Respiran las mutualistas al achicar deuda por salarios

ROSARIO TOURIÑO

A ocho meses de que fuera creado el fondo para cancelar las deudas laborales del mutualismo, las instituciones ya han atenuado U$S 2.300.000 del abultado pasivo que mantenían con funcionarios y médicos. Además existe coincidencia entre las empresas y el Ministerio de Salud Pública (MSP) en cuanto a que el fideicomiso para cancelar los pasivos salariales ha contribuido a aliviar la situación del sector y a ordenar su gestión.

Para poder recurrir al fondo, la cartera les exige a las instituciones que cumplan con un programa de equilibrio económico-financiero, auditen su gestión y se sometan a una profunda serie de controles. Así, el mecanismo no sólo contribuye a mejorar sus balances, sino que los obliga a aplicar una administración racional de los recursos.

Leonardo Risi, director de Servicios de Salud del MSP, informó que el pasivo con el personal que tenían las 18 instituciones que se adhirieron al sistema es de U$S 25.550.000. Lo pagado al personal representa globalmente casi un 10% de la deuda acumulada, pero Risi explicó a El País que algunas instituciones han abatido porcentajes mucho mayores de su deuda en virtud de poseer un pasivo más reducido. En octubre una mutualista será la primera en saldar el cien por ciento de su deuda laboral a través del fideicomiso. Sin embargo, otras empresas necesitarán casi ocho años para abatir el pasivo salarial.

Son siete mutualistas montevideanas (Casmu, Evangélico, Cima, Casa de Galicia, SMI, Círculo Católico e Impasa) y once del interior las que aceptaron participar del fideicomiso, el primero en ser instrumentado por un organismo del Estado.

SANEAMIENTO. Tanto las empresas como los trabajadores consideran que el sistema ha sido efectivo. Las instituciones ganaron en tranquilidad porque los fondos volcados al fideicomiso no pueden ser objeto de embargos judiciales que comprometan su operativa. "Debemos admitir que el sistema sirvió, porque se está mejorando el balance económico-financiero de las empresas. Esto nos permite además más margen de maniobra", apuntó el titular del Plenario de IAMC, Antonio Durán.

Por otra parte, los 18 mil funcionarios y médicos involucrados están cobrando dineros que daban por perdidos. Carmen Millán, de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) admitió que se está cobrando puntualmente, pero consideró que se necesitan "cambios de fondo" para evitar que se vuelvan a generar nuevas deudas.

Con todo, el mecanismo generó más "paz sindical" ya que los directivos y los gremios de cada empresa debieron sentarse a "conveniar" las deudas.

CONCEPTO. El sistema se nutre con el 2,13% de los ingresos por cuotas, sobrecuotas y tiques que recaudan las instituciones, para lo cual fueron beneficiadas con un aumento de tarifas en diciembre pasado. Sin embargo, Risi asegura que en el mecanismo no sólo existe una contribución de los usuarios, porque las empresas tienen que mejorar su gestión para poder cumplir con los pagos mensuales y no consumir todo lo recaudado en su propia operativa.

"Antes de ser autorizadas a adherirse al sistema tuvieron que presentar un programa de equilibrio económico-financiero para los próximos 18 meses", apuntó el director.

A su vez deben hacer una exhaustiva rendición de cuentas, que permitió al MSP un mayor control de la gestión y administración de las empresas. El sistema prevé sanciones económicas y hasta la exclusión de las instituciones que no puedan cumplir con los pagos.

Risi también explicó que en la medida que las instituciones mejoren su gestión, aumenten su masa social y sus ingresos, también van a poder saldar la deuda con mayor antelación.

Las autoridades del MSP consideran que el fideicomiso, junto a la lenta pero progresiva recuperación de socios y a los controles de gestión, está permitiendo salir del CTI al sistema de salud de más de 1.500.000 uruguayos. A setiembre de 2003, la deuda total del sector era de U$S 315 millones.

Por una operación de fideicomiso, una persona transfiere determinados bienes a un fiduciario (persona física o jurídica), para que los administre en beneficio de la persona originaria o de terceros. El activo a transferir (bienes, carteras de créditos) deja de integrar el patrimonio del actor originario y se forma un patrimonio separado y autónomo, conocido como "propiedad fiduciaria". Esta característica es la que lo transforma en un mecanismo flexible para la financiación de proyectos, ya que se asegura que los fondos sean destinados sólo a ese fin. Se considera además que es un mecanismo "gran amortiguador del riesgo", ya que al constituir un patrimonio separado se genera una valoración positiva de situaciones que en otro caso no serían rentables.