Uragua dejaría de prestar su servicio antes del próximo verano

M. GALLARDO | J. P. CORREA

El gerente general de Uragua S.A., Unai Lerma, advirtió ayer al intendente de Maldonado, Enrique Antía, que la situación jurídica que emerge de la reforma constitucional aprobada el pasado 31 de octubre imposibilita que la empresa concesionaria del servicio de agua y saneamiento de parte de ese departamento pueda seguir operando. Lerma señaló que más temprano que tarde se tendrá que formalizar la rescisión del contrato que la une con el Estado uruguayo desde el 4 de agosto del año 2000. Eso incluso podría ocurrir antes del próximo verano.

Por su parte, el vicepresidente de OSE, Hugo Granucci, dijo a El País que la empresa tendría "muchísimas dificultades" para atender los servicios este verano y coincidió con Antía en que es conveniente que el retiro de Uragua sea posterior a la temporada turística. Advirtió también que OSE no se puede endeudar más y que algunas de las obras de Uragua ya tenían atraso, más allá de que consideró que los concesionarios tuvieron una actuación seria. "Un indicador de eso es que en Maldonado el 66% de los votantes se opusieron a la reforma", comentó.

El anuncio del inminente retiro de la firma fue formulado por el ejecutivo vasco durante un encuentro registrado en la mañana de ayer en la residencia particular del jefe comunal donde Antía se repone de un pasajero quebranto de salud.

Antía le pidió a Lerma que la novedad de su retiro antes de la próxima temporada de verano le fuera comunicada por escrito a los efectos de transmitir de la mejor manera lo que está ocurriendo tanto a la actual administración como al gobierno electo.

El intendente fernandino tiene pensado abrir una línea de comunicación directa con la futura administración del doctor Tabaré Vázquez, habida cuenta de la inexistente relación que tiene con la dirigencia local del Encuentro Progresista.

En este sentido, Antía sostuvo que, mediante un senador electo de la coalición de izquierda, planteará este tema al propio Vázquez porque entiende que el impacto de una retirada desordenada de Uragua puede afectar el desarrollo de la próxima temporada.

En este sentido, Antía le pedirá también por escrito al gobierno y al propio Vázquez que la transición se efectúe luego del verano y no antes, como forma de evitar cualquier complicación durante la temporada turística.

EMPLEADOS. Antía no quiere que se creen conflictos durante el verano con los casi 200 funcionarios que actualmente dependen de Uragua S.A., que seguramente perderán sus trabajos. Se trata de ex funcionarios de OSE que revistaban en el organismo cuando tenía a su cargo la prestación de los servicios de agua y saneamiento antes de que se otorgara la concesión, a los que se dio la opción de seguir en el ente o pasar al concesionario.

Uragua no descarta pedir al gobierno español, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, que realice gestiones ante el uruguayo para que, si finalmente abandona la concesión, se le otorgue una compensación adecuada. Ambos países firmaron un tratado en 1992 "para la promoción y protección recíproca de las inversiones" que establece que las inversiones de los Estados que lo suscriben no podrán ser ni expropiadas ni nacionalizadas a menos que haya una razón de utilidad pública establecida por ley. En caso de que se dé esta situación el artículo VII dice: "La indemnización, incluidos intereses, se determinará en moneda libremente convertible y se pagará sin demoras al inversor afectado por la medida".