BPS rechazó pedido de informes del juez que sigue el caso Martín

El Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) rechazó por "cuestiones formales" —falta de fundamentación—, el pedido que el juez Daniel Tapié le efectuó el 14 de febrero pasado para que le remitiera la información relativa a las investigaciones realizadas sobre el caso del director de la División Tránsito de la Intendencia Municipal de Montevideo, Felipe Martín, sobre quien pesa un pedido de procesamiento por evasión de aportes al organismo previsional.

Fuentes políticas dijeron a El País que el juez actuante en la causa envió un oficio al BPS pidiendo que le remitieran la información para concluir con el diligenciamiento del asunto y la Sala de Abogados del banco estatal le contestó que como un artículo de secreto tributario sostiene que la resolución del juez penal debe ser fundada, el magistrado lo tiene que hacer así. "Por eso rechazaron el pedido", afirmaron las fuentes.

El fiscal del caso, Eduardo Fernández Dovat pidió el procesamiento del jerarca municipal en el entendido que Martín es responsable de la evasión en la que incurrió la Intendencia al pagar con viáticos las horas extras de los inspectores de tránsito, evadiendo así el 50% de los aportes al BPS.

Fernández Dovat sostuvo que de acuerdo a los informes que presentó como jerarca de Transporte se decidió ordenar ese gasto evadiendo al BPS y eso lo hace responsable del delito de abuso de funciones.

Las fuentes recordaron que legisladores y ediles del Partido Colorado han expresado su malestar con el BPS por la falta de acción desde que se formuló una denuncia en contra de la intendencia por ese problema, cuatro años atrás.

La causa se reactivó el junio del año pasado, cuando el edil colorado César García Costa solicitó al Juzgado que desarchivara el expediente y presentó hechos supervinientes a la causa original.

MAS ACCIONES. Paralela a la acción judicial que ahora se viene procesando, hay dos recursos presentados, uno de revocación que se resolvió negativamente, pero otro, jerárquico, hace cuatro meses que no es considerado por el Directorio del Banco, se explicó.

En descargo de la posición de la intendencia, el director de su División Jurídica, Adolfo Pérez Piera ha sostenido que no se intentó "evadir" el pago al Estado sino que, por el contrario, "siempre estuvo al día con el Banco de Previsión Social".

El jerarca recordó que por año la comuna paga alrededor de tres millones de dólares al BPS y que la diferencia que se reclama es de alrededor de 50 mil dólares.

"Si hubiéramos querido evadir no habríamos pagado los aportes que ya hicimos. No vamos a pagar millones de dólares para evadir algunos miles", comentó.

Para Pérez Piera se puede dar una discusión "teórica" sobre el pago de los aportes pero no se puede hablar de "actos delictivos o encubrimiento".

"El director de Tránsito no tiene nada que ver con todo esto. No es ordenador del gasto. Simplemente ordena el trabajo y asigna las tareas", comentó.

Por su lado, la Intendencia Municipal de Montevideo ha presentado un recurso ante el Banco de Previsión Social (BPS), el cual todavía no ha sido contestado por el organismo previsional.

Sin embargo, el director del BPS en representación de los trabajadores, Ariel Ferrari, dijo el 16 de febrero pasado que el organismo ya tomó postura en torno al caso de los viáticos que se abonan a los inspectores de tránsito, rechazando la postura de la intendencia.

"El BPS mantuvo su postura en cuanto a que las contribuciones, para que tengan parte de exoneración tienen que ser bien definidas y es acotado. En este caso no lo ha considerado así", manifestó el jerarca de la entidad estatal.

Ferrari aseguró que ese acto ya está firme y que a la comuna sólo le queda la instancia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, "donde cualquier contribuyente puede presentarse cuando no está de acuerdo con el acto firme que definió el BPS".

Mientras, el director de la División Jurídica de la Intendencia de Montevideo, Adolfo Pérez Piera también ha insistido en que el tema está a estudio del BPS. "Si resuelve que tenemos que pagar esa diferencia, se pagará. Si se fuera a procesar a todos los que discrepan con la forma de liquidación que hace el banco, creo que media administración pública y medio país tendría que ser procesado por delito", afirmó el jerarca.