R. aguirre y E. etchevarren
Mario Cataldi, secretario letrado de la Corte Electoral, reconoció que el alto número de renuncias a participar en las mesas de votación por parte de funcionarios públicos es un problema que se agrava en las sucesivas elecciones. Advirtió, además, que no existe una estimación del costo que implica al Estado las licencias de cinco días que se otorgan como forma de compensar el día de trabajo electoral y estimó que se deberá terminar pagando a los funcionarios para que integren las mesas de votación.
Dijo que el alto número de hojas de votación habilitadas en la elección de hoy pueden repercutir en un escrutinio complicado. Estimó que los nombres de los precandidatos electos se conocerían a las 4 de la madrugada de mañana, y aseguró la fiabilidad del sistema electoral uruguayo.
El jueves pasado, día de la entrevista, Cataldi estaba instalado en su pequeño despacho del quinto piso de la Corte Electoral atestado de papeles, mientras en la calle una larga fila de personas esperaban para retirar su credencial y votar el domingo.
El funcionario, que lleva 40 años trabajando en la Corte, lucía tranquilo aunque confesó que había tenido que consultar al médico por una erupción cutánea fruto del estrés. Afirmó que mantenerse sereno era la única forma de sobrellevar los problemas y señaló uno de los papeles de su escritorio recién recibido: la junta electoral de un departamento del interior informaba que no estaba en condiciones de realizar la elección debido a la renuncia masiva de docentes a integrar las mesas de votación. Faltaban sólo 48 horas para la jornada electoral.
—Las renuncias a integrar las mesas de votación se repiten en las elecciones y lejos de remitir el fenómeno parece aumentar.
—Todo comenzó con el plebiscito de 1980. Hasta ese momento la integración de las comisiones receptoras de votos se hacía en base a lo que había sido el resultado de la elección anterior: el presidente y el tercer miembro de la comisión receptora pertenecían al partido que había ganado en el departamento, y el secretario al partido que le seguía en número de votos. Lo determinante en 1980 fue que no había partidos funcionando, entonces la solución fue designar funcionarios públicos.
—¿Cómo fue esa primera experiencia?
—Fue realmente notable porque la gente quería estar presente para verificar que todo se desarrollara con normalidad, y para que no fuera a ocurrir algo con aquel proyecto de constitución liberticida que ofrecía el régimen de facto. Entonces se integraron a la comisión receptora funcionarios de alta jerarquía de la administración pública, profesores de la facultad, en fin, gente con un real espíritu cívico.
—¿Y en las elecciones siguientes?
—El interés comenzó a decrecer y los funcionarios públicos empezaron a considerar su participación como una carga, como una molestia, pese a que se fueron aumentando los días de licencia que es la manera de compensarlos. Actualmente tienen el día inmediato después de la elección con asueto, y cinco días acumulables a la licencia anual. Sin embargo, se siguen produciendo muchas deserciones.
—¿Cómo repercuten en el trabajo de la Corte esas renuncias?
—Se producen centenares de pedidos de bajas, normalmente con certificaciones médicas expedidas por el MSP. En Montevideo podemos resistir 3 mil o 4 mil bajas porque el número de funcionarios es suficiente. Pero en el interior gran parte de los funcionarios llamados a integrar las comisiones son maestros, y el Codicen aduce que la licencia que se otorga en compensación distorsiona el dictado de los cursos en las escuelas.
Por otro lado, en el Banco de Seguros del Estado nos dicen que, al haber entrado el banco en régimen de competencia con otras compañías de seguros, en esos días que dan las licencias a los funcionarios les aumentan los costos operativos, con lo cual hay problemas.
—¿Se estimó el costo que implica esa licencia para el Estado?
—Habitualmente se pregunta cuánto pidió la Corte Electoral para enfrentar esta elección. Por ejemplo, para el cronograma de actos electorales que van a tener lugar en el transcurso de este año se pidieron 180 millones de pesos. Pero nadie habla del costo de esos días de licencia. Para las internas, entre titulares, suplentes y custodias, se designaron un total de 46.529 funcionarios.
—¿Le preocupa más este tema por ser un año con varias instancias electorales?
—Sí. Por eso digo que si se estudiara bien cuál es el costo, no sé si no sería más conveniente pagarles. Capaz que sale más barato y no hay tanta resistencia. No habría problemas con el Codicen ni los organismos públicos para desprenderse de sus empleados. Tampoco habría problemas con las designaciones. Esto lo vamos a ver cuando se reúna la Corte.
