MONTEVIDEO | AFP
La caída de presidentes como resultado de protestas populares se ha vuelto una costumbre en América Latina, vulnerando un sistema democrático que busca consolidarse tras la salida de las dictaduras en los años ’80.
La desigualdad, la mala gestión, la corrupción, el descrédito de las instituciones y de los partidos políticos, así como la debilidad de los gobiernos, alimentan un descontento cuya raíz está en la insatisfacción de las expectativas generadas en la transición democrática de aquellos años.
Haití (2004), Bolivia (2003), Venezuela (2002), Ecuador (1997 y 2000), Argentina (2001), Paraguay (1999) han sufrido en los últimos años el derrocamiento de presidentes en el marco de crisis sociales, económicas y políticas de importantes proporciones.
Otros países latinoamericanos, pese a que no han sufrido renuncias de mandatarios, padecen gobiernos débiles y crisis sociales y económicas alimentando temores de que el fenómeno se extienda.
El apoyo a la democracia en América Latina alcanzó en 2003 un promedio de 53% (61% en 1996, 56% en 2002), en tanto la satisfacción con el sistema fue de 28% (27% en 1996, 32% en 2002), según la encuesta de Latinobarómetro, que procesa datos de 17 países de la región.
Aunque el sondeo afirma que el apoyo a la democracia "es robusto", matiza que el mismo es "no consensuado", ya que de las cifras se desprende que un 47% no manifiesta apoyo al sis- tema.
DESLEGITIMACION. El historiador uruguayo y director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Montevideo, Gerardo Caetano, consideró que "si bien hay una deslegitimación muy fuerte de las dictaduras tal cual las conocimos, no significa que no hayan golpes de Estado de nuevo cuño", que es lo que hemos visto últimamente.
El doctor en ciencia política chileno Patricio Navia calificó de "nefasta" y claramente "no democrática" la caída de mandatarios en el marco de protestas populares.
"Más que una amenaza, representa la verificación de que la democracia no está funcionando. No se puede recurrir a formas no democráticas para fortalecer a la democracia", añadió el analista chileno.
Caetano afirmó que si bien hay, como dice Giovanni Sartori, "un triunfo ideológico de la democracia", "eso no quiere decir que no haya peligros porque hay una gran confusión" sobre la definición y el alcance del sistema.
Por un lado, una definición que privilegia las formas de la democracia representativa, con elecciones periódicas, división de poderes, y respeto a los derechos constitucionales.
Por otro, una definición de contenido social, que afirma que la democracia debe garantizar sobre todo educación, salud, y una distribución del ingreso que asegure un piso mínimo a la población.
FORMAS. Caetano entiende que el funcionamiento de la democracia está garantizado por el estricto cumplimiento de las formas, y que los contenidos sociales no dependen del sistema sino de las políticas que aplica un gobierno.
Navia reconoció que "sin esas formas podemos justificar regímenes autoritarios que dicen buscar el bien común, (pero) la democracia necesita generar resultados (sociales) positivos. La democracia formal es una condición necesaria, no suficiente para tener sociedades libres y pluralistas".
"En el largo plazo, la democracia es incompatible con tasas de desigualdad tan altas como las que existen en América Latina", afirmó.
DEUDA SOCIAL. El BID advierte en su último informe que "las deudas sociales acumuladas durante la crisis son una amenaza para la estabilidad a mediano plazo de América Latina" y debido a ello "hay un considerable descontento en la región, no sólo con la administración económica sino con los resultados de la democracia".
En tanto, el Informe Anual 2003 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgado en marzo, afirma que los regímenes democráticos en la región "no han logrado una institucionalidad y cultura democrática suficientes (...) obstaculizando el imperio de la ley, afectando la vigencia de los derechos fundamentales" y "generando un clima apto" para "crisis sociales con impacto político-institucional".
CREDIBILIDAD. No sólo el Poder Ejecutivo sino otras instituciones atraviesan crisis de credibilidad en países latinoamericanos. En Argentina, el Poder Judicial recibe una aceptación de 2% (igual que los partidos políticos), mientras el Parlamento recibe una aprobación de 1% (igual que los sindicatos), según una encuesta de marzo del Centro de Estudios Nueva Mayoría.
Latinobarómetro afirma que "el excesivo énfasis en la visión institucional de la democracia" tiene como "consecuencia (...el) descrédito a todas las instituciones (...) y la permanencia de valores no democráticos en la masa de la población".
Quizás los latinoamericanos deban tener presente la frase que hace más de medio siglo pronunció Winston Churchill: "la democracia es el peor de los sistemas de gobierno, con excepción de todos los demás".