Hasta qué punto se debe defender a un homicida confeso? ¿Es correcto preparar a un testigo para que diga la verdad? ¿Quién decide si vale la pena lanzarse a un juicio: el abogado o su cliente?
El incremento en el número de denuncias contra abogados por conductas impropias llevó al principal colegio de esa profesión a cambiar sus estatutos aumentando la cantidad de integrantes del Tribunal de Honor y a impulsar una ley que generaliza un código de ética que, hasta ahora, sólo obliga a sus asociados.
La iniciativa está incluida en el proyecto de ley de Estatuto de la Abogacía remitida el año pasado al Parlamento. El artículo segundo obliga a los abogados a ajustar su comportamiento al reciente Código de Etica del Colegio de Abogados del Uruguay y los sujeta a la jurisdicción del Tribunal de Honor.
"Nos parecía imperativo tener un código de ética", dice Edith Wieder, presidenta del Colegio. "Había una cantidad de circunstancias, incluso la anecdótica aparición de ‘abogados truchos’".
La percepción de Wieder es que los casos de comportamiento impropio de los abogados "han aumentado en un porcentaje tan importante como para que existiera la necesidad no sólo del Código de Etica, sino de ampliar el número de integrantes del tribunal de honor a nueve miembros para que puedan funcionar por salas".
Explicó que para impulsar esa generalización, el Colegio reformó sus estatutos a fin de que los integrantes del tribunal fueran electos por su trayectoria profesional, en forma individual y con independencia del directorio del Colegio.
Sin embargo, la extensión del tribunal de honor a todos los abogados no es pacíficamente aceptada. El Colegio enfrenta actualmente un juicio por daños iniciado por un profesional que no es miembro de la institución y cuya desempeño fue analizado en un fallo publicado en el boletín del Colegio.
Ope Pasquet, otro integrante del directorio del Colegio, defiende la iniciativa: "Asegura ciertos estándares deontológicos de cumplimiento obligatorio, de forma que la sociedad tenga la tranquilidad de que en la abogacía hay normas y un órgano encargado de aplicarlas".
Pasquet cree que existe una conciencia mayor en la sociedad ante los problemas de comportamiento de los profesionales. "Así como hasta hace muy poco nadie le pedía cuentas a los médicos y hoy los juicios son cosas de todos los días, también los clientes que antes consideraban que la palabra del abogado era santa, ahora reclama y esta bien que así sea".
VEINTE. A pesar de esa mayor conciencia social —y del aumento de reclamos a nivel del Colegio— la cantidad de abogados suspendidos por la Suprema Corte muestran que el trámite no es habitual. En los registros oficiales del organismo sólo figuran 20 abogados suspendidos en los últimos ocho años.
Carolina Calandria, funcionaria de la oficina que se encarga de dar curso a los procedimientos, explicó que en todos los casos los abogados fueron suspendidos por haber sido procesados por la Justicia Penal y ninguno por procedimientos disciplinarios llevados a cabo por la misma Corporación.
La cantidad de abogados suspendidos contrasta con la de escribanos, que suman más de 70. Calandria explicó que los reclamos contra escribanos son más habituales y vinculó el hecho a la fuerte reglamentación de la profesión.
El caso de los abogados es distinto, los casos son complejos y la prueba de comportamientos irregulares mucho más difícil.
EL CLIENTE. Pablo Da Silveira, vicerrector académico de la Universidad Católica, considera indispensable introducir la enseñanza de la ética en las profesiones universitarias y sostiene que las faltas profesionales más difundidas son las que tienen por víctima a los propios clientes.
"El cliente de servicios profesionales en Uruguay está muy desprotegido y hay mecanismos corporativos extremadamente fuertes. Hay muchos casos en que probar que uno fue víctima de una mala práctica profesional es casi imposible".
Da Silveira sostiene que la masificación de las profesiones ha hecho que la tradicional comunicación de valores entre profesionales viejos y jóvenes, así como el autocontrol profesional no sean posibles.
