El gobierno y la izquierda enfrentados por la subasta

El gobierno sumó en el correr de las horas de la pasada jornada un profundo malestar con la izquierda por su cerrada oposición a la subasta pública para adjudicar una banda de telefonía celular a un nuevo operador privado.

Diferentes actores salieron al cruce a la postura de la dirección frentista, que calificó a la iniciativa del gobierno como "ilegal" y además amenazó, en caso de llegar al poder en las elecciones, con no reconocer ese acto administrativo.

Para el gobierno, la ley de creación de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) de 2001 habilitó las concesiones de telefonía celular. "Esa ley no fue plebiscitada ni objetada", enfatizaron a El País altas fuentes del Edificio Libertad.

El senador socialista Reinaldo Gargano e integrantes del sindicato de Antel interpusieron ayer dos acciones de amparo ante la Justicia. La misma tiene un breve plazo para expedirse (tres días), pero puede frenar la subasta como medida cautelar. La licitación está prevista para mañana.

"El gobierno va a seguir adelante como corresponde, porque tenemos más que sobradas razones para hacerlo. La acción está amparada por la ley", insistieron las fuentes gubernamentales.

La arremetida de la izquierda tomó estado parlamentario ayer, cuando la senadora Marina Arismendi, en nombre de la Mesa Política del Frente Amplio, sostuvo que la subasta "no tiene validez" y que más bien "parece una designación con nombre y apellido".

La izquierda entiende que la normativa vigente establece que el monopolio de las telecomunicaciones corresponde en exclusividad a Antel, tras la derogación de los artículos 612 y 613 de la Ley de Presupuesto, que autorizaba al ente a asociarse con privados. Y enfatiza que la subasta atenta contra ese monopolio.

REACCION. El Poder Ejecutivo se puso en guardia y está dispuesto a defender hasta las últimas consecuencias la legalidad de la medida.

Las fuentes recordaron que no se dijo nada cuando se concedió la banda a Movicom durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, ni cuando el año pasado esa empresa compró una frecuencia, y otras tres fueron adjudicadas a Antel.

"Esto que se está haciendo tiene antecedentes y ha sido aceptado por todos los actores de la vida del país", agregaron. Asimismo, en todo el Ejecutivo cayó muy mal que se diga que si el Frente Amplio llega al gobierno puede revisar la licitación. "Están amenazando con la ruptura de contratos. Esto es muy serio porque están tratando de erosionar la confianza de la gente que viene al país a invertir", resaltaron los informantes.

En el mismo sentido, el secretario de la Presidencia, Raúl Lago, ratificó públicamente la realización de la subasta y advirtió que la misma refiere "al uso del espectro radioeléctrico" donde "no hay ninguna venta".

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, declaró que la competencia ha significado rebajas en las tarifas y consignó que ese es el motivo final para el mantenimiento del remate público.

URSEC. El director de la Ursec, Mario Bergara, afín a la izquierda, dijo que el procedimiento competitivo "no va en absoluto contra pronunciamientos populares ni contra el marco legal" y que se ha diseñado "en forma abierta y transparente". También el director herrerista, Juan José Camelo, defendió el llamado, cuya oportunidad fue cuestionada por su compañero de sector y director de Antel, Oscar González Alvarez.

Bergara recordó que incluso Antel tuvo la oportunidad de opinar sobre las características del pliego de condiciones el cual fue aprobado en su diseño original por el Tribunal de Cuentas con el voto conforme del ministro del Encuentro Progresista, Ariel Alvarez. Tras una subasta que resultó fallida en 2001, la Ursec volvió a poner a consideración del órgano de contralor el pliego, y éste argumentó que sus controles sobre la convocatoria serían hechos a posteriori de una eventual adjudicación. Bergara aseguró que el pliego para el llamado de esta semana "es igual en un 95% al que el tribunal aprobó". El director de la Ursec dijo que no se ha recibido ningún indicio de que Telefónica de España y la mexicana América Móvil —las dos precalificadas para el procedimiento competitivo— vayan a desistir de participar.

"Es correcto que la situación que gatilló el llamado fue el planteo de América Móvil que presentó una carta haciendo saber de su interés. Es una cosa muy distinta que esto tenga nombre y apellido. Esto es un llamado abierto. Lo que pasa es que el país es chico y el mercado reducido. Ojalá hubiera un número más importante de interesados", comentó.

Cada uno de los lotes del espectro radioeléctrico que salen a la venta tienen una base de U$S 6 millones. La Ursec prevé que el Estado tendrá una recaudación de al menos U$S 24 millones porque se esperan vender cuatro lotes, comentó Camelo.

La Ursec espera que a raíz del llamado se incorporará un tercer actor al mercado de la telefonía móvil que se sumará a Ancel y Movicom Bell South (adquirida por Telefónica de España).

"¿A quién perjudica el llamado? No veo que perjudique a nadie. Antel está preparada y ha tenido un éxito brutal con los aparatos GSM. El que llegue viene de atrás", sostuvo Camelo.

Tanto Telefónica Móvil como Telefónica de España tienen la intención de presentarse al llamado a pesar de las objeciones políticas y ya han constituido entre ambas garantías por alrededor de U$S 8 millones.

Un ejecutivo de estas empresas comentó a El País que con el criterio del Frente Amplio, si esta fuerza llega al gobierno, debería revisar la concesión de espectro que se realizó en 2002 a la empresa Abiatar (Movicom Bell South, que será absorbida por Telefónica de España).

En el caso de América Móvil tiene prevista desde el momento de la adjudicación hasta la primavera una inversión de alrededor de U$S 50 millones.