Técnicos critican rebaja de impuesto a los sueldos

RICARDO SOSA | OSCAR VILAS

Aplaudida desde todos los sectores políticos, la decisión del gobierno de reducir el adicional del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) es cuestionada desde el ámbito técnico, porque varios de sus integrantes consideran que los recursos destinados a ese fin deberían haberse aplicado a asegurar la sustentabilidad de la deuda —aumentando el superávit primario (antes del pago de intereses)— o amortizando parte de ésta. Desde el gobierno se defiende la medida aduciendo que era "un deber moral" respetar la transitoriedad del impuesto que fue aplicado en febrero de 2002 y aumentado en mayo de ese mismo año.

El consultor independiente Michele Santo dijo a EL País que la medida es "inobjetable desde el punto de vista político" pero no desde la visión macroeconómica. Con menos crecimiento en 2005 y la casi certeza de una suba de tasas internacionales, el gobierno "debería ahorrar toda la recaudación impositiva para incrementar el superávit primario" o "amortizar" deuda.

Un conocido analista, que pidió no ser identificado, calificó la decisión del gobierno como "una mala señal" y sostuvo que existe contradicción en el discurso oficial. "Mientras se habla de ir a un superávit primario de 4% en 2005 cuando va a haber menos crecimiento no se hizo lo mismo este año donde tenia todo para hacerlo", sostuvo el economista.

Otro economista, el que también pidió reserva de su nombre, calificó la decisión de "contradictoria". Ello se debe a que el jueves por la mañana, en un acto celebrado en la Cámara Nacional de Comercio, el ministro Isaac Alfie sostuvo que las cuentas públicas aún son deficitarias y resaltó que es "fudamental" que el frente fiscal "mejore sus solidez en el mediano plazo", pero pocas horas después anunció una pérdida de recaudación de $ 2.600 millones anuales por la rebaja del IRP, sostuvo el técnico consultado.

DEFENSA. Desde Economía se explica que la decisión se tomó porque la recaudación muestra un "comportamiento muy bueno", y porque se está aplicando un "férreo control del gasto", lo que le permitirá al gobierno cumplir los objetivos fiscales pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), "aún sin disponer de los recursos generados por el IRP adicional".

El ministro Alfie y el resto del equipo económico asegura que el gobierno tenía el "deber moral" de reducir el IRP aumentado en 2002 y que con la decisión de esta semana lo que se hizo fue "cumplir" con el compromiso asumido entonces.

Uno de los técnicos consultados mostró sorpresa poque la rebaja del IRP no haya sido objetada por el FMI, el que, a su juicio, debería haber exigido al gobierno aumentar el superávit fiscal.

Sin embargo, una fuente oficial dijo a El País que la decisión fue comunicada al Fondo antes de anunciarla en Montevideo. El informante aseguró que la decisión "no fue cuestionada" porque el gobierno, pese a la pérdida de recaudación, "cumplirá con los objetivos fiscales".

PASIVOS. El director en representación de los activos en el Banco de Previsión Social, Ariel Ferrari, criticó que se haya hecho mayores rebajas para los pasivos que para los trabajadores de ingresos medios y altos. "Si un jubilado ganaba $ 100 mil antes se le descontaba $20 mil y ahora $ 2 mil. En cambio al trabajador se le descontaba $ 18 mil y ahora se le descuenta sólo $ 3 mil menos", dijo Ferrari.

El subsecretario de Economía, Alvaro Rossa, dijo ayer a radio El Espectador que "en las pasividades el esfuerzo es mayor, porque entendemos que los jóvenes activos pueden esperar un poco más que lo que puedan esperar los pasivos".

La estrategia a seguir ante los frutos de la recuperación dividen al ala económica pura del gobierno, representada por el ministro Isaac Alfie, el ala económica política, liderada por su antecesor y senador colorado Alejandro Atchugarry.

Ha sido el ex ministro el que incrementó en las últimas semanas las gestiones por mayores recursos para extender el beneficio del sistema de asignaciones familiares y promover el descuento del IVA para las compras con tarjetas como forma de incrementar las operaciones formales y darle más aire al consumo.

En el caso de la primera iniciativa, a través de un proyecto de ley, es acompañada por el titular de Trabajo, Santiago Pérez del Castillo. El del IVA la idea es defendida por el director de DGI, Eduardo Zaindestat. Los ex subordinados de Atchugarry le han tenido que decir varias veces que no a su antiguo jefe y es que además de la baja del IRP "no hay margen para nada", como dicen en Economía.