PARAFRASEANDO el título del editorial de un Semanario del Frente Amplio donde se expresa, erróneamente, que el Ministro de Educación y Cultura prohibió al sumariado Fiscal de Corte acceder a una invitación que le cursaran las Comisiones de Legislación del Senado y de la Cámara de Representantes, —"Peri tiene el Parlamento prohibido", dice—, puede sostenerse que Cuba tiene el Parlatino prohibido. Lo que es mucho más grave.

El Parlamento Latinoamericano había fijado para los días 1o. y 2 de abril próximos una reunión de su Mesa Directiva que debía cumplirse en La Habana y donde participarían también las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Política Carcelarias y de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración, así como la de Energía y Minas.

Ya había llamado la atención que en la convocatoria de este encuentro, de fecha 6 de mayo del 2003, dispuesta por dieciséis Legisladores de diferentes países americanos, se hablaba de "debatir nuestra unidad continental, la defensa de los derechos humanos y sociales y el constante perfeccionamiento de la soberanía y la democracia en América Latina", una larga parrafada que en el título del Programa de Actividades, firmado por una Senadora argentina, fuera sustituido por otro más breve y ascético: "Unidad Continental y Soberanía en América Latina".

CONSTREÑIDO, casi seguro, para no irritar a Fidel Castro y prevenirle un derrame biliar, hay que reconocer sin embargo que en el detalle del Programa figuraban los asuntos suprimidos en el acápite, asignándose a un Panel convocado para el día 1º de abril, de 15 a 18 horas la consideración del tema: "Democracia en América Latina" e incluyendo la lectura de una ponencia del Lic. Jorge Arias, auspiciada por la Fundación Konrad Adenauer. Otro Panel, al día siguiente, entre las 9.15 y las 12 horas, tenía previsto analizar los "Derechos Humanos y Sociales en América Latina", bajo la conducción del Diputado Luis Rodríguez Mena, del Partido de Liberación Nacional de Costa Rica, habiéndose llegado hasta reservar democráticamente cuarenta y cinco minutos, —de 10 y 45 a 11 y 30—, para que un miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba hiciera una exposición, e incluso, defendiera a su país si fuera acusado. Más garantías, era imposible que se les otorgaran.

Es oportuno agregar que nuestra Cámara de Representantes, el 23 de abril de 2003, aprobó una resolución condenando la violación de los derechos humanos en Cuba y repudiando el fusilamiento de tres ciudadanos, luego de un juicio sumario que se llevó a cabo en sólo nueve días, encomendando a los representantes que concurrieran a la reunión fijada para el 2004 que entregaran "esta declaración a todos sus miembros y se dé lectura a la misma en dicho ámbito, así como a plantear la inclusión del tratamiento de esta cuestión en la mencionada reunión".

A ella debe sumarse otra del 3 de marzo pasado, en el mismo sentido, denunciando la interceptación de llamadas telefónicas de Legisladores uruguayos por parte de Servicios de Inteligencia cubanos.

Por si faltara algo, veintinueve Organizaciones habían solicitado ya audiencia a la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino, desde una "Sociedad de Periodistas Manuel M. Sterling", "Periodistas Independientes" y "Agencia de Prensa Libertad" hasta el "Frente Femenino Humanitario Cubano", el "Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia" y el "Movimiento Cristiano de Liberación", además de cinco familiares, cinco mujeres que tienen sus maridos presos.

Nada de todo esto podrá cumplirse ahora al haber prohibido la dictadura cubana su realización, después que estaba todo en marcha y a escasos veintiún días del fijado para su comienzo.

HAY que agradecer muy especialmente al periodista y nominal diputado cubano Lázaro Barredo Medina que durante su reciente visita a nuestro país, con el pretexto de presentar un ya viejo libro que fuera editado en el mes de junio del año pasado, denunciara desde la Intendencia de Montevideo y a través de entrevistas radiales y periodísticas, que se estaba armando "un grupo conspirativo para usar el Parlatino Latinoamericano y crear un conflicto en esa reunión que será en La Habana", acusando directamente a un legislador del Partido Nacional y a otro del Partido Colorado de "entrometerse en asuntos internos del pueblo cubano y de tramar una conspiración contra mi país", así como de estar coordinando actividades "con grupos contrarrevolucionarios asentados en Miami, República Dominicana, España y Cuba".

En la misma oportunidad, el Cónsul de Cuba hizo un llamado a todos los pueblos y gobiernos que integran la Comisión del Parlamento Latinoamericano "a que no se sumen a esa política que intenta justificar el bloqueo económico, comercial y financiero que nos tiene impuesto más de 45 años".

Evidentemente, sus palabras no tuvieron ningún eco y nadie le hizo caso, ya que de haberlo tomado en serio, no hubiera sido necesario que Fidel Castro prohibiera la reunión.

De cualquier manera, si no fuera por esa denuncia "urbi et orbi", lanzada en forma tronituante desde el Salón Dorado de la Intendencia Municipal de Montevideo, a vista, paciencia y complicidad del titular de la Comuna —que se encontraba sentado a la izquierda del protagonista—, el encuentro de La Habana habría pasado casi desapercibido.

HAY que dejar constancia, pues, del reconocimiento internacional que ambos se merecen en atención a la divulgación pública y previa que realizaron del evento, alertando sobre sus riesgos.

Lo que más llama la atención es que el espionaje telefónico, la violación de los fueros parlamentarios y la suspensión de la reunión de La Habana hayan tenido lugar en el mismo momento en que Cuba está desplegando una intensa actividad con el propósito de impedir que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se encuentra reunida en Ginebra, apruebe una resolución condenatoria contra la dictadura que asuela la isla desde hace cuarenta y cinco años. No "más de", como dijo el Cónsul.

Con actitudes como las que comentamos, parece difícil que vayan a lograrlo.