El Encuentro Progresista (EP) se propone integrar figuras del resto del espectro político en los directorios de las empresas públicas, para lo cual en los próximos días representantes del gobierno electo entrarán en contacto con integrantes de otras colectividades políticas, básicamente del Partido Nacional, en busca de "coincidencias programáticas", anunció ayer el presidente de la comisión de programa de la coalición, Héctor Lescano.
En tanto, fuentes oficiales dijeron a El País que las autoridades de las empresas estatales ya se preparan para empezar la transición y esperan instrucciones del Poder Ejecutivo para comenzar a reunirse con representantes del futuro gobierno.
Lescano anunció ayer que "como resultado de negociaciones y coincidencias programáticas y para demostrar que hubo un cambio en el estilo de hacer política" el EP formará directorios multipartidarios en los entes.
El dirigente aseguró que la integración de representantes de otros sectores al gobierno de la izquierda se efectuará sobre la base de "coincidencias programáticas que permitan acuerdos generales y puntuales".
En las empresas públicas hay una larga lista de decisiones pendientes que trascienden el mandato de la actual administración. En algunos casos las autoridades actuales se proponen dejar que las próximas las tomen cuando asuman en 2005, y otras consideradas más urgentes serán adoptadas durante el período de transición en consulta con el gobierno electo.
Lo que sigue es una síntesis de los temas pendientes.
AFE. En materia de infraestructura ferroviaria el gobierno se acerca al final de su gestión con un gran debe: fracasó la licitación a la que había convocado para conceder la reparación de 1.100 kilómetros de vía férreas que están en muy mal estado y que enlentecen el transporte, provocando frecuentes descarrilamientos. Se presentaron dos empresas, pero una no calificó técnicamente y la otra pedía un subsidio estatal de U$S 10 millones por lo que su oferta tampoco fue tomada en cuenta. El mantenimiento y reparación de las vías es ahora responsabilidad de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Transporte y AFE sostiene que ha estado omisa. La empresa apuesta a la carga para reducir el déficit que arrastra desde hace años e incorporó recientemente 25 vagones para tratar de beneficiarse del "boom" de la madera.
UTE. La administración Batlle llega a su fin sin haber logrado resolver el necesario incremento de la capacidad de generación nacional de energía eléctrica. Tras las dificultades de este año, UTE analiza construir de urgencia dos centrales, una en el sur y otra en Paysandú que funcionarán a gas natural y gas-oil porque el proceso para construir una de ciclo combinado en San José, en los hechos está muy demorado. La demanda eléctrica crecerá seguramente 4% el año próximo y pueden generarse complicaciones para satisfacerla.
ANCAP. Durante la gestión del actual directorio, Ancap introdujo modificaciones en algunas áreas periféricas de su actividad pero fracasó toda posibilidad de que se pueda asociar para refinar combustibles porque quedó sin efecto por decisión popular la ley que la habilitaba a hacerlo. La red de estaciones de servicio que controla en Argentina ya perdió U$S 12 millones en lo que va del año. Otro problema es su deficitaria división de Cemento, que vio caer su asociación con la poderosa empresa argentina Loma Negra y que tiene costos de producción y energéticos muy superiores a los de su competidora Compañía Uruguaya de Cemento Portland.
ANTEL. La telefónica terminará el año con un millón de abonados a la telefonía fija. Sin embargo, su gran desafío es posicionarse bien para la intensificación de la competencia en telefonía celular para lo que incorporó el estándar GSM y rebajó el costo de las llamadas desde aparatos fijos a móviles. El actual directorio está centrado ahora en abatir el costo del acceso a Internet en el medio rural.
OSE. Por ley, el saneamiento en el interior del país es competencia de OSE y ese es su talón de Aquiles porque a nivel nacional la cobertura solamente llega al 55% de los hogares. Recientes cálculos que difundió el ministro de Vivienda, Acondicionamiento Territorial y Medio Ambiente, Saúl Irureta, indican que la una cobertura total demandaría una inversión de U$S 500 millones.
Los entes ya preparan información
En las empresas del Estado ya preparan la transición. El directorio de UTE pidió a las gerencias hace unos diez días que preparen informes que se entregarán a las futuros directores.
El presidente Ricardo Scaglia señaló que la situación de la empresa es sólida porque se refinanciaron los pasivos, aliviando los pagos que de U$S 120 millones anuales pasaron a algo más de U$S 30 millones. Scaglia planteará a las futuras autoridades reforzar la inversión en distribución, para atender la demanda y que se vio resentida en los últimos años por la necesidad de abatir pasivos.
En cuanto a Ancap el presidente de la empresa, Juan Aguerre, dijo a El País que se seguirán las instrucciones que dicte el Poder Ejecutivo para llevar adelante la transición. "Toda la información va a estar a disposición del próximo gobierno", aseguró. Hasta ayer no se había concretado ninguna reunión con representantes del Encuentro Progresista. Para Aguerre, la prioridad debe ser solucionar los problemas suscitados con la red de estaciones de servicio en Argentina que este año acumula pasivos por U$S 12 millones y atender el tema de la refinación y venta de combustibles.
El vicepresidente de AFE, Roberto Médica, señaló a El País que hasta ahora no se realizó ningún contacto con delegados del Encuentro Progresista y que la información sobre la empresa deberá ser requerida por los representantes de la fuerza triunfante en las elecciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
En el Banco de Seguros del Estado (BSE), si bien no han proyectado la elaboración de informes, según comentó Juan Raúl Ferreira, uno de los directores del ente, "si Gonzalo Fernández lo solicita están dispuestos a brindar un balance de los últimos cuatro años".