Desterrados de este mundo

Todo el mundo conoce el patético entretelón de las migraciones africanas hacia Europa, una meta de la que a menudo los viajeros son repatriados hacia sus lugares de origen, como sucede hoy con España o Italia frente a sus vecinos del Magreb. Poca gente, en cambio, se ha enterado de lo que ocurre cuando otros refugiados aspiran a desembarcar en Australia, esa inmensa isla (7.680.000 kilómetros cuadrados) escasamente poblada (22.000.000 de habitantes). Por ello corresponde señalar que el gobierno australiano ha negociado con la remota islita de Nauru, ubicada en el centro del Pacífico a medio camino entre Hawai y la propia Australia, para convertir parte de sus 13 kilómetros cuadrados en campo de detención destinado a aquellos refugiados, alejándolos así de sus costas.

Ese acuerdo se logró porque Nauru —que fue administrada por los ingleses y tenía yacimientos de fosfato que se han agotado— quedó en estado de bancarrota "con toda su naturaleza arrasada por la actividad minera y una esperanza de vida de sólo 55 años" para su población. Aceptó así transformarse (asistencia económica mediante) en prisión isleña para los residuos humanos que Australia deposita allí, incluidos numerosos niños, por lo cual la prensa internacional ya la ha calificado de "Guantánamo australiano". Datos recientes divulgados por El Mundo de Madrid, hablan de "cientos de inmigrantes encerrados en campos de lejanas islas" cuya construcción (junto con mantenimiento y custodia) fue pagada por el gobierno de Canberra.

De hecho, las autoridades australianas practican una política de tolerancia cero ante la inmigración, gesto que el sábado 9 de octubre ayudó al conservador John Howard a ganar por cuarta vez consecutiva las elecciones nacionales. Al parecer, buena parte de la población blanca de Australia comparte la intolerancia oficial al respecto, mientras el país mantiene varios campos de detención en su propio territorio "vigilados por guardias y vetados a la prensa", donde los adultos —según informe de Amnesty— son retenidos indefinidamente "configurando una condena a cadena perpetua de personas inocentes".

La llamada "crisis del Tampa", referida al barco noruego que hace tres años recogió en aguas australianas a casi 400 refugiados afganos e iraquíes a la deriva, fue el momento de mayor notoriedad en torno a la rigidez de Australia en la materia, porque ninguno de esos refugiados llegó a pisar suelo australiano. Dicha conducta forma parte de la Política de Australia Blanca, que favorece a la población de origen anglosajón que llegó a la isla desde 1788 y aún hoy discrimina entre gente de procedencia deseable o indeseable. Esa misma política ha determinado durante dos siglos un racismo infranqueable ante a los aborígenes australianos, que hoy suman 260.000 individuos y que hasta 1970 eran separados de sus hijos para "realojar a esos niños en orfanatos y familias blancas, asimilándolos a la nueva cultura". Sólo en 1967 Australia equiparó los derechos de los aborígenes a los de la población blanca y recién en 1993 les permitió reclamar la titularidad sobre ciertas tierras.

Conviene saberlo para conocer el entretelón de algunas democracias contemporáneas.