1. Declarar en estado de emergencia al Poder Judicial de la Nación, a fin de que el retraso que se registra en las causas judiciales que tramitan en todos los fueros (siendo tal vez el más acuciante el registrado en el fuero penal) y en todas las instancias, sea puesto al día, en el plazo que V.E. considere prudente. Para ello, se deberán destinar los recursos económicos, humanos y tecnológicos que sean necesarios.

2. Ampliar el horario de trabajo de los empleados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, para cumplir con un mínimo diario de 8 horas de trabajo (el cual es el horario de trabajo normal que cumple todo ciudadano). En este sentido, se deberá implementar a la brevedad en todos los fueros una extensión del horario de atención a profesionales y al público en general, en la mesa de entradas de los juzgados, lo cual permitirá entre otras cuestiones, aumentar de manera significativa la cantidad de audiencias e indagatorias que diariamente se llevan a cabo en tribunales.

3. Publicar en medios masivos de comunicación las estadísticas públicas de la cantidad de causas judiciales ingresadas y las sentencias dictadas, discriminadas por fueros y por juzgados. En el mismo sentido, se deberá publicar para que la ciudadanía conozca las declaraciones patrimoniales de los jueces y restantes funcionarios del Poder Judicial. Aplicar criterios de valoración, que premien el cumplimiento que jueces y funcionarios del Poder Judicial, hagan respecto de estas obligaciones.

4. Implementar con urgencia un sistema de protección de jueces y funcionarios del Poder Judicial y su núcleo familiar, que investiguen al crimen organizado, de manera de asegurar su permanente y total independencia de criterio.

5. Establecer la revalida periódica de títulos de jueces, fiscales y defensores. Establecer un examen de ingreso con control ciudadano para desempeñarse como meritorio o como empleado del Poder Judicial.

6. Perfeccionar y fortalecer la designación de auxiliares de la justicia en especial lo relacionado con peritos, exigir siempre la máxima capacitación.

7. Implementar un sistema orgánico, transparente y regular para que se puedan realizar auditorias con control ciudadano y en donde se evalúe la eficacia de los juzgados. Alentar que los jueces y funcionarios del Poder Judicial estén presentes en los procesos judiciales cuando las leyes así lo ordenan y como contrapartida destacar y premiar a quienes así lo hagan.

8. Colaborar con las instituciones pertinentes para que se agilicen los procedimientos de designación y remoción de jueces, creación de nuevos juzgados que respondan a necesidades concretas y reales de la actividad jurisdiccional.

9. Contribuir a la implementación inmediata de los juicios por jurados en donde se juzguen delitos graves y aberrantes y aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos. Cooperar e implementar la elección por la ciudadanía de fiscales y comisarios por barrios y/o localidades.

10. Implementar un sistema único de información del Poder Judicial en donde se compile información relativa a víctimas, victimarios y testigos (Red de Redes), unificando bases de datos de los organismos del Estado Nacional, como AFIP, Migraciones, Registro Nacional de Armas, Registro Nacional de Reincidencias y Registro Nacional de las Personas. Procurar que esta Red de Redes esté fácilmente disponible para todos los jueces y restantes funcionarios del Poder Judicial de todas las jurisdicciones y poder así agilizar las causas e investigaciones.

11. Implementar el derecho de opinar de la víctima en el juicio oral, otorgar derechos a víctimas y/o familiares iguales a los que gozan los fiscales.

12. Propender y colaborar en la sanción de códigos procesales unificados entre Nación y provincias en un plazo de 90 días. Ello, a fin de hacer más efectiva la administración de justicia y preservar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los casos ejemplares, en donde estén en discusión los derechos fundamentales de los argentinos, puesto que la emergencia no es un problema único del Poder Judicial de la Nación, sino de la mayoría de las justicias provinciales.

Fuente: Clarín