El senador y líder del MPP José Mujica llegó con paso firme y decidido a la reunión de la Mesa Política. Traía en su carpeta el proyecto elaborado por su grupo —único que lo apoya dentro de la coalición, cabe agregar— de topear los sueldos de los que ocupen cargos de confianza en caso de que el Frente Amplio llegue a ser gobierno. La propuesta de los tupamaros, apoyada en las banderas de "valores" y "moral", conceptos diferenciadores de un gobierno de izquierda, siempre de acuerdo a la opinión de los que la formularon, establecería la remuneración del presidente de la República, en este caso lo sería el Dr. Vázquez, en unos 1.500 dólares y en no más de 1.000 la de otros funcionarios de importancia en esa administración, entre ellas la de los intendentes.
Realmente el planteo del MPP marca un fuerte contraste y crea absurdas diferencias con el actual panorama salarial en la esfera del Estado. Por ejemplo con el que ofrece actualmente la Intendencia Municipal de Montevideo, en manos de la izquierda desde hace cuatro períodos. En el Palacio de Ladrillo los sueldos actuales están muy distantes de guardar concordancia con esa imagen de "moral" y "austeridad" que Mujica quiere ofrecer; allí los siete directores de Departamento ganan, cada uno, $ 37.413 por mes, los directores de división, $ 29.930 cada treinta días per cápita y los secretarios de las juntas locales embolsan cada día 29 $ 29.107. Eso sin contar con los 300 "becarios" que deambulan por los pasillos de la intendencia sin tener nada que hacer excepto cobrar su sueldo a fin de mes.
Ante este panorama patrocinado y —sobre todo— usufructuado por correligionarios no resultó extraño que todos los restantes grupos frenteamplistas se opusieran al plan Mujica, no obstante este se pavoneara luego del éxito obtenido. Porque la resolución final de la Mesa Política fue trasladar el tema del tope salarial a la reunión que celebrará este organismo en setiembre, ya en el umbral de las elecciones, lo que en buen romance debe leerse como el entierro del proyecto.
El tope salarial planteado por Mujica, además de demagógico e irreal, ofrece otra brecha para la crítica, si finalmente fuese aprobado. Eso significaría que la actividad política quedaría reducida a aquellos ciudadanos de sólida situación económica. Lo menos democrático que se pueda concebir.