Mayoría frentista opuesta a poner cifras a tope salarial

En caso de que el senador del Movimiento de Participación Popular, José Mujica, hubiera mantenido su moción para definir en el Plenario Nacional del Frente Amplio los montos del tope salarial de los gobernantes, para la eventualidad de que gane la izquierda las próximas elecciones, esa propuesta habría resultado rechazada.

El Movimiento de Participación Popular (MPP), el Movimiento 26 de Marzo, la Corriente de Izquierda y la Liga Federal eran los únicos sectores dispuestos a votar la moción presentada por el senador tupamaro para topear el salario del presidente de la República en 1.500 dólares, y el de los ministros e intendentes en 1.000 dólares en el Plenario Nacional del Frente Amplio, aseguraron a El País fuentes de varios sectores frentistas consultados.

Si bien la mayor parte de los dirigentes hizo hincapié en el acuerdo que se llegó para retirar los montos concretos y que el tema sea motivo de un análisis de una comisión que integrará la Mesa Política de la coalición de izquierda, el asunto fue motivo de intensas negociaciones durante el Plenario, para seducir al MPP que retirara la moción.

Este tema de los topes en los salarios de los gobernantes en un eventual gobierno de izquierda no es nuevo en la historia del Frente Amplio. En 1971 el entonces secretario general del Partido Comunista del Uruguay, Rodney Arismendi planteó que el máximo salario de los gobernantes de izquierda fuera equivalente al que recibía un obrero calificado.

Más recientemente en el tiempo, en la campaña electoral pasada, la propuesta fue de la Corriente de Izquierda que planteaba un salario de 1.000 dólares para todos los cargos de gobierno, planteo que ni siquiera fue considerado entonces.

ANTIDEMOCRATICO. El tema del retiro de la moción original de Mujica que contenía las cifras, generó un fuerte choque el lunes en el Plenario Nacional entre la Corriente de Izquierda y el vicepresidente de la coalición, Jorge Brovetto, que fue acusado de tener una actitud "antidemocrática". El episodio se produjo cuando se iba a poner a votación la moción acordada por la mayoría de los sectores del Plenario a excepción del Corriente de Izquierda. La moción, que fue la finalmente aprobada, establece el criterio de fijar topes, pero no determinar sus montos.

Según dijo entonces el dirigente de la Corriente de Izquierda Juan Fernández, el reglamento del Plenario establece que alcanza que un solo sector reclame poner a votación una moción presentada en la mesa, para que ésta sea considerada por el órgano. Fernández reclamó esto a Brovetto, pero el vicepresidente no tomó en cuenta esa solicitud, lo que generó la reacción del dirigente de la Corriente de Izquierda que acusó a aquel de tener una actitud "antidemocrática".

Para la directora de Recursos Humanos de la Intendencia de Montevideo, Hyara Rodríguez, los directores municipales no deben publicar su estado patrimonial en internet ya que, a su criterio, han dado muestras de "transparencia" a la hora de administrar la ciudad.

"Ningún director entró a la Intendencia con menos capital del que tiene ahora. No se necesitan pruebas porque las actitudes que tenemos nosotros al frente del municipio alcanzan y sobran. Son más de diez años manteniendo una conducta recta", comentó.

El Plenario Nacional del Frente Amplio aprobó a instancias del diputado de la Corriente Popular, Carlos Pita, una disposición por la que los gobernantes frentistas tendrán que publicar su situación patrimonial y permitir el levantamiento del secreto bancario de sus cuentas, actualizando esta información periódicamente. La directora dijo que las autoridades municipales no utilizan los autos oficiales para asuntos particulares sino que por el contrario andan en ómnibus y pagan boleto.

"No creo que nadie tenga problema en publicar su estado patrimonial pero no creo que sea necesario. La gente sabe que los directores que estamos desde Tabaré Vázquez no aceptamos gentilezas de nadie", indicó.

Recordó que antes de asumir un cargo de confianza en la Intendencia de Montevideo se entrega un estado de patrimonio que queda lacrado.

"Sólo ante la sospecha de algún hecho irregular se abre. Nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie porque nuestra conducta y los hechos son suficientes", concluyó.