—Esta no parece una elección fácil en cuanto al escrutinio
—No, no es una elección fácil por la enorme cantidad de hojas de votación que se habilitaron. La última planilla que me dieron hace media hora dice que son un total de 2.090 hojas. El Partido Colorado tiene en todo el país 683 hojas de votación, el Encuentro Progresista 555, el Partido Nacional 655, la Unión Cívica 65, y después vienen partidos con cantidades menores. En el caso del departamento de Montevideo, por ejemplo, que tiene un total de 693 hojas de votación, yo no sé si las agrupaciones políticas tienen la infraestructura necesaria como para cubrir 2.600 circuitos. Me animaría a decir que en ninguno de los circuitos van a estar las 693 hojas.
—¿Cuánto tiempo puede demorar conocer el resultado?
—Nosotros calculamos que, si el escrutinio empieza a las 7 y media de la tarde, la digitación, que se realizará en el edificio de Soler, empezaría a las 12 o 12 y media de la noche.
Van a trabajar 60 digitadores con otros tantos funcionarios revisores para verificar lo que se hace.
—¿Más allá de la falta de entusiasmo cívico que usted mencionaba para integrar las mesas de votación?
—Ese es un problema de carácter personal. Yo diría que es el incumplimiento de un deber ético o moral que debería sentir cada funcionario público. A mí me parece que integrar una mesa receptora es un honor. En un sistema democrático es estar integrando una mesa, una comisión receptora, donde uno es garantía de que todo se desarrolle normalmente, donde no hay trampas.
—En estos tiempos tan difíciles que corren, ¿nunca dudó de la fiabilidad del sistema electoral uruguayo?
—Jamás. Es una estructuración de sistema que ofrece garantías anteriores, concomitantes y posteriores a la elección. Me refiero a la pureza del registro cívico nacional. Acá no se inscribe a nadie dos veces, ni con los datos de otra persona porque nuestros archivos están conformados de manera tal de verificarlo. La trampa en materia eleccionaria hoy día no está en meter determinada cantidad de votos en una urna el día de la elección, está en sacar del padrón a los que deben estar y poner a los que no deben estar.
—A pesar de la poca disponibilidad económica y de las precarias instalaciones que a veces tienen que utilizar, ¿hay seguridad?
—Aun así. La seguridad es absoluta.
—¿Piensa que la veda es importante?
—Para mí una norma jurídica que establece la prohibición sin una sanción como correlato, carece de eficacia porque no le da al órgano encargado los medios para hacerla cumplir. Ocurre muchas veces que la Corte declara que tal medio ha violado la prohibición de hacer tal cosa. Si al medio no le importa, capaz que hasta se ríe de la resolución de la Corte. Me molesta el hecho de que resoluciones de la Corte no se cumplan; más que de la Corte, de la ley. Entonces, o bien la norma se mantiene y se establece una sanción o bien se deroga porque si no no sirve de nada.
—¿Alguna vez se detectó en la Corte un intento de colocar determinados funcionarios con tendencia partidaria en los circuitos de votación?
—No. Ultimamente lo que se ha producido es una enorme afluencia de voluntarios para integrar comisiones receptoras. Como han corrido la voz de que faltaban funcionarios, han venido centenares de personas que se ofrecieron como voluntarios para participar en la elección. Con ellos se hizo un listado en orden alfabético y ya han sido llamados para integrar comisiones receptoras. De hecho, están participando.
—¿Qué pediría a la ciudadanía para estas elecciones?
—En este acto eleccionario, en particular, yo le pediría a los integrantes de las comisiones receptoras que actúen con sumo cuidado, que sigan al pie de la letra las instrucciones que la Corte Electoral ha impartido.
A los votantes que, dada la gran cantidad de hojas de votación presentadas, tengan la precaución de llevar la hoja de votación consigo y, aunque parezca una obviedad, que una vez que estén en el cuarto secreto le saquen el envoltorio, porque si no su voto se anulará.
En cuanto a la integración de las mesas futuras, yo haría una exhortación a todos los funcionarios públicos para que comprendan lo que eso significa para el mantenimiento del régimen democrático. El día de la elección, ellos son el sustento del sistema. Tienen que comprenderlo y hacer de eso una cuestión hasta de honor. Además, sólo se les pide que concurran un día cada tanto tiempo. No es tanto sacrificio.