Enrique Etchevarren Rosa Aguirre

Técnicos del Ministerio de Salud Pública estiman que al menos 25 mil ancianos están internados en casas de salud y reconocen que sólo una de cada cuatro de esas residencias está registrada y por lo tanto puede ser controlada por los servicios especializados.

Una serie de denuncias de particulares y programas periodísticos (ver cronología) pusieron a correr a los inspectores del MSP en las últimas dos semanas, clausurando establecimientos y enfrentando el problema de qué hacer con los ancianos internados, algunos de los cuales se resistían a ser rehalojados.

Jerarcas de Salud Pública reconocen que no tienen una solución rápida ante un fenómeno que ha crecido en silencio en los últimos años.

En Uruguay hay algo más de 167 mil personas con más de 70 años de edad y una de cada seis estaría viviendo en una casa de ancianos.

Alvaro Pintos, el director del Programa de Ancianidad del MSP, dijo a El País que se estima que existen 25.000 personas viviendo en casas de salud. Esa cifra no surge de un registro oficial que todos reconocen como incompleto, sino del último censo de población y vivienda. De ese relevamiento se identificaron todos los hogares donde residían más de cinco ancianos.

Pintos agrega que las autoridades creen que en todo el país funcionan unas 2 mil casas de ancianos. Los servicios del MSP tienen en sus registros sólo 300 residencias habilitadas. Hay otras 200 que han iniciado los trámites de habilitación.

Para dar una idea de la magnitud del fenómeno, Pintos indicó que "hay dos camas en residencias por cada cama hospitalaria que existe en el país".

Los técnicos afirman que el promedio de edad de los internados es de 80 años —aunque han encontrado personas de 60 viviendo en residencias—, creen que la mayoría tienen serios problemas de dependencia —imposibilidad de movilizarse por sí solos— y que las casas clandestinas se manejan con pasivos de bajos ingresos lo que aumenta el riesgo de que sean objeto de delitos.

"El principal problema es en la franja de bajos ingresos. En ella la capacidad de pago es de unos 2 mil pesos y entonces hay un potencial de abuso feroz. Son todas estas que se cierran, que los toman por dos mil pesos, pero les sacan préstamos o los vacían", afirma Pintos.

La expectativa de vida en Uruguay ronda en promedio los 75 años, pero ello no sirve para estimar el tiempo que deberán vivir los internados en esas casas de salud ya que Pintos explica que la esperanza de vida para quienes llegan a los 70 es mucho mayor y puede extenderse en promedio 9 años.

SIETE INSPECTORES. El control de ese universo de casas de salud, en su mayor parte clandestino, está a cargo de siete inspectores, que dependen de la Dirección de Servicios de Salud.

Alicia Ferraro, que dirige el departamento de habilitación explica que ese cuerpo de inspectores puede ser reforzado con otro personal de la dependencia en casos de necesidad. Pero aun sumándolos todos el cuerpo de profesionales no pasaría de 14.

Ferraro dice que entre enero y mayo de este año recibieron 60 denuncias de presuntas irregularidades, pero que en los últimos dos meses la cantidad se duplicó.

Afirma que el servicio tiene actualmente casi 60 residencias "bajo vigilancia".

Pero el MSP busca a ciegas ya que depende de que las casas se presenten voluntariamente al proceso de habilitación o de que algún particular haga una denuncia concreta.

Los técnicos del ministerio explican que cuando una casa de salud ingresa al sistema de vigilancia se realiza una primera evaluación para determinar si cuenta con los requisitos mínimos para funcionar. Si presenta carencias o irregularidades se la coloca "bajo vigilancia" y se le otorgan plazos para subsanar las fallas. Si no cumple requisitos mínimos se inicia su clausura.

Todos los técnicos consultados admitieron que las exigencias se han flexibilizado y que no se aplica a rajatabla la actual reglamentación de las casas de salud (ver nota aparte). El motivo es que no sabrían qué hacer con centenares de ancianos que quedarían sin lugar para residir.

QUE HACEMOS. "Una opción es cerrarlas, otra introducirlas en un plan de vigilancia. El plan de vigilancia permite conoce que existen, todo lo demás es clandestino", dijo Leonardo Risi, director de los servicios de Salud del MSP y que está en el ojo de la tormenta por las denuncias de irregularidades en casas de ancianos.

Risi sostiene que el Estado uruguayo no tiene una respuesta: "¿Qué soluciones tiene el Estado si se niega esta opción. El Estado, poca gente lo dice, no tiene una solución alternativa".

