Mercado inmobiliario exhibe una sostenida recuperación

Aunque el año electoral apenas se ha puesto en marcha y ninguna certidumbre se vislumbra en el escenario político, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), Wilder Ananikian, ha visto necesario en forma reciente salir al cruce de algunos operadores del sector que auguran que 2004 será un mal año en los negocios inmobiliarios. "Nadie teme lo que suceda en las próximas elecciones. Las compraventas de inmuebles de la capital aumentaron, porque hay buenos precios y una buena proyección de rentabilidad, en la que la educación costo-beneficio cierra", aseguraba ya en marzo Ananikian desde el editorial de CIUdades, la revista oficial de la Cámara. Y es que a su entender, el negocio inmobiliario corre por carriles en los que no inciden las preferencias electorales. "Desde octubre, el incremento de transacciones nos demuestra que la gente que no invierte en papeles apuesta al ladrillo como inversión segura".

Preocupa, en cambio, a Ananikian, por ejemplo, "la ley de Corredor Inmobiliario, que desde hace quince años está a estudio en el Parlamento, o los rastros de una política de vivienda discordante con la realidad social que se manifiesta en iniciativas como la creación de un fondo de garantías con respaldo del Ministerio de Vivienda y de una institución financiera privada, que alcanzaría a personas con ingresos de entre 30 y 75 unidades reajustables, pero deja por fuera a quienes se encuentran por debajo de esa franja y hacen justamente a la población que el Estado debería atender".

Para Ananikian, proyectos de la Cámara como el que propone que los operadores inmobiliarios privados trabajen la cartera del Banco Hipotecario del Uruguay, estimada en unas 2.500 nuevas viviendas, se alinean en la aspiración de contar con estrategias sociales que consideren los intereses de todos los sectores involucrados.

Uruguay es el único país de América del Sur que no tiene legislación en este sentido", explica. "La promulgación de la Ley de Corredor Inmobiliario, ya aprobada en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, nos permitiría actuar contra el informalismo en el sector y regular la actividad sin tantos esfuerzos".

Además de las 400 inmobiliarias asociadas a la Cámara y de otras 500 empresas establecidas que no pertenecen a ella, se estima que funcionan en el país más de 1.000 inmobiliarias informales. La evasión anual de aportes al Estado alcanza, en tanto, los 4 millones de dólares. El informalismo se adjudicó cerca del 70% de todos los negocios inmobiliarios efectuados en la última temporada en zonas balnearias, alcanza también al sector. En ese mismo sentido se enmarcan las acciones que la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, la Cámara Inmobiliaria de Maldonado y el Colegio Administrador de la Propiedad Horizontal coordinan en estos días con las autoridades del Ministerio de Turismo el trazado de un plan de acción que detenga el informalismo el próximo verano.

El esfuerzo sostenido de la CIU por combatir los problemas crónicos que aquejan al sector se redobla, ahora, dice Ananikian "cuando la tradición uruguaya de contaminar políticamente todo lo que ocurra pretende alcanzar el sector inmobiliario, en defensa de los avances logrados". Porque su optimismo tiene asidero. A la notoria recuperación del sector de la construcción que actúa como motor para el sector inmobiliario, se suma el crecimiento sostenido que registra el número de compraventas de inmuebles en Montevideo, sobre todo en la franja costera. En el último cuatrimestre del año pasado el número de transacciones registro una suba del 32% repecto del año anterior y las realizadas en el bimestre enero-febrero, en tanto, superaron incluso las cifras de igual período de 2002, antes de la crisis.