La realidad se impone

Los uruguayos que se van —como lo harán quienes lamentablemente siguen haciendo cola en consulados extranjeros— cuando salen al mundo, trabajan y se habitúan a condiciones de vida muchas veces muy duras, alejadas de las costumbres nacionales. Incluso, trabajan de una forma que quizás no aceptarían en nuestro país.

Las condiciones de los emigrantes orientales suelen no ser oro que reluce. El resultado material no está exento por doquier de sacrificios y es común se trabaje en sistemas laboralmente desregulados.

En los Estados Unidos de Norteamérica —por ejemplo— la cosa no es nueva, ya que —desde siempre— la fuerza sindicalizada es reducida (un 8% de la fuerza de trabajo) y el trabajo está totalmente liberalizado. Sólo están regulados a nivel federal el horario, las horas extras y 15 días de vacaciones al año. Y, tibiamente, el salario mínimo nacional que se determina por ley del Congreso.

En Europa, con matices y una tradición de regulaciones importante, también ha habido una evolución sobre la materia que se va consolidando desde hace años.

En nuestro país —por su parte— el gobierno nacionalista instalado en 1990, promovió varias medidas relevantes. La desregulación salarial, la liberación de los horarios de apertura de los comercios siempre que se respeten las normas vigentes, la eliminación de cientos de miles de trámites (como los comunicados de licencia por ejemplo) y otros relativos a la aportación a la seguridad social: sistema de contratación de empresas unipersonales, exoneración de hasta un 20% del sueldo por alimentación y beneficios dados a la familia del trabajador, exoneración total de aportes de uniformes y herramientas, etc., (hoy recogidos por la ley 16.713).

La única medida relevante posteriormente adoptada fue la reducción de la prescripción de los créditos laborales, bajando el plazo de 10 años a 2, lo que se dispuso en aras de promover las inversiones (hoy somos proporcionalmente uno de los países que menor inversión extranjera convoca en el continente).

En este caso —de todas maneras— perjudica al empleo el Banco de Previsión Social y el sistema leonino de sus sanciones, que prescriben a los 10 años, desde que se produjo el hecho generador del tributo. La bola de nieve punitoria desalienta emprendimientos y expulsa mano de obra.

Los cambios tecnológicos, la internacionalización de la economía que obliga competir con calidad y precios y los cambios del mercado de trabajo con un ingreso masivo de mujeres y jóvenes a él, son —resumidamente— razones que obligan a repensar conceptos laborales emergentes de la vieja Revolución industrial.

Las desregulaciones pueden hacerse por medio de decisiones de Estado o por negociación entre empresarios y trabajadores.

Hay en el país ejemplos de desregulaciones negociadas con sindicatos, impuestas por la alternativa de perder en caso contrario las fuentes de trabajo.

En este sentido ante la necesidad ha sido más vigorosa la inteligencia de los negociadores gremiales que las ideas de los teóricos de la economía y del derecho.

De todas formas en el campo privado la crisis del empleo lleva a la inexistencia de organizaciones sindicales significativas y lo que abunda es el informalismo, la tercerización y el trabajo autónomo, que apunta —en este caso— a evitar por los empresarios las sanciones fiscales y los riesgos de la reclamación laboral. Vivimos un cambio en el que la realidad se ha impuesto, revolucionando para bien o para mal, lo que conocíamos hasta no hace mucho.