El jerarca reconoce la existencia de abusos económicos en residencias denunciadas. "Son hechos que aborrecemos, que condenamos, pero que no nos pueden hacer cambiar la política. Porque el problema es qué pasa el día después (del cierre) y ese día tiene que ser mejor que el anterior".

"En este grupo, como en toda la sociedad, hay gente que trabaja seriamente, con humildad y que soluciona un problema social que el país todavía no ha medido en su cabalidad", dice Risi.

JUECES SIN LEY. Los jueces penales se han convertido también en protagonistas del tema a raíz de las denuncias de abusos realizadas en las últimas semanas. Han procesado al encargado de una casa de salud y tratado de reubicar a los ancianos. Sin embargo, afirman que es poco lo que pueden hacer.

"Es un tema de salud pública exclusivamente", dijo el juez penal Gustavo Mirabal, que agrega que en Uruguay "hay un código de la niñez pero no hay derecho de la ancianidad".

"Lo que normalmente se hace en un juzgado es tratar de ubicar familiares si los hay y si no se recurre a un instituto de Salud Pública donde se pueda internar".

El magistrado explicó que cuando existen familiares directos —como un hijo— se le puede obligar a hacerse responsable del anciano, "pero a familiares indirectos no los puedo obligar".

"En caso de que la familia no exista, el responsable es Salud Pública", insistió.

Existen otras voces más críticas con respecto a la actuación de las autoridades frente al problema. Alberto Sosa un médico internista, sostiene que "los grupos humanos no son números, basta que una persona esté mal para que el sistema fracase".

Sosa afirma que las casas de salud son una alternativa para las personas cuya internación está justificada, pero añade que muchas veces "hay gente internada sin que sea necesario".

"No existe por parte de Salud Pública una política apropiada dirigida a la prevención, promoción y rehabilitación de las personas mayores", afirma el especialista que propone la creación de un carné de salud para los ancianos que sea exigido para la realización de trámites como el cobro de la jubilación.

"Ello implicaría que hubiese un responsable de la asistencia de esa persona", y permitiría saber el real estado de salud de cada persona mayor.

"Muchas personas contribuyen al mantenimiento de su familia. Lo que importa es que se respeten sus deseos y no sean coaccionados por familiares".

"Los seres humanos no pueden ser manejados como números absolutos", insiste.

"Hay un problema de las familias"

Leonardo Risi, el director de Servicios de Salud del MSP, se confiesa preocupado por el tema de las casas de salud y acosado por denuncias de irregularidades. Además de hablar de lo que trata de hacer el Ministerio, apunta a las familias de los ancianos internados.

"Este no es un problema de un ministerio. Hay cosas que deben llamar la atención: hay un problema de las familias.

"¿Es que los uruguayos decimos que esa familia que pasa veinte días sin saber dónde esta el padre, después tiene la suficiente idoneidad moral para cuestionar lo que venía pasando desde hace mucho tiempo?".

"No se puede pedir que el Estado sea responsable y controlador de lo que pasa dentro de mi propia familia y no quiero controlar".

Según Risi "trabajamos con muchas familias que tienen problemas serios pero son responsables y piensan con los técnicos qué hacer. Y vemos a otros que los tenemos que estar persiguiendo para que vengan y que desconocen lo que les pasa a sus familiares".

El jerarca relató que vio a una persona que denunció haber dejado a su padre con una enfermedad terminal en una residencia y que quince días después fue a verlo y no lo encontró.

"Hicieron una denuncia que me conmovió, pero lo que me hizo pensar fue que esperaron quince días en ir a ver al padre con cáncer. La denuncia igual sirvió, pero mi preocupación es del día uno al catorce".

"Hay un compromiso que la familia no puede renunciar y no se le puede pedir al Estado que las sustituya".

"Tenemos que mancomunar esfuerzos y nadie tiene derecho a tirar la primera piedra y sentir que alguien tiene la verdad. Nosotros no la tenemos, pero lo que decimos es que alguien diga qué es mejor que esto o traiga una solución. Todos estamos dispuestos a otra solución".

Muchas leyes con ideales no cumplidos

La ausencia de leyes no parece ser una cuestión clave en la crisis de las residencias de ancianos, por el contrario, en el papel el tema está exhaustivamente reglamentado.

