Inmobiliarias denuncian la competencia desleal pública

Los operadores inmobiliarios denunciaron que el fondo de garantía a estudio del Ministerio de Vivienda se transformará en "una competencia desleal" al tiempo que remarcaron que la iniciativa forma parte del "juego electoral" del gobierno.

Asimismo critican que el plan se "apartó" de su objetivo de atender a los sectores más carenciados.

El presidente de la Cámara de Inmobiliarias del Uruguay (CIU), Wilder Ananikián, adelantó a El País que el programa "va a salir a competir" en el área de personas con ingresos de entre 30 y 75 Unidades Reajustables e incluirá a un banco privado que "actuará calificando los riesgos, administrando alquileres y quitando el negocio a las empresas especializadas".

"El plan se apartó de su cometido que es atender a las personas de menores recursos. Hoy el ministerio tiene U$S 1,5 millones depositados en el Banco Central con lo que podría garantizar el arrendamiento de entre 15 mil y 20 mil familias con alquileres de montos pequeños".

En un editorial publicado en la revista de la CIU en su edición de marzo, Ananikián sostuvo que "lanzar una especie de monopolio mixto que representa una competencia directa y desleal al negocio inmobiliario, cuando el gobierno en realidad debería aprontar sus valijas para ceder el espacio al nuevo inquilino que venga, no puede ser otra cosa que juego electoral".

Los agentes mantuvieron reuniones con técnicos del ministerio y del banco donde expusieron su oposición al cariz que está tomando el proyecto. La iniciativa todavía no está operativa y es llevada adelante por el subsecretario de Vivienda, Oscar Brum.

"El proyecto no va a caminar si nosotros no lo apoyamos y no lo haremos porque va en contra de su objetivo inicial", dijo el empresario.

El asesor jurídico de la gremial, Santiago Carnelli, dijo que el plan del gobierno "procura duplicar el mecanismo de garantía que en la actualidad brindan la Contaduría General de la Nación y Anda y niega una solución real a los que hoy están impedidos de obtener garantías de alquiler".

Para el abogado la competencia desleal es evidente ya que es la institución bancaria que recibirá un "formidable respaldo estatal", cuando los demás actores del mercado no lo tienen.

Por su parte Ananikián dijo que mientras el gobierno no atiende el acceso a la vivienda a los sectores más vulnerables en los asentamientos se crea un circuito de transacciones inmobiliarias ilegales.

Los empresarios han sugerido adoptar medidas para permitir el acceso a la vivienda de quienes no pueden demostrar ingresos por trabajar en forma ilegal o ser cuentapropistas. "Se puede exigir su nivel de egresos, cuánto pagó de luz, de agua u otros gastos en lugar de los ingresos. Otra forma es crear un seguro de alquiler, que sea contratado por el inquilino", argumentó Ananikián.