaban sin considerar la totalidad de los sueldos nominales mensuales y hubo liquidaciones a las que no se les aplicó el Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP).

Absolutamente todas las intendencias están obligadas a aportar al Fondo Nacional de Vivienda, pero la mayoría no lo hace. Así lo indica el Tribunal de Cuentas en los distintos informes realizados a partir del presupuesto correspondiente al año 2003.

Diez de catorce intendencias analizadas mantienen deudas: Soriano, Rocha, Paysandú, Durazno, Cerro Largo, Treinta y Tres, Florida, Rivera, Colonia, y Canelones.

Algunos casos son alarmantes: Artigas no cumplió con el pago entre 1988 y 2003, mientras que Canelones no lo hizo entre 1991 y 2003, generando como deuda 35:490.778 pesos más multas y recargos.