El 17 de agosto de este año se promulgó la ley 17.796 sobre la "Promoción Integral de los Adultos Mayores", una norma que declaró los derechos del adulto mayor y ordenó realizar en 180 días un Plan Nacional que asegure la protección de los ancianos.

Los derechos que declara son incuestionables: "Derecho a la integración activa en la familia y en la comunidad...", "alcanzar una vejez digna en la que prevalezcan el bienestar físico, psíquico y socioeconómico"; "Contar con asistencia médica y sanitaria integral y coordinada, incluida la odontológica"; "Tener acceso a la educación, a una vivienda adecuada, así como a alimentación y abrigo suficientes", etc.

Las autoridades del MSP lo muestran como un avance importante.

Por otra parte, la actual reglamentación sobre las condiciones que deben cumplir las casas de salud es igualmente ideal y exhaustiva, llegando a ser tan puntillosa como alejada de la realidad de muchas residencias no autorizadas.

Así manda que "las estructuras físicas sean de materiales firmes y resistentes y las paredes internas deberán pintarse de colores claros"; "no podrán utilizarse como dormitorios altillos, sótanos, garajes, galpones, corredores o living"; "los establecimientos deberán contar con áreas externas (patios, jardines, espacios verdes) en cantidad suficiente para el número de residentes alojados" ‘en los que exista más de un piso deberá contarse con ascensor", etc.

Los funcionarios y especialistas consultados coincidieron en señalar que muchas de las normas vigentes son impracticables.

18 de agosto El Ministerio de Salud Pública (MSP) clausuró en la noche una residencia de ancianos que operaba de forma clandestina en la calle Paysandú 1512. Los familiares de los ancianos rechazaban el cierre de la finca y aseguraron que los internados estaban "bien cuidados". De los 20 internados, sólo dos fueron recuperados por sus familiares, por lo cual, el resto no tendría adónde ir. Los inspectores encontraron que el local estaba sin luz, era "inseguro" y estaba en "una situación caótica". El lugar no estaba habilitado, ni siquiera en "trámite de monitoreo".

24 de agosto Se clausuró una casa de ancianos ubicada en la calle Ejido. Los inspectores encontraron a tres internados que, según fuentes ministeriales, pertenecían al residencial La Paz (situado sobre la calle Hermano Damasceno). Este último geriátrico ha sido investigado por la justicia. Tras una investigación del programa "Zona Urbana" el juez Homero da Costa procesó al director técnico de la institución por abuso psicológico de los ancianos.

El abogado del local clandestino clausurado ubicado en la calle Paysandú 1512 presentó un recurso en representación de los familiares, que se niegan a que el establecimiento sea cerrado.

3 de setiembre Un informe de técnicos de Salud Pública acerca del tratamiento que reciben los internos de una casa de salud que alberga pacientes psiquiátricos en la ciudad de Paysandú desencadenó una inspección sorpresiva por la Justicia Penal de ese departamento.

La residencia de ancianos "La Paz" (ubicada sobre la calle Hermano Damasceno) terminó de ser desalojada por el MSP. De la veintena de internados del establecimiento, sólo dos fueron realojados en el Piñeyro del Campo, ya que el resto fueron recuperados por sus familiares. Pedro Ricardo Bentos, responsable del establecimiento, fue procesado por la justicia por "reiterados delitos de abuso de inferioridad psicológica".

Los funcionarios de la división Servicios de Salud supervisaron la reubicación de 20 internados del clausurado hogar La Paz y constataron que sólo permanecieron allí la directora técnica del establecimiento y dos residentes vinculados a ella. Sin embargo, un informe del programa "Zona Urbana" mostró que en la madrugada del sábado 4 un grupo de once ancianos de ese residencial fue trasladado clandestinamente a otra propiedad ubicada sobre la calle Magallanes y La Paz.

4 de setiembre La Policía realizó un allanamiento del local de Magallanes y La Paz, en el cual se encontró a cuatro ancianos. Se constató que accedían a la electricidad a través de una conexión ilegal y que el local carecía de agua corriente. El caso está en manos ahora del juez penal Rolando Vomero, que ordenó la detención de la directora técnica.

9 de setiembre El ministro de Salud, Conrado Bonilla, resolvió una investigación administrativa para determinar las posibles responsabilidades de integrantes del cuerpo inspectivo de la división Servicios de Salud, frente a los cuestionamientos de una ex funcionaria de la casa de salud que denunció que los inspectores habrían tranquilizado a la directora del hogar La Paz diciéndole que el operativo se realizaba por presiones políticas y periodísticas.