Preocupación

aCon preocupación asistimos al tratamiento que el gobierno le ha dado a dos temas para nosotros importantes.

Por un lado, tenemos el asunto del reparto de las facturas de las empresas públicas. Todos recordamos la absurda discusión acerca de si el Estado debía o no mantener cuatro servicios postales al mismo tiempo que subsidia a uno de ellos. Decidido el Partido Nacional a dar solución legislativa al problema, se acentuaron las contradicciones tanto en el seno del movimiento sindical como de la izquierda, originadas en los intereses que los grupos mantienen al respecto. Si esta situación era perfectamente previsible, no parecía serlo tanto el enfrentamiento suscitado en el partido de gobierno, donde se llegó al extremo de debatir la cuestión a través de los medios de comunicación. La última palabra la tuvo el Poder Ejecutivo quien resolvió "enfriar" el tema, asegurando, a los opositores al proyecto de ley nacionalista, que el mismo no sería aprobado.

La modificación en el sistema de cobro del peaje es otra cuestión acerca de la cual cabe realizar algunas puntualizaciones. No vamos a ingresar hoy en el análisis del tema en sí, es decir, si el pliego preveía o no tal modificación o si el dictamen del Tribunal de Cuentas dijo esto o lo otro; ni como así tampoco, en la argumentación que sostuvo la concesionaria al solicitar la modificación, ni tampoco en la motivación del Ministerio de Transporte al decidir autorizarla.

En el tema del reparto de las facturas públicas el Gobierno resolvió eliminar la discusión y mantener el statu quo. El mensaje que se le está dando a la población es de total y absoluta incoherencia. Por una parte, sueltos de cuerpo, voceros del Gobierno afirman que la administración pública es prácticamente la responsable de todos los males que sufre el país, agraviando, además, a los funcionarios públicos como si fueran portadores de la peor de las pestes. Pero, por otra, a la hora de tomar decisiones, el Gobierno no solamente prefiere evitar los problemas, sino lo que es peor, incumple su deber de poner punto final a un estado de cosas insostenible. Entonces: ¿cuál es el mensaje que se transmite a la población? Parecería ser que, cuando se está frente a un asunto espinoso donde los interesados tienen peso político o corporativo se deja que las cosas sigan su curso; y que, cuando los interesados lo tienen poco o escaso se aplica el "rigor de la ley".

En relación al asunto del peaje el problema es más complicado, porque, sin perjuicio de los argumentos en uno u otro sentido, la decisión tiene efectos que trascienden los intereses directos de los conductores. De todo esto sale afectado el instituto de la concesión, y esto es algo que los que somos partidarios de la cooperación público-privada no podemos aceptar. El Gobierno, que posa de defensor de la misma, debería haber actuado en consecuencia adoptando otro curso de acción.

Es por demás sabido que nuestro Uruguay necesita inversiones en infraestructura, y que el Estado no tiene fondos ni capacidad de endeudamiento para hacerlas. La izquierda por su parte, gracias a su persistente manija, ha logrado satanizar diversos proyectos de participación privada, de lo que un buen ejemplo tuvimos en diciembre pasado. Pero hay que ser honestos y reconocer que a la izquierda se la ha ayudado, y que en el pasado hay cosas que no se han hecho bien.

Parece razonable entonces pensar que en el futuro deberá procederse de manera tal que se salvaguarden en la consideración pública estos instrumentos, hoy de uso habitual a nivel municipal, pero aún de escaso impacto a nivel nacional. La concesión en definitiva no es otra cosa que una herramienta, y sus resultados serán acordes al uso que se le dé. ¡A cuidarla entonces!