Inmobiliarias analizan efectos de ley de lavado

La directiva de la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este (Adipe) decidió pedir a sus abogados un informe sobre los efectos que pueden tener sobre su actividad la ley sobre Fortalecimiento del sistema de prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado viernes.

Alberto Prandi, titular de la entidad adelantó que, en principio, los operadores están "contextualmente" de acuerdo con todo lo que sean controles al dinero proveniente del terrorismo y del narcotráfico, sin embargo aclaró que "nos cuesta ahora poder pronunciarnos hasta que no se reglamente la ley, porque no sabemos cómo va a funcionar efectivamente en lo que respecta a nosotros, precisó.

Los operadores esperan que el análisis de la norma que realizan sus abogados les permita conocer "de qué manera" el sector inmobiliario puede "responder a lo que en alguno de los artículos se plantea. No obstante, Prandi recordó que en el ámbito inmobiliario "se defiende siempre la privacidad de las inversiones como ha sido siempre tradicional en el Uruguay, al igual que en sistema financiero.

Parte del artículo uno de la mencionada ley establece que "todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos".