El tema de la corrupción, como las mareas, tiene flujos y reflujos entre nosotros, generalmente al impulso de las posibilidades que ofrece para el ataque político. La sensibilidad ética pura y simple, la indignación sin segundas intenciones, es cada vez más rara, y sólo asistimos a deflagraciones puntuales, de cuando en cuando, cuando se destapa algún caso sonado. Lo que pasa es que los casos sonados son cada vez más resonantes; cuando parecía que las explicaciones de Lausarot para justificar el pase en comisión de un aduanero delincuente eran el colmo, ahora tenemos a este diputado socialista por Río Negro que tiene en comisión un ñoqui internacional: vive en Centroamérica y cobra acá.
Todo esto desvía la atención de otro aspecto de la corrupción pública que es el daño económico. En este sentido resulta de interés leer lo que ha escrito el economista Alberto Ades sobre Argentina. Lejos de entretenerse en la picaresca política de su país, tan fecunda como pintoresca, dirige su atención a las fuentes sistémicas de corrupción institucional. El caso paradigmático es el del funcionario (o la oficina) que tiene potestad para decidir cuál sector de la economía nacional debe ser subsidiado o cuál actividad debe ser protegida de la competencia extranjera. Semejante decisión crea, a favor del sector protegido, una ganancia extraordinaria que, potencialmente, pude ser gravada por una exacción o coima. Queda de manifiesto que la corrupción pública está inevitablemente enrabada con alguna corrupción privada. (Un caso interesante es el de Parmalat y la familia Tanzi en Italia). En la Francia premoderna o en la India del siglo XX el cargo de inspector impositivo se compraba. Añado, para sazonar esta exposición, una anécdota de aquel legendario viaje que hicimos con el recordado Oliú a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para hablar con Wilson. Allí, entre otras curiosidades, nos enteramos que el cargo de director de la aduana local duraba seis meses. Preguntamos, curiosos, por qué. Nos explicaron que antes había muchos líos, pendencias y muertes por el cargo: ahora el que es nombrado sabe que tiene seis meses y que luego le tiene que dejar el lugar a otro; parecía un sistema más justo de distribución de utilidades.
Argentina, según Ades, ofrece condiciones sistémicas para el desarrollo de la corrupción por varias razones: porque es una economía bastante cerrada al comercio internacional (la nuestra lo es más); con importantes sectores económicos concentrados en un número limitado de jugadores (en nuestro país sólo 20 empresas, el 1.1% del total, fueron responsables el año pasado del 40.6% de las exportaciones: las 10 primeras exportaron el 28.3% del total); con un poder judicial dependiente del poder político (en eso estamos muy por arriba de ellos), y con una parte importante de la prensa dependiendo del soporte financiero del estado (en esto nos hemos corregido bastante, pero todavía falta).
El Instituto Di Tella señala respecto a la Argentina: "dadas semejantes condiciones, el reclamo-slogan «que se vayan todos» carece de sentido. Nuestro problema no es la contextura moral de los políticos de hoy, o los de ayer, ni tampoco la de los que vendrán mañana, sino los incentivos a los que los políticos responden y han respondido, y la capacidad casi ilimitada que tienen para modificar ese sistema de incentivos en beneficio propio o del partido, generando altos niveles de corrupción y baja calidad de políticas".
El tema de la corrupción en Uruguay se ha vuelto chisme salaz o arma política; las denuncias son generalmente hipócritas, porque se supeditan al rendimiento que puedan arrojar en ese uso subalterno. Para que la lucha contra la corrupción sea efectivamente eso y no otra cosa hay que despersonalizarla: hay que abordarla como una cuestión sistémica. Eso no quiere decir proteger a nadie ni abogar por el disimulo sino quitarle su carácter anecdótico y pasajero.