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Según la declaración, ministros y secretarios de estado del ex presidente argentino cobraban 50.000 dólares de sobresueldo por mes
Testigo denuncia que funcionarios de Menem recibían sobresueldos

Buenos Aires - Un ex funcionario del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) reveló hoy durante un juicio oral por corrupción que ministros y secretarios de estado del ex presidente cobraban cada mes 50.000 dólares de sobresueldo sin firmar recibo alguno.

Roberto Martínez Medina, secretario privado del ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo durante la gestión menemista (1989/99), confesó que él mismo estaba encargado de retirar el dinero, entregado por quien era entonces secretario privado del jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez.

La declaración, en calidad de testigo, fue realizada durante el juicio oral que se le sigue a la ex ministra María Julia Alsogaray, la "dama de hierro" del menemismo.

Alsogaray, encargada de las privatizaciones de la companía de teléfonos y la mayor acería estatal, entre otros altos cargos, como la de secretaria de Medio Ambiente y Recursos Humanos, es acusada ahora de fraude al Estado.

El testigo indicó que una vez cobrada la suma se la entregaba en mano a Granillo Ocampo y denunció que, con esos fondos, el funcionario "compró tres pisos (plantas) nuevos de 200.000 dólares cada uno para sus hijos" y "mejoró su bodega en La Rioja (provincia del noroeste)".

Granillo Ocampo está siendo investigado por el juez federal Norberto Oyarbide por supuesto enriquecimiento ilícito.

Granillo Ocampo está siendo investigado por el juez federal Norberto Oyarbide por supuesto enriquecimiento ilícito.

Según el testigo, el sobresueldo era recibido por "todos los ministros del Poder Ejecutivo y los secretarios de organismos descentralizados que dependían de la Presidencia de la Nación", como la secretaría encabezada por Alsogaray.

Los integrantes del tribunal le preguntaron si conocía de dónde provenía el dinero, pero contestó en forma negativa.

El juicio oral y público contra Alsogaray, de 61 años, comenzó el martes 13 de abril y el delito de la que se le acusa, enriquecimiento ilícito, contempla una pena de hasta seis años de prisión.

La ex funcionaria está acusada de haber incrementado ilícitamente su patrimonio en al menos 2,5 millones de pesos (entonces la misma cifra en dólares, ahora unos USD 890.000) desde que actuó en la función pública durante la década menemista.

AFP


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