El gobernador bonaerense, Felipe Solá, anunció esta mañana que el Servicio Penitenciario Bonaerense quedará a cargo del interventor Ricardo Cabrera y que la institución será declarada en "estado de emergencia" mediante un proyecto de ley que será enviado a la legislatura provincial.
En una conferencia de prensa, Solá sostuvo además que los sumarios iniciados al personal penitenciario por irregularidades serán investigados por "una estructura externa" creada por el Ministerio de Justicia provincial y añadió que por el momento los 40 jefes de la institución están "ratificados en sus cargos" hasta que el interventor defina su situación.
Por otra parte, adelantó que se modificará el escalafón y las condiciones de formación hasta alcanzar la desmilitarización del servicio.
El gobernador informó que de ahora en más el Servicio Penitenciario pasará a ser controlado "en forma absoluta" por el Ministerio de Justicia bonaerense, y anticipó la participación de civiles en la conducción de ese ente.
Solá ratificó también que 40 jefes de las unidades penitenciarias de la provincia continuarán en sus funciones hasta tanto lo disponga el nuevo interventor y adelantó que se iniciará una profunda investigación de los sumarios y los patrimonios de estos funcionarios.
Finalmente, anticipó la construcción y ampliación de unidades penitenciarias para albergar a cerca de 3 mil reclusos.
En base a La Nación Line
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