Defensa

Uno de los primeros deberes de un Estado soberano es velar por su seguridad interna y externa. Ese objetivo debe ser logrado aplicando una amplia gama de instrumentos políticos. La diplomacia y la defensa del Derecho internacional es uno de ellos. Especialmente en el caso de las potencias medianas y pequeñas. Sin embargo, en los últimos tiempos se han oído voces que insisten en que el Ministerio de Relaciones Exteriores debería dejar de lado la diplomacia política "tradicional" para transformarse en una oficina de comercio exterior ampliada. Ese tipo de enfoques alimentan una falsa oposición entre dos prioridades (la de velar por los intereses políticos de nuestro país y la promoción comercial) que son perfectamente compatibles entre sí y que, si lo pensamos bien, se complementan en muchos sentidos.

Pero el Derecho internacional en sí mismo no basta. A veces debe ser respaldado por la amenaza o el empleo de la fuerza. Esta opción es reconocida por la Carta de las Naciones en dos grandes hipótesis, la defensa frente a la agresión externa y las medidas tomadas dentro del marco del Capítulo VII, sobre acciones en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. La paz internacional es indivisible y, como resultado, todos los Estados tienen el deber (y un interés legítimo) en contribuir a defenderla.

Es cierto que las amenazas a la seguridad externa cambian. Hoy debemos enfrentar peligros como el terrorismo internacional, el narcotráfico y su pariente cercano, el narcoterrorismo. A ello deben agregarse otras tareas como la vigilancia del espacio aéreo, el control de la seguridad de la navegación internacional y de la pesca. Por lo tanto, el escenario internacional continúa requiriendo que los Estados dispongan de fuerzas armadas preparadas para enfrentar, con éxito, las nuevas circunstancias.

Por ese motivo llaman la atención las recientes declaraciones del Ministro de Defensa sobre la situación presupuestal de las Fuerzas Armadas. A la falta de equipos y de medios materiales se agregan las bajas remuneraciones que generan, se dijo, un "drama social" para oficiales y personal subalterno. Esta situación es inaceptable y pone en peligro intereses esenciales de nuestro país.