Cree que los abogados "son un caso especialmente visible, sobre todo cuando se piensa en el penalista que construye su carrera profesional defendiendo a personas que han cometido delitos que pueden ser chocantes o escandalosos".
"En el imaginario colectivo suena raro que quien defiende criminales está cumpliendo una función importante para la sociedad".
A pesar de estar a favor de reglas claras en la materia, Da Silveira plantea los reparos de que un colegio profesional controle absolutamente el ejercicio de una función.
"Es bueno que existan colegios profesionales fuertes porque ayuda a dar puntos de referencia a quienes ejercen una profesión, pero también es verdad que hay riesgos: uno evidente es que los colegios tengan la capacidad de decidir cuántas personas pueden ejercer la profesión".
UN PENALISTA. Carlos Curbelo Tammaro es uno de los abogados penalistas más conocidos del país y es de los que está en contra de la extensión del código de ética del colegio.
"La conducta de los profesionales no merece la necesidad de un código de ética porque, además, no se puede imponer coactivamente, aunque siempre es bueno recordar y enseñar a los muchachos una serie de principios para no rebajar la dignidad de la profesión".
Dice que su experiencia profesional se sitúa en el límite de la escala de valores porque toca temas referidos a la libertad y el honor de la gente.
"Yo elijo: no defiendo delitos sexuales, no defiendo rapiñas ni homicidios que delatan una crueldad superlativa. Reconozco que todo criminal tiene derecho a la defensa porque eso constituye el debido proceso legal, pero no defiendo las conductas que me repugnan".
PLEITOS Y VERDADES. El año pasado se recibieron 317 nuevos abogados. Al terminar la ceremonia de juramento en la Suprema Corte de Justicia cada uno recibió un librillo con el nuevo código ético de la profesión. Pero para otros 914 abogados que prestaron juramento entre los años 2000 y 2002 y para miles antes que ellos no existía código expreso.
Para muchos de los profesionales que recibieron ese código fue su primer contacto expreso con el tema. La Facultad de Derecho de la Universidad de la República, de la que sigue egresando la gran mayoría de los abogados, no prevé cursos de ética como asignatura propiamente dicha, aunque docentes y profesionales reconocen la gran incidencia del tema en el ejercicio profesional.
Nicolás Etcheverry, abogado y profesor de ética y deontología jurídica de la Facultad de Derecho afirma que el código vino a colmar un vacío que existió durante décadas y admitió que la universidad pública descuidó durante mucho tiempo el tema.
Aunque no cree que los comportamiento indebidos sean la regla entre los abogados, reconoce que bastan casos aislados para que la imagen de los profesionales se vea afectada.
Etcheverry considera como un aspecto crítico en la relación de abogados y clientes la imprudencia de los profesionales que, por captar un caso, dicen lo que el potencial interesado en sus servicios quiere oír.
"El abogado lo primero que le tiene que decir a su cliente, es toda la verdad, no la verdad a medias", agregando que muchas veces las personas se embarcan en litigios de final incierto.
"En la defensa de casos el límite está en la propia conciencia", dice Etcheverry, pero alerta que "la conciencia debe estar bien formada". "Hay gente que parece olvidar que la conciencia hay que educarla, como se educa un músculo para el deporte".
Explica que toda persona tiene derecho a ser defendida legalmente, aunque el tema es cómo se la defiende. "Cuando defiendo a alguien puedo decir que esto no es tan negro y que hay matices de gris, lo que no puedo hacer es tratar de transformar el negro en blanco y deformar totalmente la verdad".
"La verdad absoluta puede ser inaccesible en un caso, pero hay parcelas de verdades objetivas que se pueden ir descubriendo. En eso consiste un juicio: cinco testigos presencian un accidente de tránsito y cada uno tiene su interpretación, pero eso no quiere decir que existan cinco verdades, el accidente ocurrió de una sola manera".