El martes se informó que la Junta Anticorrupción recomendó a distintos organismos sumariar y trasladar a funcionarios públicos que a su vez trabajan en la actividad privada asesorando a empresas vinculadas a esa actividad. Al comienzo de la nota se generalizó señalando que en todos los casos hubo sumario. Pero en el caso de la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre se trató sólo de una consulta del presidente de la comisión, que no tuvo consecuencias administrativas para el director general, citado en la nota.